Los otros dos indagados en la investigación penal sobre Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) que rastrea el destino de US$ 40 millones del patrimonio de María Luisa Gianoli, una mujer sin hijos que murió a los 80 años y que había sido declarada incapaz, y cuyo patrimonio se esfumó, pidieron ser citados por la fiscalía, apuntaron contra el titular de GBU, Álvaro Correa y aseguraron que no están vinculados a las maniobras.
Se trata del abogado Juan Zabaleta, quién había sido declarado curador de la mujer en 2018 y la contadora Belén Cafasso, asesora, quienes son representados en el caso penal por Leonardo Guzmán y Martín Pérez Banchero.
La plata que buscan ingresó en abril de 2018, luego de la compra por parte de una empresa estadounidense de Banmédica (con 1.500 camas en Chile y Ecuador), de la que Gianoli tenía el 1,44%, unos US$ 33 millones. En ese momento el juzgado de Familia de 13° turno autorizó la venta de esas acciones y ordenó que el producto de esa venta fuera invertido en instrumentos de deuda pública uruguaya.
Guzmán y Pérez Banchero dijeron, en el escrito al que accedió El Observador, que los millones de dólares ingresados desde Chile por la venta de esas acciones “nunca estuvieron depositados en la cuenta bancaria de la señora incapaz: por ende, nunca estuvieron a la orden del curador Dr. Zabaleta”. Agregó que sí estuvieron en Chile, en la cuenta de GBU.
Previo a la venta se designó al corredor de bolsa Correa, ex vicepresidente de la Bolsa de Valores, para que realizara la inversión en Uruguay de los fondos provenientes del negocio. Los abogados aseguraron que el dinero "lo recibió directamente GBU, el escritorio bursátil del contador Correa, cuya titularidad de tenencia se refleja en los estados de cuenta que el nombrado remitía al abogado curador y su contadora asesora y se incorporaba a la información proporcionada al juzgado y a la sede de Gorriti SA en Santiago de Chile”.
“Para indagar cómo desaparecieron los fondos es relevante que ya esté probado que un corredor de bolsa sometido al régimen de orden público que vigila el BCU, osó emitir" estados de cuenta de Gorriti SA "con datos apócrifos que no reflejan la verdadera situación de las inversiones realizadas, es decir que eran fraudulentos", afirmaron los defensores de Correa.
Guzmán y Pérez Banchero aseguraron que Zabaleta y Cafasso "jamás estuvieron vinculados a las maniobras del contador y corredor de bolsa en quien confiaban ellos, el BCU y la Justicia", por lo que pidieron ser citados para declarar.
Correa involucró a Zabaleta y Cafasso
Sin embargo, al declarar ante la justicia civil, en setiembre de 2024, Correa dijo que Zabaleta y la contadora Cafasso lo "instruyeron para abrir una cuenta en GBU" y tuvo que "tomar los recaudos correspondientes sobre las empresas Gorriti S. A. cuyos accionistas son Warplot y Amilcar Ltda, una empresa panameña y la otra chilena". Agregó que el beneficiario final de esas empresa era María Luisa Gianoli.
Corre dijo que la cifra era de aproximadamente US$ 30 y pico de millones en títulos de deuda pública uruguaya.
Aseguró que "quien toma la decisión de en qué invertir, no es GBU sino el cliente, en este caso, los representantes de la sociedad Gorriti S. A., en este caso el Dr. Zabaleta que es presidente de Gorriti S. A. y la contadora Cafasso, secretaria integrante del directorio".
En ese momento el juez civil Daniel Erseguer le dio un plazo hasta el 31 de octubre para que aportara todas las comunicaciones provenientes del Zabaleta y Cafasso, respecto de las inversiones mandatadas, así como la identificación de las diversas sociedades intervinientes, datos identificatorios y registro de las mismas y jurisdicción de constitución incluido contrato de Fideicomiso. Nunca cumplió con ese mandato judicial.
Los herederos se enteraron de esa inversión después que María Luisa murió, cuando Zabaleta tuvo que presentar la rendición de cuentas de trienio 2021 a 2024, que el código civil le obliga a presentar cada tres años al juzgado. También determina que ante cualquier bien que se pretenda vender y sea superior a 500 unidades reajustables (unos $910 mil), deberá pedir autorización al juzgado. Allí descubrieron que de los US$ 33 millones en letras de Tesoro de EEUU, US$ 11 millones habían venido a Uruguay para la compra de campos para forestación pero los US$ 21,5 restantes se habían enviado a Suiza.
Además hay otros US$ 6 millones que correspondían a Whar Plot Corp, una sociedad panameña cuyas acciones eran en un 100% de María Luisa Gianoli y que según la liquidación de Zabaleta al morir la mujer, tenía depositado en la cuenta de GBU ese dinero, por lo que la cifra total que se rastrea llega a los US$ 40 millones.
Sobre los US$ 21,5 millones, el BCU advirtió a la fiscalía en uno de sus informes se descubrió que, apartándose de la orden judicial se adquirieron bonos del gobierno de Estados Unidos ("treasuries” americanos), y que al vencimiento de esos instrumentos fueron distribuidos en varias cuentas en junio de 2019, entre las que se destacan una a nombre de Álvaro Correa y María Luisa Reyes de Lestido (accionistas de GBU; la Sra Reyes falleció y su lugar como accionista actualmente lo ocupa su hija, Cristina Lestido) por un total de U$S 2.495.803; otra cuenta a nombre de Álvaro Correa por un total de U$S 329.004.
Los movimientos fueron realizados por Gonzalo Correa, hijo del titular de GBU. El resto de los fondos fueron asignados a más de 100 cuentas distintas. Se indentificaron seis cuentas a las que se asignó mayor cantidad de las mencionadas notas. Se aclara que “no se puede constatar determinar si los titulares de estas cuentas estaban involucrados o no en la maniobra realizada a Gorriti S.A.”
