La sala de abogados ampliada del Instituto Nacional de Colonización (INC) emitió un documento en el que critica la observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la compra de la Estancia María Dolores y afirmó que no eran necesarios cuatro de los cinco votos del Directorio para la adquisición del campo de más de 4.000 hectáreas en Florida por un costo de más de US$ 32.000.
El informe jurídico afirma que la observación del TCR es "confusa y hasta contradictoria", según el documento al que accedió en primera instancia El País.
La decisión del TCR fue tomada por mayoría. El presidente Francisco Gallinal y los tres ministros designados por blancos y colorados (Darwin Machado, Linder Reyes y Álvaro Ezcurra) votaron la observación, mientras que los ministros del Frente Amplio votaron en contra (Enrique Cabrera, Flora De Santis y Miguel Aumento).
Los ministros hicieron cuatro observaciones, entre ellas, señalaron que la compra incumplía el artículo 15 del TOCAF porque Colonización tenía falta de disponibilidad presupuestal; que el gasto superaba la asignación presupuestal anual del organismo; que la compra directa, de acuerdo a la ley de Colonización, requiere de 4 de los 5 votos del Directorio (y hubo tres), y que hay una prenda sobre el sistema de riego e incluso no surge si está incluido.
"Las integrantes de la sala discrepamos con la conclusión del Dr. Fernández Reyes en cuanto a que ambas modalidades de compra –directa o preferente– requieran la mayoría especial de 4 votos", afirmaron las abogadas firmantes.
"Para la compra directa se requiere la mayoría especial de 4 votos conformes, porque así lo disponen expresamente el art. 146 literal B) de la Ley N° 11.029 y el artículo 836 de la Ley N° 18.719", señaló el documento, sin embargo "las compras en ejercicio del derecho de preferencia no requieren de esa mayoría, siendo suficiente la decisión por mayoría simple".
El informe jurídico señala que "resulta confusa y hasta contradictoria la observación realizada por el TCR sobre el incumplimiento del quórum legal". Además afirman que los mecanismos legales son distintos si se trata de compra preferente o compra directa.
"En la compra preferente no se da participación al Poder Ejecutivo, ni existe la posibilidad de que dicho poder observe la compra", sentenció el documento.
