La Justicia de Artigas condenó, la semana pasada, a una mujer por haber cometido una estafa y robarse US$ 457.000 de una sucursal del banco Scotiabank en el departamento del que fue gerenta durante 20 años.
La sentencia llegó luego de que las partes llegaran a un juicio abreviado, en el que trabajó la Fiscalía de 1° Turno de Artigas a cargo de Beatriz González.
El mecanismo que utilizaba para sacar plata que era propiedad del banco y pagar “deudas personales” consistía en usar una cuenta interna del organismo, que se llama “rubros internos” donde el dinero siempre está en movimiento.
Este tipo de cuentas se utiliza, sobre todo, para remates o ferias de ganado en las que hay un plazo de algunos días para pagar. La condenada utilizaba este dinero y lo cobraba por caja o mediante transferencias como si fuera uno de los destinatarios de los pagos.
Cuando el rematador o vendedor iba a cobrar, ya se había pagado pero en los hechos nunca se había cobrado. Ese modus operandi generó una especie de "pérdida en cascada", porque aumentaban los desfasajes y pérdidas para el banco, según dijeron fuentes de la causa a El Observador.
Las maniobras se realizaron en varias oportunidades, pero siempre la condenada tuvo el reparo de hacerlo en diferentes remates. Utilizando la misma cuenta de “rubros internos”, la mujer hacía transferencias a otras personas.
Sin embargo, en 2022 el banco notó que la mujer emitió una cantidad importante de cheques que finalmente habían rebotado.
Las autoridades de la institución se instalaron durante algunos días en Artigas para llevar adelante una especie de auditoría, de la que finalmente se desprendió que la exgerenta había cometido varias irregularidades.
Luego de la investigación fiscal, la mujer fue condenada a 24 meses de prisión que se sustituyeron por un régimen de libertad a prueba.
Los delitos que se le adjudican son un ilícito continuado de estafa y apropiación indebida. La pena la cumplirá durante dos meses con arresto domiciliario. Luego tendrá que hacer tareas comunitarias, presentarse a la seccional policial más cercana y se le colocó tobillera electrónica.
La mujer no devolvió el dinero y manifestó no tener esa suma para hacer la devolución.
La investigación duró alrededor de dos años, pero por parte del banco la relación laboral terminó en 2022 luego de que detectaran las irregularidades. Actualmente, la condenada manifesto tener otro trabajo.
Una familia con antecedentes
Si bien la condenada era primaria, algo que pesó a la hora de dictar la sentencia, la familia tiene vinculaciones con estafas.
Según pudo saber El Observador, la mayoría de los antecedentes familiares vienen del lado brasileño. Asimismo, su padre, hermano y sobrino fueron investigados en varias instancias por la Justicia uruguaya.
