El sindicato bancario AEBU y legisladores de la oposición plantearon que falta “claridad” sobre las responsabilidades en caso de filtraciones de datos
La comisión de hacienda de la Cámara de Diputados avanza con el proyecto de competitividad y reducción del costo de vida que fue enviado por el gobierno y ya tiene sanción del Senado.
Los primeros en asistir fueron los integrantes del Ministerio de Economía, quienes repasaron los objetivos que se persiguen y las virtudes que tiene el proyecto. Tras esto, la semana pasada fue el turno de AEBU, los prácticos y la plataforma de estudios autoconvocados, mientras que esta semana irán la Cámara de Industrias (CIU), la Unión de Exportadores (UEU), Un Solo Uruguay y la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA).
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, donde el proyecto en general fue aprobado por unanimidad y la mayoría de los artículos recibieron el voto de frenteamplistas, blancos y colorados, en Diputados los legisladores de la oposición ya están planteando sus dudas y advirtiendo por inconvenientes de algunos artículos.
Uno de los primeros puntos que genera reparos es el sistema de “finanzas abiertas”, una infraestructura digital regulada y supervisada por el Banco Central del Uruguay que otorga a las personas y empresas un mayor control sobre sus propios datos financieros.
Actualmente, la información sobre saldos e historiales de pagos se encuentra fragmentada en distintas instituciones, lo que genera –a juicio del gobierno– ineficiencias y limita la competencia.
Con este nuevo marco, los usuarios pueden autorizar de manera voluntaria, previa e informada que sus datos sean compartidos de forma segura entre instituciones habilitadas, decidiendo con quién comparten su información y con qué finalidad.
En la práctica, este esquema habilita dos tipos principales de servicios: los basados en información y los de iniciación de pagos u operaciones. Esto permite, por ejemplo, visualizar información de distintas cuentas financieras o autorizar a terceros proveedores registrados a gestionar pagos y transferencias de forma directa e interoperable. Al reducir las barreras de entrada para nuevos competidores e incentivar la transparencia, las finanzas abiertas buscan fomentar la innovación, mejorar el acceso al crédito e impulsar la creación de servicios financieros más adecuados a las necesidades de la población.
En el caso de AEBU, la economista Soledad Giudice planteó que estaban de acuerdo con profundizar la inclusión financiera mediante este sistema, pero advirtió que la evidencia internacional muestra que los “resultados no son automáticos y que dependen de las decisiones de diseño regulatorio concretas de este sistema”.
Giudice dijo que les preocupaba el consentimiento informado, el régimen de responsabilidades y la “baja mención” en el proyecto que tienen las medidas mínimas de seguridad en las empresas que operan en el sistema. “Los ciberdelitos constituyen uno de los problemas principales del sistema financiero en este momento, con crecimiento sostenido, incluso con una sofisticación cada vez mayor”, subrayó.
A juicio de AEBU, no existe suficiente claridad sobre la asignación de responsabilidades cuando se puede dar una filtración de datos, a lo que se suma una “creciente tercerización en el sistema financiero de empresas que muchas veces hacen la parte de cobranzas o hacen la parte de atención al cliente”.
“La banca abierta no es neutral; cambia las reglas de juego”, agregó y planteó que hay riesgo de que la banca pública asuma “costos fijos de bancarización, inclusión financiera y recopilación de datos” y que luego sean aprovechados por “todo el sistema privado”.
“Creemos que con estas implementaciones tiene que haber un monitoreo real para ver si realmente está proporcionando mejores condiciones para el sistema o si se usa para marketing o para llenarnos de notificaciones de productos financieros”, cerró.
A su vez, Ariel Nicoliello consideró que para el sistema de finanzas abiertas el proyecto incluye una “cantidad de datos de los más variados, no solo qué préstamos he pedido, qué depósitos tengo, o qué patrimonio, sino también, de conocimiento del cliente, todo lo que se entienda por parte de un agente financiero que es necesario”.
“Entramos en un terreno en el cual potencialmente se flexibilizan normas desde las que regulan la intermediación financiera, hasta datos personales”, dijo el abogado.
En la misma línea se pronunció el legislador del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, al señalar que le iba a prestar “especial atención” a ese bloque de artículos pese a que en el Senado fueron aprobados por unanimidad. “Advierto que voy a poner foco sobre todos los artículos porque hay cosas que no me satisfacen del todo, y creo que analizarlos aisladamente es un error”, sentenció mientras que su correligionario Pablo Abdala dijo que iban a prestar “especial atención” a las advertencias.
