El Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a las Víctimas de Facultad de Derecho de la UDELAR se manifestó este lunes luego de que la mujer trans que denunció una presunta agresión por parte del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi confesara que era una mentira orquestada por Romina Celeste Papasso.
El consultorio emitió un comunicado dirigido "a todos quienes estén interesados en la situación procesal actual del denominado caso Penades y ante las últimas informaciones que indican a una de las víctimas como posible responsable de un delito" e informó que "nunca asesoró ni defendió a la Sra. Paula Díaz y no patrocinó la denuncia realizada por la Sra. Paula Díaz contra el Sr. Yamandú Orsi".
En tal sentido, aclara que "solamente defendió a la Sra. Romina Papasso como víctima en el caso Penades. No la asesoró ni patrocinó en ninguna otra causa, sea como víctima o como imputada".
Por otra parte, luego de la investigación tomara otro curso a raíz del programa emitido este domingo por Santo y Seña (Canal 4) el Consultorio Jurídico tomó la decisión de "renunciar a la defensa letrada de la Sra. Romina Papasso".
"En primer lugar, el Consultorio defiende víctimas y su posible responsabilidad penal lo torna incompatible", argumenta.
Por otra parte, explican que llegaron a esta resolución "por una razón ética y de conflicto de intereses, ello porque su actitud perjudica a las otras víctimas caricaturizando su dolor, y su tránsito por la justicia, cuando hay cientos de víctimas como las que patrocinamos desde el año 2017 que han dejado mucho de sus vidas y han transitado con mucho dolor por el propio sistema para ejercer sus legítimos derechos".
"Su proceder ha generado un conflicto de intereses con las demás víctimas que tenemos el deber de defender en la propia causa 'Penades' y que se encuentran transitando el proceso penal en este mismo momento", agrega la misiva.
El Consultorio asegura que "más allá de los oportunismos y oportunistas del caso aislado, continuará con las actitudes procesales adoptadas en este proceso - y en todos los otros asuntos en los que intervenimos en ejercicio de nuestras obligaciones públicas - cumpliendo así con el mandato legal y la obligación del Estado de asistir a las víctimas de delitos, facilitando el acceso a la justicia, confiriéndoles todas las garantías que la ley consagra en su beneficio".
