Primero desde la oposición y ahora desde el oficialismo, el Frente Amplio mantiene entre ceja y ceja los contratos del Estado con la Fundación A Ganar durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ahora con sus correligionarios al frente de la administración, el senador Eduardo Brenta envió pedidos de informes al comienzo del período a todos los ministerios para conocer los detalles del vínculo, y ahora tiene las respuestas.
Entre las contrataciones reportadas por los ministerios de Desarrollo Social y Transporte, respectivamente, y la Agencia de Compras Estatales, las erogaciones suman casi US$ 29 millones (a precios de febrero de 2025), según los documentos procesados por El Observador.
Entre 27 compras directas y seis ampliaciones, el Mides pagó en total US$ 16,5 millones a lo largo del pasado período a la Fundación A Ganar. El contrato más importante en cuanto a montos, unos US$ 3,6 millones (siempre a valores de febrero de 2025), fue una compra directa en diciembre de 2024 para gestionar 230 cupos en hogares y residenciales de larga estadía.
Esa adquisición rige hasta diciembre de este año y marcó una primera polémica al asumir Yamandú Orsi y su ministro Gonzalo Civila, quienes resolvieron continuar con ese servicio y justificaron el mecanismo de compra directa dada la urgencia requerida por la atención en esa área.
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Fachada del edificio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
Camilo dos Santos
A lo largo del quinquenio pasado hubo también contratos para gestionar refugios para personas en situación de calle y de administración de vales sociohabitacionales para gente con uso problemáticos de drogas, entre otros servicios. Al comienzo de ese período, unos $ 61 millones se invirtieron de forma extraordinaria en el marco del Fondo Covid para la atención durante la emergencia sanitaria, tal como la gestión del Hotel Urban en el que se creó de forma extraordinaria un centro de 24 horas para indigentes.
Por otro lado, en el informe firmado por la ministra Lucía Etcheverry, el Ministerio de Transporte ( MTOP) enumeró cinco contrataciones a la Fundación A Ganar, una de ellas vía compra por excepción y el resto a través de licitaciones abreviadas. Esa cartera destinó a lo largo del quinquenio unos US$ 774 mil a convenios con esta organización, que por su parte vio rechazadas cuatro ofertas en otras licitaciones del organismo.
Los vínculos en este caso fueron con la Dirección Nacional de Arquitectura, en general para responsabilidades de manejo de recursos humanos.
Del informe brindado por Presidencia de la República, en tanto, surgen 29 compras a la fundación por parte de la Secretaría Nacional del Deporte, tal como informó El País. Entre 20 licitaciones y siete contrataciones directas, los pagos de este organismo a A Ganar totalizaron poco más de US$ 8 millones.
De los registros de ARCE hay también cerca de medio millón de dólares en servicios brindados para la Administración de Educación Pública (ANEP), y otros US$ 2,6 millones del Mides y US$ 160 mil que no figuran en los respectivos informes de las carteras.
La lupa en las intendencias
A pesar de que también tuvo vínculos con el Estado durante los gobiernos frenteamplistas, la expansión de la Fundación A Ganar durante la administración blanca despertó suspicacias en la coalición de izquierda. Tampoco fueron la excepción las intendencias nacionalistas en Maldonado, Paysandú, Rocha y Durazno.
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Foto: Inés Guimaraens
El senador frenteamplista Brenta dijo a El Observador que “es una tomadura de pelo” la respuesta enviada por la comuna sanducera, al tiempo que las otros tres gobiernos departamentales en cuestión no han contestado. “Prácticamente todas las contrataciones están observadas por el Tribunal de Cuentas”, denunció el dirigente de la Vertiente Artiguista, quien señaló que reiterará las solicitudes y que la Cámara de Senadores tiene la posibilidad de tomar como propios los pedidos.
En Paysandú, tal como informó el año pasado La Diaria, la Justicia condenó a la intendencia a pagar cuatro unidades reajustables diarios durante 45 días por haber no haber contestado a alguna de las interrogantes elevadas por la vía administrativa por los frenteamplistas Mario Díaz y Federico Álvarez Petraglia.
En ese departamento la comuna tiene a unas 426 personas trabajando en convenio con la Fundación A Ganar, a partir de un convenio marco firmado al inicio del período. En su escueta respuesta al senador frentista, la intendencia detalló –sin brindar montos– que la organización tiene a cargo el “gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, servicios generales, entre otros”.
El Frente critica desde el período pasado los vínculos de los directivos de la fundación con el entonces oficialismo: su director ejecutivo es Alejandro Rico, quien fuera titular del Instituto de la Juventud en representación del Partido Nacional entre el 2000 y el 2003, su presidenta María Magdalena Secco, esposa del exministro Ignacio de Posadas y la subdirectora Verónica Martínez, hermana del secretario de Lacalle y del número dos de la Intendencia de Rocha, que también tiene contratos con la organización.
El diputado rochense Gabriel Tinaglini llegó a elevar el caso ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, pero el organismo descartó que la participación de Martínez en Rocha haya incidido en la vinculación con A Ganar, por haberse aprobado por unanimidad en una comisión asesora y por no haber perjudicado a ningún otro oferente.
Los blancos, por otro lado, esgrimen que la organización ya tenía contratos durante los gobiernos frenteamplistas.
