Según consta en la denuncia, los empresarios Adrián y Andrea Aspramonte, Guido y Agustín Franconeri, responsables del Grupo Vientos y titulares de Danilum SA, representados por los abogados Bernardino y Luciano Real, señalaron que los retiros "fueron realizados silenciosamente" y los “contratos” fueron celebrados sin conocimiento de los accionistas y firmados por el propio Balsa con su asesor financiero Juan Manuel González.
Es por eso que la denuncia abarca también a ocho colaboradores, incluido González, que "ocuparon cargos claves en la estructura del grupo empresarial y que necesariamente actuaron con plena conciencia de la ilicitud de sus conductas", afirman.
En el caso de los titulares de Danilum S.A., al residir en el exterior los socios “confiados” no podían “realizar un control exhaustivo de su gestión”, señalaron en el escrito presentado en diciembre ante la policía para que fuera derivada a la fiscalía.
Los exsocios lo acusaron de poner en marcha una “representación escénica muy cuidada, con un discurso prolijamente programado y una retórica de auto justificación que completó con un cúmulo de elementos documentales ideológicamente falsos” con el objetivo de "inducir en error" a sus socios.
Juan Martin Balsa pidió el concurso voluntario declarando la insolvencia de sus empresas el 23 de abril de 2024 tanto por sus cuatro empresas como a título personal -cada sociedad se tramita en un expediente separado-. Sus empresas están detrás de dos proyectos de barrios privados: La Juana y Pilar de los Horneros (ambos en Canelones), y de un desarrollo inmobiliario en Cabo Polonio denominado Arenas del Cabo.
De las cuatro empresas, Juan Balsa es el único accionista de Desarrollo Verde SAS (Pilar de los Horneros). En Arena del Cabo SAS y Verde Cuidados (las empresas detrás del proyecto Arenas del Cabo) tiene el 90% de las acciones –el otro 10% pertenece a Joaquín Izuibejeres– y en Chamery SA (La Juana) es accionista minoritario con el 40% –el otro 60% pertenece a Gerardo Rabajda.
En el caso de Danilum (La Carlotta) no presentó concurso y eso llevó a un grupo de 28 inversores damnificados a contratar al estudio Ferrere par iniciar un juicio civil. Según informó El País los perjudicados le solicitaron a la sociedad a cargo del proyecto, Danilum S.A., que les devuelva el dinero invertido más las multas previstas, lo que suma unos US$ 4 millones.
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El barrio privado La Juana, de Balsa y Asociados, visto desde arriba
Los retiros de dinero “con inusitado descaro”
En diciembre de 2022 sus socios argentinos se enteraron “casi casualmente” de que Balsa había retirado alrededor de US$ 4 millones, a través de un reporte de flujo de fondos que González, el asesor financiero dependiente de Balsa & Asociados. En el retiro figuraba en el rubro “créditos con DV”, en referencia a la empresa de propiedad exclusiva de Balsa, Desarrollo Verde S.A.S.
Al conocer el retiro, se le requirieron explicaciones y se le solicitó la restitución del dinero, por lo que en marzo de 2023 se estableció una forma de devolución del dinero. “El tiempo puso en evidencia que ese acuerdo solo fue una nueva maniobra dilatoria. Balsa nunca tuvo la intención de cumplirlo y restituir el dinero del que se apropió”, denunciaron.
Los retiros “se hicieron en beneficio exclusivamente personal de Balsa y para fines absolutamente ajenos al giro de la sociedad, sin que esta recibiera contrapartida alguna”.
Los denunciantes señalaron que “con inusitado descaro Balsa continuó reiterando esta práctica de retirar dinero sin autorización”, al punto que en noviembre 2023, cuando González envió el flujo de fondos actualizado hasta ese mes, se detectó que el importe de fondos retirados había escalado a más de US$ 7,3 millones.
“A esta altura el problema había tomado una dimensión impensada y, por ello,luego de intercambios con los profesionales que asesoraban a Danilum S.A. hasta ese momento y que ahora patrocinan a Balsa en sus procesos concursales, se firmó, con fecha 15 de febrero de 2024, el fideicomiso de garantia Danilum S.A. - Balsa mediante el cual se transfirió en garantía al patrimonio de afectación creado la propiedad fiduciaria de las acciones de JB en Danilum S.A. (representativas del 45% del capital social integrado)".
En ese documento consta que el origen de la deuda no fueron “préstamos” sino “retiros” que realizó. Señalan que en un correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2023 lo reconoció al reseñarlo como “retiro anticipado JB: 7.3 M M”.
En determinado momento se dispuso que Martin Zubrinic, profesional de confianza de GV, de nacionalidad argentino, concurriera a las instalaciones de Balsa & Asociados en camino de los Horneros y trabajara desde allí para ejercer controles. “Zubrinic constató que en el flujo actualizado a enero de este año habían desaparecido disponibilidades por un total de U$S 1.255.664, que surgían de los registros contables. Tanto Balsa como el jefe de Obra y luego gerente general de Balsa & Asociados “le reconocieron que habían utilizado ese dinero en asuntos ajenos a Danilum S.A”, señaló la denuncia.
Agregaron que se decidió gestionar ante el Banco Itaú un permiso para que solo se pudieran realizar transacciones bancarias con dos autorizaciones, pero cuando al cabo de un tiempo Zubrinic consultó directamente al banco se le informó que el formulario no reflejaba que se requiriera necesariamente su autorización, por lo que era necesario presentar un nuevo formulario corrigiendo el “error”.
Sacan a Balsa de Danilum
El extenso relato de la denuncia menciona que en una asamblea realizada el 17 de mayo de 2024 se designó un nuevo directorio y se apartó a Balsa del mismo.
Tres días antes se había solicitado al estudio jurídico de Balsa, Hughes & Hughes la entrega de los libros societarios originales. Ante la falta de respuesta se efectuó la consignación judicial de los libros societarios ante el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 36° Turno en la que se mencionó que Balsa “estaba impidiendo a los accionistas y aún al otro director, mediante la omisión sistemática de información o el falseamiento total o parcial de la que proporcionaba, ejercer el debido control sobre la situación social”.
Aunque Balsa alegó que esa asamblea había sido ilegítima, ya vencido el plazo que dispone la ley para su impugnación, no fue impugnada.
El 20 de mayo se envió nota a Balsa y a sus abogados, en la que se pidió una rendición de cuentas de su actuación como vicepresidente de la sociedad, que abarcara el período en el que estuvo en el cargo, así como la presentación de un listado específico de todos los documentos de deuda y cheques librados por la sociedad.
Ante reiterados pedidos “esa documentación fue entregada aunque no en su totalidad con fecha 13 de junio” en la sede de la Liga de Defensa Comercial, interventora del concurso judicial de Balsa.
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La Juana de Balsa & Asociados
Inés Guimaraens
Otras “maniobras más sofisticadas”
Según denunciaron los titulares de Danilum SA, luego de que accedieron a la información le pidieron a la consultora Andersen un análisis pormenorizado de esos datos y concluyeron que “además de la apropiación pura y simple de dinero de la sociedad mediante el expedito procedimiento del retiro de fondos de caja en efectivo y mediante transferencias bancarias, Balsa realizó maniobras algo más sofisticadas, alguna de ellas ya cuando su insolvencia y la de sus empresas era un hecho y había definido la promoción de sus concursos voluntarios”.
Entre esas maniobras la denuncia mencionó que entregó terrenos de Danilum S.A. en pago por deudas de las sociedades del grupo Balsa.
A la empresa Jalucor S.A., proveedor de todas las empresas de Balsa pero no de Danilum, se le “pagó” la entrega de materiales de construcción mediante la suscripción de boletos de reserva de tres lotes de La Carlotta por un precio de U$S 156.750 cada uno.
También surge que Desarrollo Verde S.A.S.y Chamery S.A. recibieron los materiales y el precio a pagar se compensaría por el precio de boletos de reserva por US$ 470.250. Además, "suscribieron un vale en blanco que, ante el incumplimiento, la acreedora podia llenar por el monto de la deuda y ejecutar".
En otro caso mencionan que Balsa “sacó” de la caja de la compañia U$S 610.000 y lo “justificó” con facturas por avance de obra emitidas por Desarrollo Verde SAS, "empresa de su exclusiva propiedad hoy concursada". “Esos avances no existieron porque esa empresa no cumplió con el contrato de obra que mantenia con Danilum y no realizó ninguna obra de infraestructura".
Asimismo relataron que Balsa eliminó un pasivo de su empresa (Desarrollo Verde) e hizo que Danilum contrajera una obligación sin contraprestación de clase alguna.
“Como se advierte, por exclusiva voluntad de Balsa, Danilum se constituyó en una suerte de instrumento para que Balsa (...) se hiciera del dinero (...), un “puente” que aquel utilizó para hacer llegar el dinero a su bolsillo o al de su propia empresa”, concluyó.
