El director por las Empresas del Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra de Brun, presentó una denuncia penal contra el presidente del organismo, Alfredo Cabrera, el secretario general Alfredo Sanguinetti y otros funcionarios por omisión de deberes y abuso de funciones, debido a distintas irregularidades que constataron en un complejo habitacional de Punta del Este.
Según informó El País y confirmó El Observador, Pereyra recibió en noviembre, previo a su votación, tres expedientes que aconsejaban "la revocación de la adjudicación de tres pasivos beneficiarios" que viven en el complejo Brisas del Este del BPS en Maldonado.
El director fue al complejo personalmente y allí, según consta en la denuncia, encontró "una realidad muy diferente a la informada por los servicios", ya que vieron que los tres denunciados "conviven con los demás cohabitantes del complejo en absoluta armonía".
Pereyra afirmó en la denuncia presentada en Fiscalía que existió una "clara persecución" por parte de la gerenta del BPS en Maldonado, Marilyn González, contra los tres residentes apuntados. Uno de ellos es Alfredo Trías, representante departamental del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada en Maldonado.
A pesar de que el director por las Empresas había pedido investigar la situación tras asistir al complejo y el presidente Cabrera había aceptado la solicitud, Pereyra afirmó a El Observador que finalmente esto no ocurrió, y semanas atrás el directorio decidió revocar la vivienda de los tres denunciados.
Actualmente los tres denunciados continúan en Brisas del Este, pero tienen una orden de desalojo. Además, a uno de ellos se le retiró la jubilación y vive "de colaboraciones".
La "persecución" política que denuncia el director del BPS
Según se lee en el escrito, González "tiene un rol activo en militancia político partidaria" en Maldonado, y "existen claros indicios que el rol social del Sr. Trías" y de los otros dos denunciados generó que la gerenta "haya pergeñado una persecución tendiente a lograr la revocación de la adjudicación de las viviendas", en "un claro abuso de las funciones inherentes a su cargo".
Incluso, relató que se entrevistó con un residente del complejo que "evidentemente no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales", quien le afirmó que "la gerente le sugirió presentar denuncias".
En entrevista con El Observador, Pereyra afirmó que uno de los residentes implicados recibió una denuncia por ruidos molestos por parte de una persona que vivía abajo de él "a pedido" de la gerenta González. El director consultó a los demás habitantes de ese edificio, y ninguno sintió una perturbación similar, por lo que presume que solo puede haber sido "el bastón" con el que el denunciado se maneja.
En otro de los casos, uno de los residentes fue denunciado por "molestar al nieto de una señora". Sin embargo, la denuncia ya había sido archivada cuando el directorio decidió revocarle su vivienda. "Quisimos hablar con la señora que denunció, y no apareció", relató Pereyra.
La denuncia presentada por el director marca que la actuación "no hace más que demostrar que el Servicio estuvo a la orden de los fines personales de la Sra. Marilyn González", y marcó que "se han acumulado pruebas que evidencian una animosidad manifiesta por parte de la Administración".
"La gerente, al respaldar denuncias carentes de fundamentos sólidos y al promover una persecución sistemática contra individuos específicos, muestra un uso indebido de los recursos y el poder institucional a su disposición", marca la denuncia, que apunta que la administración del BPS "no puede, bajo ninguna circunstancia, convalidar este tipo de actuaciones".
Una investigación que no fue: la denuncia contra el presidente y el secretario general del BPS
Pereyra relató que, tras constatar las diversas irregularidades en el complejo, se reunió con el Directorio para dirimir sobre los expedientes, y advirtió que "no tenía pruebas pero tampoco dudas que había irregularidades", por lo que pidió investigar la situación.
El presidente Cabrera aceptó la idea, y comunicó que iba a pedir investigar el caso "hasta las últimas consecuencias", y por la gravedad del caso se comunicó con el secretario general del BPS, Javier Sanguinetti, quien envió a un asistente social a que investigara las denuncias.
Sin embargo, cinco meses después los expedientes volvieron a ingresar al Directorio y la investigación no se había realizado. "Solo había un informe de un trabajador social que decía que no habían cambios", explicó el director por las Empresas.
En esa sesión, Pereyra marcó que si no se investigaba la situación iba a ir "hasta las últimas consecuencias". Cabrera le respondió que "no tenía pruebas", pero durante ese periodo el jerarca obtuvo suficiente documentación interna que entiende "constata la persecución".
Finalmente el Directorio laudó sobre las denuncias, y definió revocarle las viviendas a los denunciados por seis votos contra uno –el de Pereyra–.
Según marcó Pereyra en su denuncia, en los complejos "se repite una y otra vez la omisión de los servicios en investigar los hechos como se deben, ya que en todos estos casos lo constatado por él difiere rotundamente de lo informado por los servicios".
El jerarca ya constató otras revocaciones irregulares, entre ellas un señora de Montevideo y un señor de Florida, el último con una "falsa denuncia de violencia doméstica" en su contra". Entiende que cada vez ocurre más seguido que las personas utilizan "todas las herramientas" para expulsar de los complejos a personas que le "molestan", y alertó existen normas que favorecen este accionar.
