Los Gift son los cigarrillos paraguayos más vendidos en Uruguay. Ingresan de contrabando y constituyen el 48% del mercado del tabaco local. La cajilla cuesta alrededor de 80 pesos, una cifra bastante menor que los 240 pesos que vale en el mercado formal. El ingreso ilegal de cigarrillos tiene un impacto anual en la recaudación fiscal de U$S 240 millones.
La situación fue planteada por la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos en el Parlamento, donde sus integrantes reclamaron que se adopten medidas para que las grandes incautaciones de contrabando, no solo de cigarrillos sino de productos en general, se consideren lavado de activos.
La organización propuso una reforma del Código del Proceso Penal y que se analice la posibilidad de modificar la legislación en acuerdo con distintas reparticiones estatales.
En la sesión del 28 de julio de la Comisión de Constitución del Senado, el representante de la Cámara de Comercio Diego Yarza, dijo a los senadores que se constató “un fallo dentro del sistema de incautaciones” de contrabando, que afecta la recaudación fiscal y a los distintos sectores de actividad.
Yarza sostuvo que se trata de un problema que va en aumento, y que tanto los controles de incautaciones como el trabajo de los juzgados de Aduana son insuficientes.
Ante ese panorama, la delegación propuso a los senadores la “recomendación” de dotar de más herramientas a la Fiscalía, aumentar las sanciones para el contrabando y realizar controles más estrictos a nivel interno.
Por su parte, Gustavo Márquez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos, señaló que con esos planteos la organización no buscar “alentar” a que se fume, sino que se trata de problemas relacionados con el ingreso irregular de mercaderías afectan a “todas las ramas de comercio del Uruguay”.
Márquez sostuvo que cuando se incauta la mercadería “no se hace el proceso adecuado”. “Hay gente a la que le sacan la mercadería, va a un proceso abreviado, se declara culpable, confiesa que contrabandeó y le ponen una tobillera un mes. Eso lo pueden ver en todas las resoluciones. Eso nos preocupa, porque esa persona va a reincidir. Eso es lo peor: reincide y gana. Cada tres entradas, pierde una; entonces, no pasa nada”, añadió.
Incautación de cigarrillos de contrabando en Paso de la Arena
Foto: Fuerza Aérea Uruguaya
Según Márquez, el contrabando en Uruguay es “extremadamente rentable”. “Arriesgan camionetas, camiones, porque es muy rentable, porque no les pasa absolutamente nada. Nosotros venimos a proponerles que las fiscalías sigan el proceso de control de lavado de activos, que es precedente del delito de contrabando”, dijo el presidente de la Asociación.
Por lo tanto, propuso que se establezca que, en caso de incautación de un contrabando superior a cien mil unidades indexadas, se lleve adelante el proceso de control de lavado de activos.
“Que la Fiscalía tenga la obligación, el deber o el nombre que corresponda de seguir ese procedimiento y se llegue a algo. Ahora lo que se hace es colocarle una tobillera y esa persona debe estar en su casa 30 días, 60 días; pero no pierde los contactos y tiene el recurso financiero para seguir, porque no le rastrean la cuenta bancaria para congelársela ni le embargan la casa o el vehículo. Hasta se han entregado vehículos. ¡Encuentran el contrabando y le han entregado el vehículo! ¡Es de locos!”, añadió.
Márquez continuó con su intervención: “el contrabando es un flagelo” por el que se pierden miles de millones de dólares y no se cuenta con las herramientas para combatirlo.
“Solamente en la venta de cigarrillos se pierde una recaudación fiscal de U$S 240 millones al año. Entonces, cuando se ve por televisión que se solicitan U$S 30 millones (en la Rendición de Cuentas), realmente resulta indignante para los que sabemos lo que se está perdiendo el Estado de recaudar”, dijo Márquez.
El presidente de la Asociación continuó presentado cifras a los parlamentarios. Mencionó que la evasión fiscal en cigarrillos ronda los U$S 280 millones, algo que consideró “increíble”. “Es una cifra nada despreciable para un país como el Uruguay, que somos tres millones de personas (…). Les puedo decir que en cada Gobierno se pierden miles de millones de dólares por el contrabando”.
En otra intervención, Yarza, reiteró que la solicitud de organización es que “quede estipulado que a partir de cierta cantidad de dinero se considere lavado de activos, ya sea contrabando de cigarrillos o lo que sea”.
