Eran las 22:00 del jueves y en el plenario de la Junta Departamental de Montevideo los ediles se lanzaban dardos en el cierre de una Rendición de Cuentas marcada por la falta de acuerdos entre Frente Amplio y oposición. En medio de la disputa, una captura de pantalla que empezó a circular “sorprendió a todos”: “No podíamos creer que fuera verdad”, reconoció un frenteamplista.
La imagen mostraba que había sido detenido en una causa de narcotráfico Lucio Leiva, el joven de 20 años que estaba “todo el día” en la Junta trabajando como secretario y community manager del edil blanco Gonzalo Gómez.
Con el paso de las horas los hechos derivaron para otro lado: Leiva fue liberado, pero quien fue detenido y condenado por el cargamento de 265 kilos de cocaína y pasta base fue su padre, Pablo Leiva. Padre e hijo cobran un sueldo de $52.000 como asesores de Gómez, que además de edil integra el directorio blanco como representante de la juventud partidaria.
Desde ese momento han pasado cinco días y, a diferencia de lo que pasó en la Rendición de Cuentas, en este caso sí hay una postura común entre los partidos: silencio y cautela.
Parte de esa postura nace en que Gómez está en China hace semanas participando de un seminario para cuadros políticos de América Latina que organizan la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el gobierno chino. Volverá a Uruguay el 26 de setiembre. Desde China tuiteó para anunciar el cese del condenado y el respaldo a su “amigo” y secretario Lucio.
A su retorno lo esperan las reuniones. Entre los blancos de la Junta hay respaldo: consideran que se está “comiendo un garrón” por una situación que no conocía, dijeron fuentes nacionalistas a El Observador.
A Lucio Leiva —que además de asesor es director en la departamental de jóvenes del Partido Nacional— también lo respaldan los ediles. “Es un pibe de 20 años fenomenal, estudia en la facultad y se pasa metido en la Junta trabajando”, dijo una fuente. Si bien no ha habido una postura partidaria, en principio los ediles entienden que él no conocía los delitos del padre.
Sin embargo, esta postura no es unánime. Consultado por El Observador acerca de si Gómez y Lucio Leiva debían dejar el cargo, el senador Sebastián Da Silva respondió: “El edil no creo, que explique (la situación). Pero el hijo del condenado, si hubiera sentido común, sí. Los mocos no me los como. El partido tiene sus órganos y tomará las acciones”.
Los cuestionamientos a Leiva surgen porque vive en la misma casa que su padre, donde había elementos que podrían asociarse a su actividad delictiva: en la casa había una puerta blindada —según informó este lunes Telemundo—, una máquina de contar dinero y montañas de billetes.
En el Frente Amplio hubo dos senadores —Nicolás Viera y Anibal Pereyra— que en redes criticaron al Partido Nacional por este caso. Sin embargo, en la Junta se mantiene la cautela. “Gonzalo se está comiendo un garrón”, repitió un edil a El Observador, que aclaró que Lucio Leiva "está más comprometido".
Otro, consultado si pensaban iniciar alguna acción contra Leiva o Gómez, respondió que se definirá en bancada, pero aclaró: “No hay mucho ánimo de hacer nada". Un tercero consideró que se trata de un tema que compete únicamente al Partido Nacional.
Tanto Gómez como Leiva integran la lista 250 de Jorge Gandini. Consultado este lunes en Esta Boca es Mía (Canal 12), el director de la Administración Nacional de Puertos aclaró: “No puedo hablar de política por mi cargo”.
Asesores
Por Constitución, los ediles no pueden recibir una remuneración, lo que hace que varios tengan un trabajo paralelo.
Otros, sin embargo, reciben un salario. Algunos tienen un sueldo como asesores de diputados o senadores y otros reciben una partida pagada por su sector político para que se puedan dedicar enteramente a la tarea legislativa.
Si bien no hay dinero para los ediles, sí hay dinero para sus asesores. Cada uno de los 31 representantes cuenta con una partida de unos $190.000 para contratar a sus asesores. La mayoría de ellos los divide entre cinco personas, como en el caso de Gómez.
