“Estoy desempleado desde el domingo”, bromeó el martes en el Secretariado Ejecutivo el senador Alejandro Sánchez, en alusión a que culminó su rol de jefe de campaña de Yamandú Orsi. Pero el presidente electo se tomó pocas horas para oficializar lo que ya daban por “hecho” en la Huella de Seregni: el cabeza de lista del MPP será a partir del 1° de marzo el nuevo secretario de la Presidencia de la República.
Orsi se guardó el anuncio para primero confirmárselo al presidente Luis Lacalle Pou, con quien se encontró durante poco menos de hora y media este miércoles en la Torre Ejecutiva. En su primera semana como mandatario electo, el exintendente de Canelones fijó tres reuniones clave: con José Mujica en su chacra de Rincón del Cerro el lunes, con el actual presidente el miércoles para iniciar la transición, y el viernes con el brasileño Lula Da Silva, con puntos concretos de la relación binacional sobre los que avanzar.
El presidente electo adelantó que buscará acelerar la ejecución de dos proyectos binacionales: el puente sobre el río Yaguarón en Cerro Largo y el dragado del canal San Gonzalo que une la laguna Merín con la de los Patos.
Fuentes del gobierno transmitieron a El Observador que la primera obra –que asciende a unos US$ 40 millones– ya está adjudicada. El consorcio ganador está conformado por tres empresas las cuales están realizando los cateos para comenzar la construcción del puente internacional que unirá la ciudad brasileña de Yaguarao con la uruguaya Río Branco. Las compañías construirán además el acceso del lado brasileño sobre la carretera federal BR 116.
En el caso del canal, la obra se vio demorada debido a las inundaciones que hubo sobre Río Grande del Sur. Las inclemencias climáticas obligaron a los brasileños a cancelar la licitación que estaba en curso y el gobierno de Lula decidió hacer una nueva batimetría porque el canal se llenó de barro. Estos trabajaron finalizaron a principios de noviembre y los brasileños están próximos a llamar a una nueva licitación.
Orsi contó que viajará este jueves a Brasilia acompañado de Alejandro Sánchez, mientras el encuentro con Lula será el viernes.
Como futuro secretario de la Presidencia, el hoy senador del MPP será el principal interlocutor con los delegados de Lacalle para realizar la transición: el actual secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la prosecretaria Mariana Cabrera. “Empieza una conversación de buenos modales de qué posición tenemos nosotros y cuál es la del gobierno en esos temas”, contó Sánchez en Otro Streaming respecto a los tópicos en los que el gobierno pretende tener decisiones “compartidas” con la administración entrante.
Se cuentan entre ellos la situación del Casmu, la compra de las lanchas OPV, el proyecto de saneamiento en localidades del interior y la eventual firma del contrato para construir una planta potabilizadora en Arazatí.
“Lo de Arazatí simplemente lo dimos como titular. No hay una fecha y no sé si lo van a firmar. Hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer, pero no precisamos nada sobre esto. En algún momento lo vamos a tener que hablar”, contó Orsi en conferencia de prensa, reiteró que hay aspectos ambientales que no le cierran y sostuvo que la actual administración deberá levantarlos antes de firmar.
El presidente electo señaló que “cuando haya cosas gruesas” Lacalle se comprometió a “dialogar” con él.
El pedido de Lacalle a los ministros
Tras la reunión de Lacalle Pou con Orsi, los encargados de la transición por parte del gobierno, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, enviaron una carta a todos los ministros en la que solicitaron información de cada una de las carteras.
“Solicitamos que tengan la amabilidad de hacerlo antes del día lunes 9 de diciembre sin perjuicio del intercambio que cada uno de ustedes realice con quien haya de sucederlos”, dice el documento firmado por ambos al que accedió El Observador.
Junto a la carta, el secretario y la prosecretaria de la Presidencia adjuntaron un “instructivo” para el envío de la información.
Allí se señala que debe prepararse un informe por cada unidad ejecutora, dirección o instituto y piden que si los documentos a adjuntar están disponibles públicamente, alcanza con que se facilite el enlace al sitio de publicación o descarga.
Respecto a la información confidencial o reservada, Ferrés y Cabrera solicitaron que no la incluyeran en la documentación a enviar. “Dicha información deberá mantenerse a resguardo para su entrega o puesta en conocimiento de las nuevas autoridades una vez designadas las mismas formalmente”.
Dentro de la documentación a entregar, los ministerios y empresas públicas deberán designar a una persona como “referente”, informar de los recursos humanos con que cuentan, el tipo de contrato que tienen (presupuestados, arrendados, pases en comisión y otros) y si implementaron reestructuras organizativas en este período.
El cuarto ítem, pide conocer el dinero abonado como retribución al personal en 2023 y las previsiones de gasto para 2025, mientras que el quinto solicita detallar los inmuebles y vehículos.
El sexto espacio es para dar cuenta de los diversos contratos de servicios que mantienen mientras que el séptimo está destinado a los juicios que las instituciones del Estado tienen en curso (tanto como demandados como demandantes). En el octavo punto, Ferrés y Cabrera pidieron adjuntar toda la información presupuestal incluidas “recomendaciones o puntos a tener en cuenta” para la formulación del proyecto que regirá entre 2025 y 2030.
También que informen las “inversiones comprometidas a futuro, detallando objeto, monto anual y fuente de financiamiento”.
Por último, solicitaron adjuntar los planes estratégicos que estén en ejecución y “recomendaciones o puntos destacados que a juicio de la actual administración requerirán atención prioritaria en la gestión del organismo durante los primeros seis meses de la nueva administración”.
