Viera es productor lechero desde hace décadas y aseguró que al asumir hizo consultas con abogados por el "famoso artículo" 200 de la Constitución. "Que nada tiene que ver porque no soy funcionario, soy un arrendatario".
El citado artículo, que fue invocado por Silva para pedir la renuncia, hace referencia a los entes autónomos y servicios descentralizados (como el caso del INC). Allí se establece que los miembros de Directorios o Directores Generales delos Entes Autónomos o Servicios Descentralizados no podrán "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen".
Pese a la defensa de Viera, distintos expertos en derecho constitucional consultados por El Observador apuntaron a la irregularidad que existe en este caso, aunque con matices.
Para los constitucionalistas Martín Risso y Eduardo Lust hay una clara violación al artículo 200 de la Constitución. "Es muy claro que está incumpliendo con la prohibición", apuntó el primero. Y dijo no tener "ninguna duda" de que Viera está "comprendido en la prohibición".
"Tiene que renunciar a una de las dos cosas", consideró.
Lust (exdiputado de Cabildo Abierto y que fundó su propio partido) opinó que hay una "clara" contravención a la Constitución. "Claramente no puede ser director del INC nunca".
Agregó que el último inciso del artículo 200 es "tan claro" que, de ser aplicado, sería "insostenible" que Viera siguiera en su cargo.
Uno de los argumentos del jerarca cuestionado fue que su situación era asemejable a la del presidente de Antel, UTE o OSE. "¿El director de UTE, de Antel, de OSE, no es usuario del servicio?", se preguntó Viera.
Para Lust, esa comparación es "un disparate". "La Constitución no dice que no puede tener energía, dice que el presidente de UTE no puede ejercer una profesión o una actividad que esté vinculada con UTE. Por ejemplo, no puede tener una empresa de instalación de energía eléctrica", sostuvo.
Y recurrió a otro ejemplo: "Es como si el director de Ancap tuviera una estación de servicio".
Según el abogado, la incompatibilidad es tal que existió un "vicio" a la hora de otorgarle la venia en el Senado y del Poder Ejecutivo al proponerlo para el cargo. "Diría que técnicamente anula la venia automáticamente, porque tiene un vicio insubsanable".
Pero hay una visión que matiza esta postura.
A juicio del constitucionalista Luis Fleitas la designación de Viera en el cargo no es de por sí inconstitucional. Pero sí lo es que haga una explotación activa de su condición de colono y a la vez tome decisiones que lo beneficien o perjudiquen.
"No se trata de una condición que determine la validez o la invalidez de la designación del director. Puede ser designado, es válido, y la venia también. La cuestión se juega luego, en el ejercicio de la función. Lo que prohíbe el artículo –o la incompatibilidad que establece– es que a la persona designada como director ejerza activamente una actividad vinculada", argumentó.
La designación, por tanto, es válida, pero es necesario revisar si "continúa en el ejercicio de la actividad de colono". "Eso no puede".
Viera tiene una serie de alternativas: o renuncia a la calidad de colono, o cede el contrato de arrendamiento a un tercero o se abstiene de votar en el Directorio cuestiones vinculadas a su actividad.
"Él no podría intervenir en ningún tipo de decisión que afecte, sea en beneficio o en perjuicio, su interés", apuntó.
La compra de la estancia en cuestión, por ejemplo, no "afecta" a la actividad de Viera como colono, según la visión de Fleitas, quien agregó que se trata de la posición de Derecho Público más recibida, de Horacio Cassinelli Múñoz.
El constitucionalista Daniel Ochs también fue consultado para esta nota. El experto aseguró que no puede "caber duda" que ser colono es una "actividad". La única manera de sostener que no hay una violación es que se argumente que la actividad de un colono "no está relacionada" con el INC, lo cual sería ilógico.
"Es precisamente lo que no quiere el constituyente: que el controlante sea el controlado", señaló y aseguró que lo establecido en el artículo 200 "no tolera la doble condición".
La defensa del Frente Amplio
20240514 Sebastían Sabini
Foto: Leonardo Carreño.
El oficialismo salió en defensa de Viera, así como de la compra de la estancia María Dolores.
El senador Sebastián Sabini, por ejemplo, planteó que existen "varios ejemplos" en todos los gobiernos de casos de presidentes de entes autónomos que eran "funcionarios".
Tal fue el caso de Alejandro Stipanicic, presidente de Ancap en el gobierno de Luis Lacalle Pou y funcionario de carrera. Lust, sin embargo, explicó que en ese caso –como en el de otros jerarcas en igual condición– el cargo de carrera fue puesto en reserva, por lo que no se ostentaban los dos al mismo tiempo.
Por otra parte, fuentes frenteamplistas señalaron a El Observador que ya ocurrió en otras décadas. Por ejemplo, entre 1993 y 1995, cuando un colono vinculado al Partido Nacional fue director del INC. "Entonces el Partido Nacional en el '93 violó la Constitución".
Desde el Frente Amplio aseguran que antes también hubo otro director del INC, un colono colorado, René Demolin, entre 1959 y 1963.