La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de aplicar el artículo 35 de la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización para adquirir las 4.400 hectáreas de la estancia María Dolores en Florida por US$ 32,5 millones generó dos debates simultáneos que están relacionados.
El primero apunta a la compra específica y tiene como ingredientes la forma en que fue anunciada, el monto de la inversión y los objetivos, mientras que el segundo obedece a la política de adquisición de tierras por parte del Estado.
“Esta discusión tiene 75 años. Esto es ideológico y son intereses ideológicos. Hay que revisar las actas. La oposición, los que siempre estuvieron en contra, van a buscar para que esto caiga”, dijo este miércoles el presidente Yamandú Orsi al defender la adquisición.
El mandatario habló de una “pelea dura” sobre “dos formas de entender la realidad” y señaló que durante la campaña electoral se había comprometido a adquirir 25 mil hectáreas para Colonización y destinar buena parte a la lechería.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, agregó que se paraba del “mismo lado” que el wilsonismo y el batllismo y anunció que el organismo seguirá “interviniendo en el mercado de tierras” y “generando oportunidades para que los pobres de la tierra accedan a producir para Uruguay”.
Compras y ejecución
Creado en 1948, Colonización administra actualmente 547.873 hectáreas, de las cuales un 70% son en arrendamiento y 30% son propiedad de colonos pero dentro de los alcances de la ley.
Alrededor de 484.103 hectáreas están ocupadas por unidades de producción. Hay 379 colonias activas. El área ocupada representa el 3% de la superficie agropecuaria del país y el 19% de la superficie ocupada por la producción familiar.
Datos procesados por El Observador a partir de documentos oficiales de Colonización, muestran que la compra de tierras ha tenido distintos énfasis durante todos estos años.
Desde el retorno de la democracia, el período con más adquisiciones de hectáreas coincide con los gobiernos del Frente Amplio –particularmente el de José Mujica– aunque la mirada larga, por ciclos políticos, también ilustra otras novedades.
Durante el período conocido como neobatllismo (1948-1959), Colonización adquirió 147.442 hectáreas, mientras que en los siguientes dos gobiernos blancos (los colegiados que van hasta 1967) el instituto adquirió 21.659 hectáreas.
El retorno de los colorados al poder hasta el golpe de Estado de 1973 representa un nuevo período de compras con la incorporación de 94.934 hectáreas, mientras que en la dictadura se observa un nuevo descenso en el ritmo con 25.478 hectáreas adquiridas.
En los siguientes veinte años (pautados por las dos presidencias de Julio María Sanguinetti y las de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle), Colonización compró 26.347 hectáreas, mientras que las tres administraciones frenteamplistas adquirieron 128.851 hectáreas. El último período de gobierno a cargo de Luis Lacalle Pou dispuso la compra de 10.970 hectáreas.
“El INC desde el 2005 define desarrollar acciones específicas orientadas a fomentar el acceso colectivo a la tierra, además del acceso en forma familiar históricamente realizado por el ente”, dice un informe del organismo del año 2018, mientras que otro más reciente –de julio de 2024– agrega que la “superficie adquirida” tuvo una “ascenso permanente” desde el año 2013 hasta el 2020, pero las compras anuales registraron un “marcado descenso” desde 2015, con años en los que prácticamente no se registran compras como 2021 y 2022.
El hecho de no realizar compras motivó que durante la administración de Lacalle Pou, Colonización tuviera bajos niveles de ejecución presupuestal. Mientras que en 2019 (último año de Vázquez) la ejecución total fue del 96% del presupuesto, en 2020 fue de 64%, en 2021 de 48%, en 2022 de 64% y en 2023 y 2024 de 74%.
Para 2025, además de la compra de la estancia María Dolores, el instituto tiene comprometidas inversiones en 5.000 hectáreas de 16 campos que representan unos US$ 15 millones. Unas 1.200 familias se han postulado para acceder a tierras.
