El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez retomará la indagatoria sobre el desvío de dinero del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) y le tomará declaración este miércoles a Stella Rey, la mujer que –según surge de la indagatoria penal– fue clave en las maniobras por las que un grupo de sindicalistas del Sunca recibieron más de US$ 1 millon que es el monto defraudado.
Rey declarará con su defensa pero el fiscal afirmó que no tiene claro todavía si pedirá su imputación. Rodríguez y su equipo fiscal que indagan el caso, quieren escuchar a la indagada y ver qué tiene para decir, y si ofrece algún tipo de acuerdo con la fiscalía.
Según supo El Observador, el senador Oscar Andrade y el diputado Daniel Diverio presentaron defensa y pidieron acceder a la carpeta del fiscal para conocer las pruebas. Los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez pidieron acceso a las pruebas pero el fiscal se los negó porque les dijo que todavía no han sido señalados como indagados.
La idea de la fiscalía es la semana que viene continuar citando a más indagados, antes de que comience la feria judicial, el 1 de julio. Como ya adelantó Rodríguez, se espera que tanto Andrade como Diverio sí sean convocados a declarar como imputados.
Dos maniobras y el desvío de más de US$ 1 millón
La fiscal adjunta de Delitos Económicos Gabriela Gómez señaló en la audiencia del jueves 12 en la que la Justicia condenó a tres sindicalistas, que se constató "un modus operandi tendiente a financiar actividades" que incluyó a no menos de 15 personas que cumplían distintos roles -unos transferían dinero, otros lo recibían, otros lo derivaban- "permitiendo que el dinero mal habido" siguiera "la ruta diseñada, con carácter sólido" en lo que constituyó una verdadera asociación para delinquir.
La fiscal señaló que de las declaraciones de las más de 30 personas a las que citaron son “casi unívocas" en cuanto a que el dinero, "tenía como finalidad financiar la estructura sindical del Sunca o al Partido Comunista”.
La investigación descubrió que básicamente se cometieron dos maniobras. La primera, fue descubierta cuando Rey se tomó licencia y la trabajadora que la sustituyó descubrió “movimientos llamativos en las cuentas bancarias de la institución”. Según el relato de la fiscalía en la audiencia “se trataba de transferencias electrónicas a terceros realizadas por Rey sin comprobantes ni justificación y por conceptos que tenían que ver con pago a proveedores o beneficiarios que no se encontraban dentro de las competencias” de su tarea.
Una auditoría externa constató que Rey efectuó 193 transferencias bancarias electrónicas no justificadas, por un monto de $ 35.627.581 y US$ 17.500. Los beneficiarios eran los 14 sindicalistas que figuran como indagados en la investigación.
“Se trató de un conjunto de personas que recibieron dinero en sus cuentas bancarias por transferencias desde el Fosvoc hechas por Rey, que luego a través de otras transferencias o a través de retiros en efectivo salieron de estas cuentas a las que podríamos denominar mulas financieras”, señaló la fiscal.
La otra maniobra implicaba que se pedían partidas especiales, sin reembolso, inventando un “motivo especial” (un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio). Solo en 2024 se realizaron 40 solicitudes truchas sin exigir ninguna documentación que acreditara esa situación y se utilizaron datos falsos o de personas muertas.
La fiscalía constató que en principio las maniobras ascendieron a $ 47,5 millones y US$ 22.260, lo que supera el US$ 1 millón. Si bien las maniobras detectadas arrancan en 2023, la fiscalía señaló que "no se puede descartar" que hayan empezado antes.
