La fiscalía de Lavado de Activos avanza en la indagatoria sobre el narco que vivía en el edificio Forum del Buceo, Gonzalo Fierro, que fue condenado en enero pasado junto a otras cuatro personas en el marco de la Operación Alibante por la que se incautaron 400 kilos de droga que habían sido lanzadas desde una avioneta en Río Negro.
Según dijeron a El Observador fuentes de la investigación, tras el levantamiento del secreto bancario y tributario solicitado por el fiscal Enrique Rodríguez se obtuvo información relevante para la causa. Para seguir la ruta de los bienes adquiridos presuntamente con el dinero proveniente del narcotráfico el fiscal citó ahora a varias personas viculadas a Fierro.
Fierro, de 35 años se presentaba como empresario pero no tenía un rubro conocido al que se dedicara. En ese momento se encontraron unos boxes que alquilaba en Pocitos, en los que se incautaron varios cogollos de marihuana, así como implementos para montar un laboratorio de esa droga, armas, municiones y chalecos antibalas.
La indagatoria por lavado se inició luego de que Fierro fuera condenado a la pena seis años y medio de penitenciaría y fuera identificado como el líder de la organización criminal que abastecía a bocas de droga llevadas por clanes familiares de la zona metropolitana.
La justicia le imputó un "delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de importación, transporte y distribución en concurrencia fuera de la reiteración real, con un delito de organización de actividades de narcotráfico en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones”.
Junto a Fierro fueron condenados como cómplices de un delito de organización de actividades de narcotráfico Carlos López, a la pena de 3 años y 4 meses de penitenciaría; Edgardo Bentos como cómplice de tráfico ilícito de sustancias a la misma pena; Matías Geymonat como cómplice de un delito de organización de actividades y un delito de tráfico ilícito a la pena de 5 años y 8 meses de penitenciaría; y Carlos Corbo como autor de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de 2 años y 4 meses.
La Justicia dispuso el decomiso de dinero incautado: $214.800, US$ 2.143, $ 34.000 y US$ 4.811; varias armas entre las que figuran una pistola marca Glock modelo 26 calibre 9mm, un rifle marca Vostok calibre 22, una escopeta Franchi calibre 12. Además un camión marca JAC y la camioneta FIAT Fiorino, así como más de diez celulares, computadoras, 96 cajones de colmenas de abejas, siete bolsas de ración y seite atados de alfalfa.
También se le incautó una embarcación que tenía Fierro en el Puerto del Buceo pero también se indaga el origen de otras propiedades.
Cinco meses de investigación y la operación Alibante
La investigación de la Fiscalía Especializada de Estupefacientes de 1° Turno, a cargo de Mónica Ferrero, había comenzado en agosto de 2023, ante el dato de que se trataba de una asociación criminal dedicada a ingresar grandes cantidades de drogas a Uruguay vía aérea para abastecer el área metropolitana.
Luego de meses de trabajos de la Brigada Antidrogas se identificó a los implicados en la organización y se logró determinar que recibirían un cargamento por vía aérea en un establecimiento rural ubicado en el departamento de Rio Negro, en la localidad Los Mellizos, próximo a la ciudad de Young.
Según informó el Ministerio del Interior en ese momento, se montó un operativo el sábado 6 de enero con equipos de vigilancia que advirtieron que sobre las 9.30 una avioneta lanzó unos paquetes desde el aire.
La droga fue recogida por varios hombres y acondicionada en un camión junto a cajas de colmenas de abejas. La familia de Fierro se dedica al negocio apícola e integró la Sociedad Apícola del Uruguay. Junto al camión iba otro auto que le llevaba la delantera.
Con la colaboración de la Jefatura de Policía de Rio Negro, los dos vehículos fueron detenidos y se encontraron 13 bolsones con 150 envoltorios tipo ladrillo con 156.299 gramos de cocaína y 228 envoltorios tipo ladrillo con 232.407 gramos de pasta base.
En el otro auto ocupado por tres hombres se encontró una pistola marca Glock con numeración limada, tres cargadores y 30 municiones, además de tres handy. La avioneta no logró ser ubicada.
En simultáneo ese mismo día se realizaron 13 allanamientos que culminaron con la detención de todos los implicados.
El primer caso en el que se aplicó el decomiso ampliado
Desde enero de 2024 está vigente el decomiso ampliado, establecido en la Rendición de Cuentas,que implica que en los casos de condena por delitos precedentes al lavado de activos, la Justicia tendrá que ordenar la incautación del dinero o los bienes en los que los condenados no puedan justificar la procedencia lícita.
El artículo 164 de la ley 20.212 (rendición) modifica un artículo sobre decomiso de la ley de lavado y determina que los casos de condena por los delitos de narcotráfico y delitos conexos, genocidio, terrorismo, financiación del terrorismo, contrabando de gran porte, tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones, de órganos, tejidos y medicamentos, trata de personas, extorsión, secuestro, proxenetismo, etc. el juez competente "ordenará siempre el decomiso de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su procedencia lícita".
El artículo agrega que "también se ordenará el decomiso de aquellos bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos que se encuentren en poder del condenado, aunque la titularidad recaiga sobre otra persona física o jurídica que le preste su nombre". En el caso de Fierro, fuentes del caso dijeron que se indaga si algunos bienes como el yate estaban a nombre de su pareja.
El Ministerio del Interior fundamentó la modificación legal en que resulta vital pegarle a los narcos en el dinero que tienen porque es lo que más les duele y argumentaron que hasta ahora era muy difícil acceder a sus bienes. Al comparecer ante el Parlamento para justificar este artículo, las autoridades señalaron que ante “las dificultades en la efectividad de las investigaciones para la obtención de condenas en casos de lavado de activos y el decomiso de activos ilícitos”, se invierte la carga de la prueba y es el condenado “quien deberá demostrar de manera contundente la falta de vinculación entre el delito y su patrimonio; cuando se estime que hay desproporcionalidad entre sus bienes y sus medios de vida lícitos”.
