Una vez más, el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue escenario de duros enfrentamientos. En esta oportunidad, todo se desató luego de que la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, cuestionaran los ataques públicos contra la institución y su conducción, mientras que Luis Calabria, representante de la oposición, defendió sus críticas a las decisiones de la mayoría y enumeró una serie de actuaciones que considera jurídicamente objetables.
El intercambio se produjo fuera del orden del día el jueves 22, cuando Ferraris realizó un planteo ante los recientes cuestionamientos públicos y las presiones que, según sostuvo, se ejercieron sobre ella y Asti.
“Las descalificaciones generales, los agravios y pedidos de eliminación de la Jutep de nuestro ordenamiento jurídico exceden la discrepancia sobre fallos específicos”, afirmó la presidenta, quien consideró que esas acciones debilitan la autoridad del organismo y afectan su credibilidad.
Ferraris sostuvo que “el contralor de la ética pública no puede quedar supeditado al grado de afinidad o disconformidad que los distintos partidos tengan con sus resoluciones circunstanciales”.
Y agregó: “rechazo los ataques que, bajo la apariencia de críticas personales u objeciones de procedimiento, terminan erosionando la legitimidad de un organismo fundamental para el Estado de Derecho”.
El planteo se dio días después que el senador colorado Pedro Bordaberry dijera que el vicepresidente Asti era una “rata rastrera” por un oficio que se le había enviado en el marco de una denuncia contra el director de AFE, Robert Bouvier.
En la referida sesión de la Jutep, el vicepresidente Asti se sumó al planteo de Ferraris y fue más allá. “No solo hay críticas destructivas, destituyentes, a la gestión de la mayoría, sino que hay propuestas explícitas de connotados dirigentes políticos de eliminación del órgano”, sostuvo, según el acta al que tuvo acceso El Observador.
Asti también vinculó los cuestionamientos con las decisiones que viene adoptando la mayoría para ampliar los controles sobre las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios públicos. “No podemos dejar de relacionar estas actitudes con el propósito de obstruir el impulso de esta gestión mayoritaria en profundizar en los mecanismos de control”, afirmó.
Calabria, integrante de la oposición, comenzó por rechazar que las críticas a las decisiones de la mayoría puedan interpretarse como ataques a la Jutep. “El cuestionamiento de determinadas actuaciones de sus autoridades no constituye, por esa sola circunstancia, un cuestionamiento a la institución”, señaló.
En su constancia, el vocal sostuvo que presentar las críticas de esa manera supone “confundir a la Junta con quienes transitoriamente la conducen”.
También rechazó que los cuestionamientos puedan atribuirse exclusivamente a una ofensiva política externa y recordó que varias de las situaciones denunciadas públicamente habían sido advertidas por él dentro del propio organismo. “Muchos de esos cuestionamientos no nacieron en el vacío ni obedecen a una construcción ajena a la vida de la institución, sino que responden a hechos concretos y decisiones adoptadas por la mayoría de este Directorio”, afirmó.
Calabria sostuvo que esas decisiones habían sido observadas oportunamente mediante votos y constancias incorporados a las actas, antes de que adquirieran trascendencia pública.
En su respuesta, Calabria enumeró distintas actuaciones que, a su juicio, justifican los cuestionamientos a la conducción del organismo.
Entre ellas mencionó el acceso a información patrimonial legalmente reservada en el expediente correspondiente a la investigación vinculada al exrector de la Universidad de la República y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.
En ese sentido, Calabria rechazó que las críticas públicas sean las responsables del deterioro de la credibilidad de la Jutep. “Si la credibilidad de la Junta se ha visto resentida, no corresponde atribuirlo a quienes formulan cuestionamientos públicos, prescindiendo del examen de las decisiones que los motivaron”, sostuvo.
Y añadió: “Cuando se verifica una irregularidad, el descrédito no lo provoca quien la advierte, sino quien la comete”.
Para el representante de la oposición, reducir los cuestionamientos a una supuesta campaña externa implica apartar la atención de las decisiones adoptadas y de las responsabilidades de sus autores.
El cierre de su constancia también estuvo dirigido a los argumentos utilizados por Ferraris y Asti para defender la institucionalidad de la Jutep. Calabria afirmó que la Junta debe observar en su propio funcionamiento los mismos estándares de legalidad, objetividad y garantías que exige al conjunto de la administración. “La verdadera defensa de la institución no consiste en proteger a sus autoridades de los cuestionamientos, sino en asegurar que sus actuaciones sean dignas de la confianza que la sociedad deposita en ella”, concluyó.
