Un productor de la zona de Arazatí, que vivía del ingreso que le generaba el arrendamiento de unas hectáreas que tiene en la zona, está desde hace cuatro años imposibilitado de vender o alquilar su campo porque este está afectado al proyecto Neptuno y es uno de los terrenos que podría ser expropiado.
En 2021 OSE comenzó con el proceso de expropiación de algunos terrenos con el objetivo de avanzar en la construcción del proyecto Neptuno (una planta potabilizadora) en el balneario de San José.
Pero las idas y vueltas que ha tenido el proyecto, políticas y judiciales, hicieron que cuatro años después la expropiación no se haya concretado pero en el proceso se vieron afectados los derechos posesorios sobre sus terrenos. Por eso, el 27 de enero de este año, el productor decidió enviar una carta a OSE exigiendo que hagan algo: o que le paguen por la expropiación o que le devuelvan los derechos posesorios sobre su terreno.
“En el año 2021, comenzaron tratativas y conversaciones para la designación de los padrones mencionados a efectos de su expropiación. Posteriormente, se dispuso y se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble dicha designación, situación que ha afectado gravemente mis derechos de propiedad consagrados en los artículos 7, 32 y 36 de la Constución de la República ya que desde entonces, no se ha dado cumplimiento efectivo al proceso expropiatorio ni se ha tomado una resolución definitiva”, dice la carta a la que accedió El Observador que el ente confirmó como recibida el 28 de enero.
Finalmente, el 23 de enero de este año la OSE y el consorcio Aguas de Montevideo firmaron el contrato para comenzar la obra. Pero la pesadilla de este productor no termina ahí. Sus terrenos están ubicados en la zona donde iría la reserva de agua bruta (pólder) que no está confirmada su construcción por los cuestionamientos del gobierno electo.
A tal punto, que el contrato firmado por las partes incluye un memorando de entendimiento que plantea cuatro alternativas al proyecto original. Dos de esas alternativas plantean eliminar el pólder, otra realizar un embalse en otro lugar y una cuarta sugiere achicarlo.
“(Esta situación) incrementa aún más la incertidumbre sobre el destino de mis padrones ya que son destinados a la construcción del pólder lo que prologa la lesión de mis derechos”, agrega la carta.
La demora en concretar la expropiación, asegura este productor jubilado, ha generado “graves perjuicios” a su economía así como “un impacto en su salud física y mental”. “Como es de su conocimiento, esta situación ha deteriorado mi calidad de vida y ha afectado también a mi familia ya que desde hace cuatro años no cuento con ingresos derivados de estos bienes, viéndome obligado a depender del apoyo económico de mis familiares”, agrega.
El hombre resalta que siempre procedió con el “máximo interés de colaborar” pero señala las limitaciones que le genera esta situación.
“Imposibilidad de arrendamiento: no he podido celebrar contratos legales de arrendamiento sobre los inmuebles, lo que me impide generar ingresos legítimos. Imposibilidad de disposición: tampoco puedo vender o disponer libremente de los bienes, lo que genera un daño patrimonial relevante”, apunta y agrega que los ingresos provenientes de los arrendamientos eran su principal sustento.
En ese marco, es que el productor le solicitó formalmente a OSE que deje sin efecto la designación para expropiación –si los terrenos no son indispensables para el proyecto– o que en caso contrario proceda con “carácter urgente e inmediato” a la culminación del proceso expropiatorio y que, tal como establece la ley, realice la indemnización correspondiente.
Incluso, el productor, quien prefirió no hacer declaraciones para esta nota, asegura que se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales, administrativas o constitucionales que corresponda para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.
El Observador intentó contactarse con las autoridades de OSE pero estas nos respondieron ni las llamadas no los mensajes enviados.
