El resultado fiscal del gobierno nacional es un tema que suele estar en la discusión política. Si bien ningún dirigente consigue un voto prometiendo que va a reducir al déficit fiscal, los números de las cuentas públicas son clave a la hora de definir las políticas públicas y ese tema se vuelve relevante en el medio de una discusión presupuestal como la que enfrente al Poder Ejecutivo en este momento.
Sin embargo, a nivel de los gobiernos departamentales el balance de las cuentas solo aparece cada cinco años y en una situación particular: en campaña o cuando el partido (o el sector) que gana las elecciones es distinto al que ostentaba el poder hasta entonces.
Apenas asumió, el novel intendente de Cerro Largo, Christina Morel, advirtió que no sabía si contaban con los recursos para pagar los salarios. "Esperemos que en estos últimos diez días que nos quedan para llegar a fin de mes, lograr por lo menos completar el sueldo de los municipales”, decía en rueda de prensa.
Morel, ex alcalde de Río Branco, ganó las departamentales tras una pareja e intensa campaña electoral en la que derrotó al ahora ex intendente José Yurramendi. Los jerarcas vienen de sectores distintos del Partido Nacional. Mientras que el exintendente responde a Sergio Botana (Alianza País) el nuevo está más cerca de Aire Fresco. Obviamente que las declaraciones de Morel al asumir generaron la respuesta de Yurramendi y sus aliados.
Algo muy similar pasó hace diez años cuando Andrés Lima (Frente Amplio) tomó la posta del gobierno departamental de Salto de Germán Coutinho (Partido Colorado) y es cuestión de bucear un poco en el archivo para encontrar otros casos. Incluso, en este cambio de mando en Florida hubo diferencias entre intendentes de la misma línea política.
Al mirar rápidamente los números de las intendencias el mapa se pinta de rojo. Solo tres gobiernos departamentales tuvieron superávit (más ingresos que egresos) en el ejercicio 2024 y solo cinco tienen saldo a favor en el resultado acumulado, según los datos relevados por El Observador a partir de las rendiciones de cuentas de 2024 de las 19 intendencias.
Sin embargo, los números, fríos y objetivos, no siempre muestran la realidad si se los mira de forma aislada. El déficit fiscal por sí solo no permite sacar conclusiones sobre la situación de un departamento, coincidieron distintas fuentes con conocimiento del tema consultadas por El Observador que prefirieron el anonimato.
El déficit de Maldonado (de casi US$ 39 millones en 2024) no se puede mirar de la misma forma que el de Cerro Largo (US$ 6 millones).
“Una porción significativa del déficit corresponde a inversiones financiadas mediante fideicomisos con financiamientos de largo plazo, que si bien se registran contablemente como parte del déficit del ejercicio, se amortizan gradualmente conforme a los contratos acordados”, dice, por ejemplo, la rendición de cuentas de la Intendencia de Maldonado para explicar una parte de los números en rojo.
Maldonado es un departamento que tiene capacidad para generar ingresos propios y buena parte de la inversión privada que recibe en la actualidad (construcción) impacta directamente en los recursos que genera a través de la contribución. Eso no quiere decir que no se le puedan generar problemas a largo plazo.
Incluso, advierten los expertos, los números que aparecen en las rendiciones de cuenta no siempre son comparables entre los departamentos. Los fideicomisos dan lugar a la “contabilidad creativa” porque permiten distintas formas de mostrar el endeudamiento.
De todos modos, la mayoría de las intendencias tienen déficit que son manejables y tienen una deuda menor (en relación a su presupuesto) de la que tiene, por ejemplo, el gobierno nacional.
Las intendencias suelen gastar más de los ingresos que tienen proyectados para ese año porque saben que los ingresos del año siguiente van a ser mayores. Las transferencias del gobierno nacional tuvieron un crecimiento real de un 70% en los últimos 20 años.
“Las intendencias gozan de cierta salud fiscal, que ha sido una evolución gracias a un trabajo muy coordinado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los gobiernos departamentales, gracias a las capacidades institucionales creadas”, explicó a El Observador el doctor en Ciencias Sociales especializado en gobiernos subnacionales, Martín Freigedo, más allá de explicar que puede haber malas gestiones.
Freigedo aseguró que Maldonado, pese a tener el segundo déficit más alto en el acumulado, es el que tiene uno de los presupuestos con mayor “robustez”. “No es porque Maldonado sea mejor que otros, es por su composición socioeconómica. Si vos no tenés estructura fuerte de gestión, no podés manejar el volumen que maneja Maldonado actualmente (proyectos, inversiones). Lo precisás para funcionar”, explicó.
Pero hay otros departamentos, como Artigas y Cerro Largo, que tienen debilidades estructurales y menos capacidades para generar recursos, según la visión del politólogo. “Son gobiernos que tienen déficit institucionales en capacidad de recursos humanos, en procesos, procedimientos, cómo están aceitados los procesos de construcción de políticas públicas”, agregó.
Un dato que deja en evidencia estas diferencias es que de los ingresos que tienen Artigas y Cerro Largo casi el 60% proviene de fondos que transfiere el gobierno central. En el caso de Maldonado es de apenas el 15%.
Para Freigedo en estas disputas, donde algunos gobiernos aseguran que tienen problemas para pagar los salarios, entra de “forma inevitable” el juego político
La forma que tienen las intendencias de acomodar sus números, en los casos más extremos, es a través de una reducción de personal y de paralizar las inversiones. Y eso es lo que suele suceder en los primeros años de cada período. El intendente Morel ya anunció el cese de unos 70 funcionarios mientras que Carlos Encisco, jerarca de Florida, anunció un plan de retiro incentivado para más de 200 funcionarios.
Las remuneraciones suelen ser alrededor del 45% de los egresos que tienen las intendencias aunque varía según departamento.
Las discusiones, pases de factura y cuestionamientos en las gestiones departamentales responden, casi siempre, más a lógicas políticas que a económicas.
