El nuevo Congreso de Intendentes tiene un “principio de acuerdo” sobre el proyecto de ley que regula el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales y si bien comparten el espíritu del texto, entienden que es necesario realizarle algunos cambios para que no “tranque el funcionamiento” de las administraciones, según dijo a El Observador el presidente del organismo, Nicolás Olivera.
El texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados pero el Congreso de Intendentes –que se reunió con su nueva integración por primera vez la semana pasada–, entiende que es necesario hacerle modificaciones porque aseguran que así como está redactado no permite ni siquiera contratar de forma directa a cargos de confianza.
“Estamos a favor de la transparencia pero hay que tener en cuenta ciertas particularidades. Es como si el presidente no pudiera nombrar a un ministro”, agregó el intendente de Paysandú.
Si bien existe un borrador bastante avanzado con la postura oficial, el Congreso todavía no trasladó formalmente su postura a la comisión de Constitución del Senado que está a la espera de esa comunicación para seguir con el tratamiento del proyecto. El texto fue aprobado el 7 de mayo, a cuatro días de las elecciones departamentales, y desde entonces no ha tenido movimientos en el Senado.
El texto votado en la cámara baja consta de dos artículos y, a grandes rasgos, establece que toda la designación o ascenso de personal contratado o presupuestado deberá hacerse por concurso público y abierto y agrega que en caso de que “los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten” la designación podrá hacerse por sorteo.
A su vez, el texto agrega que “no podrán realizarse designaciones de nuevos funcionarios presupuestados o contratados” en el año anterior a la finalización del período de gobierno.
Este texto ya había sido analizado por el Congreso de Intendentes anterior –en conversación con los entonces jerarcas electos– y habían alcanzado un acuerdo para plantear que el texto dejara por fuera de los concursos a los cargos de confianza y reservar un porcentaje que permita contrataciones directas para atender algunas situaciones particulares (como una urgencia).
Si bien el acuerdo no estaba totalmente cerrado, los anteriores intendentes manejaban que el porcentaje para contrataciones directas fuera de un 4%. La idea, además, era que quedara explícito que tantos cargos de confianza como las excepciones a los concursos cesaran con el intendente.
Los intendentes están de acuerdo con regular el ingreso a los gobiernos departamentales pero entienden que es necesario tener en cuenta algunas particularidades de la administración subnacional y que tenga algunas flexibilidades.
¿Inconstitucional?
El proyecto de ley aprobado por los diputados aparece en el orden del día de cada citación de la comisión de Constitución del Senado desde mediados de mayo. Sin embargo, hasta ahora no han avanzado porque están esperando la postura de los intendentes que no fueron convocados en la comisión de la cámara baja.
Sin embargo, senadores del Partido Nacional y del Frente Amplio aseguraron a El Observador que el texto va a tener modificaciones. Incluso, el senador frenteamplista Nicolás Viera aseguró que tal como está redactado podría ser inconstitucional porque viola la autonomía departamental.
Una vez que reciban oficialmente la postura del Congreso de Intendentes comenzarán a analizar el detalle y recibirán otras delegaciones.
En el período anterior, un texto muy similar impulsado por el fallecido senador Adrián Peña fue sometido a votación en la Cámara de Senadores y fracasó por la oposición del Partido Nacional. Al abordar temas de los gobiernos departamentales, el proyecto requiere de una mayoría especial de dos tercios (21 votos en el Senado).
Actualmente, la suma de frenteamplistas y colorados es suficiente para llegar a ese número, algo que no lograron en el período anterior porque, sumando a Cabildo, tenían 20 votos.
En la Cámara de Diputados el Partido Nacional votó el proyecto a pesar de que en comisión no lo había hecho. Incluso, en el plenario los blancos presentaron un texto alternativo que fue rechazado porque modificaba el “espíritu original” del texto.
