Penadés, ya imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad, ahora fue hallado responsable, en primera instancia, de un delito continuado de cohecho –agravado por ser funcionario público al momento de cometerlo–, en concurso con asociación para delinquir.
Además, la jueza María Noel Odriozola resolvió extender la investigación hasta el 10 de junio de 2025 tanto para Penadés como para el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín.
Ambas cosas habían sido solicitadas por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3° Turno, a cargo de Alicia Ghione, y respaldado por la defensa de las víctimas, representadas en su mayoría por el Consultorio Jurídico de la Udelar, encabezado por Soledad Suárez y Juan Raúl Williman.
A diferencia de los delitos anteriores imputados (vinculados a la explotación sexual), esta vez estuvo en cuestión la operativa montada una vez que se conocieron las primeras denuncias contra el entonces senador.
La argumentación de la Fiscalía repasó una serie de hechos vinculados a este asunto, sobre todo mensajes intercambiados entre Penadés y los otros condenados por montar la trama. La defensa del exdirigente herrerista (los abogados Homero Guerrero y su esposa, Laura Robatto) discrepó con la participación que se le atribuyó a Penadés.
"Fue quien inició el intercambio de información con nombre, fotos, domicilios y otros datos de las posibles víctimas y fue quien además financió con distintos giros la trama o plan", argumentó Ghione en la audiencia.
En su relato, mencionó a los demás implicados –en particular al exdirector del Comcar Carlos Tarocco, policías de su confianza que lo ayudaron, y también el exfuncionario del Parlasur, Diego Cuiñas– e insistió en el ya mencionado "flujograma" o "diagrama" que elaboraron partiendo de las dos víctimas cuyas identidades cobraron estado público: Romina Celeste Papasso y Jonathan Mastropierro.
Ghione defendió la postura de que Penadés estaba al tanto de la operativa que se estaba montando sobre las víctimas, al punto que la propició y pagó por ella. La defensa del exsenador, por su parte, se opuso tajantemente.
Según la fiscal, el objetivo principal era "investigar ilegalmente" a Romina Celeste y Mastropierro para "enviarlos presos y de esa forma lograr la desvalorización de la investigación".
En el medio, sin embargo, se intentó dar con la identidad de otros denunciantes, cuyas identidades Penadés no recordaba de sus encuentros sexuales y que en la investigación fiscal fueron reservadas.
"No tenía los datos completos, por eso tuvo que recurr a la trama", sostuvo Ghione, quien aseguró que en medio de esta trama hay víctimas que fueron "amedrentadas" buscando desestimularlas a denunciar.
La Fiscalía agregó que Penadés se valió de "diversos funcionarios públicos, policías, particulares, amigos y conocidos" para llevar adelante un "implacable plan".
Soledad Suárez pidió investigar a más personas
La defensa de las víctimas aprovechó la referencia realizada por la Fiscalía a distintas personas del círculo de Penadés con las que se intercambiaba información sobre las víctimas para pedir a Ghione que indague sobre sus eventuales responsabilidades penales.
En particular, la abogada Suárez se refirió al secretario de Penadés, Horacio Tejera, y a la funcionaria de la Corte Electoral, Graciela del Vecchio. "Entendemos que tienen responsabilidad penal", apuntó y recordó que no fueron imputados.
Además, Suárez dijo que un exabogado de Penadés utilizó –tal como informó El País más temprano– información surgida de la trama para interrogar a las víctimas. "Confirma nuevamente que el fin de la información llegó al destinatario final que la aprovechó", explicó.
La alusión a Tejera y Del Vecchio generó la respuesta de Robatto, la abogada de Penadés, lo que motivó un ida y vuelta entre ella y Suárez.
"Lo que se está aportando es más de lo mismo. Está metiendo más gente que no es objeto hoy de investigación. Quien está siendo investigado hoy es Penadés", dijo.
Suárez le respondió que no era ella quién traía otros nombres a colación, sino que estaban en el "legajo" y que estaba en su derecho de incitar, en esa instancia, a la Fiscalía a investigar la responsabilidad penal de otras personas.
La defensa de Penadés
Guerrero primero controvirtió los delitos ya imputados al senador y vinculados a la explotación sexual de menores –que dijo "no existe" en el Código del Proceso Penal– y aseguró que los hechos no sucedieron como los describió la Fiscalía.
Sobre la trama en concreto, el abogado reconoció que se diseñó un "flujograma" pero que no hay "una sola evidencia" de que su finalidad fuera identificar víctimas y perjudicarlas.
Luego se preguntó por qué Penadés querría acceder a la identidad de las víctimas si ya las conocía y había tenido encuentros con ellos, y apuntó que "se debió investigar el entorno de Mastropierro" y derivar ese caso a "otra Fiscalía".
El abogado insistió en que su defendido "no participó" en la trama y que lo que sucedió fue que le comunicaron de una operación ya montada. "Queda claro que le fue comunicada la decisión ya tomada por los funcionarios públicos quienes lo indujeron a entregar algunas sumas de dinero, precisamente en un momento de gran perturbación de ánimo".
De esta manera, sobre los pagos solicitados, dijo que Penadés fue "inducido" a entregar "sumas de dinero", bajo el entendido de que lo ayudaría a probar su inocencia.
Cuando la jueza se disponía a dictar sentencia –argumentando que del relato de Fiscalía y de la defensa de las víctimas "surgía" la "participación" de Penadés–, Robatto volvió a tomar la palabra y el ambiente de la audiencia se volvió a crispar.
La abogada insistió en un hecho crucial a su entender: por qué si Penadés sabía quiénes eran los denunciantes iba a montar un plan para conocer sus identidades.
Esto generó la respuesta de Ghione, quien se dirigió a la jueza para decirle que la abogada estaba "mintiendo". Robatto entonces acusó a la Fiscalía de "filtrar" información de celulares a la prensa y dijo que Penadés nunca transfirió dinero a una cuenta mencionada por la Fiscalía.
