Cuando del sistema penitenciario se trata, casi todos están de acuerdo en el diagnóstico y comparten que la cantidad de presos que hay en Uruguay es elevada. A tal punto que la hoja de ruta de la reforma de las cárceles fue presentada durante la administración de Luis Lacalle Pou y ahora el gobierno de Yamandú Orsi lo tomó como base e incluyó en el equipo de asesores del Ministerio del Interior a su autora: Ana Vigna.
Sin embargo, cuando del diagnóstico se pasa a las medidas, empiezan a aparecer las diferencias y, por diversas razones, la mayoría de las acciones del sistema político apuntan en el sentido contrario a bajar el hacinamiento: aumento de penas, imposibilidad de acceder a reducción de penas , eliminación de la suspensión condicional del proceso, etc.
Incluso, este gobierno –que en su programa de gobierno planteaba el concepto de desprisionalización– presentó una reforma del Código del Proceso Penal y ante las primeras críticas decidió retirar el capítulo que permitía mayores facilidades para acceder a la libertad anticipada.
Sin embargo, esta semana un proyecto de ley que apunta a las medidas alternativas a la prisión fue aprobado en comisión de adicciones de la Cámara de Diputados con el respaldo de todos sus integrantes. La iniciativa busca crear un plan piloto de justicia terapéutica como “mecanismo de intervención alternativa para personas imputadas por delitos leves que se encuentren en una situación de uso problemático de drogas”.
Es decir, abre la posibilidad de que personas que cometan delitos leves y tengan un consumo problemático de drogas tengan la oportunidad de acceder a un programa de rehabilitación en vez de ir a prisión.
El Plan nacional para el abordaje del uso problemático de drogas en personas adultas reconoce que la información existente sobre el vínculo entre el consumo de drogas y el delito es poca y de mala calidad por lo tanto la aproximación a este tema suele ser “a ciegas”. Sin embargo, para el plan publicado en 2024 se hizo una evaluación entre 586 varones que pasaron por la Junta de Ingresos del Centro de Ingresos, Diagnóstico y Derivación (CIDD) del Instituto Nacional de Rehabilitación que evidenció que un 85% tenía un uso problemático de drogas. El 78% de ellos tenían problemas con la pasta base.
Ese mismo estudio agrega que entre los evaluados un 94% tenía “riesgo de reincidencia alto” y que solo el 11% tenía experiencias previas de tratamiento. A nivel internacional, además, hay evidencia científica que apunta a que las personas consumidoras de drogas tienen una probabilidad de entre “tres y cuatro veces” más de cometer un delito que aquellas que no consumen.
“Los consumos de drogas y alcohol reducen los inhibidores de la violencia, disminuyen el miedo ante los riesgos y los sentimientos de culpa. No obstante, los consumos de drogas y alcohol no explican por sí solos los delitos a los que se relacionan ya que la mayoría de las personas consumidoras, si bien pueden experimentar diversos problemas sociales y relacionales, no cometen delitos”, dice el plan nacional.
El proyecto, presentado por el diputado colorado suplente Rodrigo Martínez, dice en su exposición de motivos que el objetivo es “ofrecer una respuesta integral, humana y eficaz al problema de la reincidencia delictiva vinculada al consumo de drogas” y plantea un “cambio de paradigma de una justicia que castiga a una que “cura, protege y reintegra”.
“La propuesta plantea sustituir el encarcelamiento por un abordaje terapéutico, con equipos multidisciplinarios y seguimiento judicial especializado. No se trata de ser indulgentes con el delito, sino de ofrecer soluciones reales que ataquen la raíz del problema: la adicción y la exclusión social”, plantea y asegura que se espera una “reducción significativa de la reincidencia, un alivio a la sobrepoblación carcelaria y una mejora en la seguridad ciudadana”.
La experiencia Argentina
La exposición de motivos agrega que existe un plan “altamente exitoso” en Argentina que comenzó a aplicarse de manera piloto en 2013 en Salta y desde 2018 en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de los Tribunales de Tratamiento de Drogas que plantean la suspensión condicional del proceso, un tratamiento de rehabilitación obligatorio, un control judicial continuo y un “enfoque diferenciado” con herramientas específicas que contemplan variables de “vulnerabilidad, género y contexto socioeconómico”.
Este año la justicia argentina se está proponiendo federalizar el plan piloto y ha dado algunos pasos en ese sentido teniendo en cuenta que la evaluación ha sido positiva. “El modelo argentino opera con presupuesto cero y ha demostrado una tasa de reincidencia prácticamente nula en los participantes del programa de forma intensiva. Esta evidencia comparada refuerza la necesidad de adoptar en Uruguay una política similar, adaptada a nuestra realidad, que priorice el tratamiento sobre la cárcel”, dice la exposición de motivos.
¿Cómo funcionaría?
El proyecto crea el Programa Piloto de Justicia Terapéutica como mecanismo de intervención alternativa y tiene como objetivo reducir el consumo problemático de drogas, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia. Ese programa funcionaría, en caso de que el proyecto sea aprobado, en el ámbito del Poder Judicial en coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Mides y la Junta de Drogas.
El plan piloto abarcará en principio a unos 40 participantes, que ingresarán de forma libre y voluntaria, y que tendrán que cumplir con los requisitos que se establecen para la suspensión condicional del proceso. Ese es otra novedad que plantea el proyecto ya que propone restablecer esa institución eliminada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), algo que está en línea con lo que el gobierno propuso en su reforma del Código del Proceso Penal (CPP).
¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Se trata de un mecanismo pensado para delitos leves en los que si el imputado cumple con algunas condiciones al finalizar el plazo se extingue la acción penal y no queda ningún antecedente. Esa posibilidad estaba prevista en el Código Penal uruguayo pero la LUC lo eliminó.
Este tipo de instituto se podría aplicar, si se aprueba el proyecto, para delitos con penas menores a tres años y cuando la persona no esté cumpliendo una condena ni tenga otro proceso de suspensión condicional en proceso.
Si la iniciativa prospera, la justicia tendrá un rol activo de seguimiento a través de un Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia con competencia de Tribunal de Tratamiento de Drogas. Ese tribunal deberá realizar una audiencia por mes.
El proyecto también crea una comisión de seguimiento del programa para evaluar si los cometidos se cumplen.
