19 de octubre de 2026 13:27 hs

El Partido Nacional anunció este lunes que reunirá a la Coalición Republicana para pedir la destitución de la presidenta, Ana María Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por "irregularidades e ilegalidades".

El organismo —en particular, su vicepresidente— había recibido críticas duras en las últimas semanas desde actores de la oposición tras solicitar información al senador colorado Pedro Bordaberry sobre la participación del director de Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Robert Bouvier, en un supuesto "acto político partidario".

El martes pasado, en la Cámara de Senadores Bordaberry había tildado a Asti de "rata rastrera" porque, según el colorado, la actividad en cuestión era en realidad un asado para festejar la recuperación de Walter Cervini, diputado y senador suplente, que había sufrido complicaciones de salud.

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"Hay accionar absolutamente ilegal, fuera de norma, fuera de procedimientos y muchas veces votando procedimientos con mayoría que están fuera de la ley (...) Quienes tienen que medir la ética de los demás, no tienen la ética para poder hacerlo", denunció el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, en conferencia de prensa.

Además de la reunión de la Coalición, Delgado también afirmó que enviarán la declaración formal del Partido Nacional junto con un informe de Augusto Durán Martínez, que recoge los informes realizados por el representante de la oposición en la Jutep, el blanco Luis Calabria. "El informe es categórico sobre las irregularidades e ilegalidades que la mayoría de la Jutep viene haciendo", dijo.

Según el documento, el catedrático concluyó que la presidenta de la Jutep "alteró ilegítimamente el procedimiento de tratamiento de denuncias" de forma unilateral. Asimismo, dictaminó que Asti, al redactar y circular un borrador de informe antes de la intervención técnica, "no solo efectuó un procedimiento indebido sino, además, incurrió en prejuzgamiento".

El informe también subraya que los directores de la Jutep "no tienen individualmente acceso a los datos reservados" de las declaraciones juradas, por lo que la interpretación de la mayoría del organismo "no se ajusta a la ley".

En esa línea, el diputado Pablo Abdala mencionó —en conversación con Telemundo (Canal 12)— que la mayoría del directorio [de la Jutep] no ha cesado en su "empeño de profundizar en este tipo de prácticas que apuntan a utilizar políticamente la Jutep". Además, agregó: "Básicamente modificaron unilateralmente los protocolos según la conveniencia, según se trate de compañeros o de adversarios políticos".

Las principales acusaciones apuntan directamente contra Asti por intervenir de "manera absolutamente ilegítima" en el área de declaraciones juradas, accediendo a datos reservados sin la autorización del directorio. Abdala denunció que Asti elaboró "informes paralelos" y mencionó dos casos concretos: el del senador Ojeda, donde envió un borrador a los técnicos "con la clara finalidad de perjudicar al secretario general del Partido Colorado"; y el del Rodrigo Arim en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde Abdala denuncia que "habría habilitado a una persona de su confianza para realizar un informe paralelo con acceso a datos protegidos por la ley".

Para el representante nacionalista, este accionar configura un claro "prejuzgamiento" y una "falta ética y jurídica" que deriva en un grave problema institucional, ya que se cuestiona el comportamiento de quienes deben estar a cargo del "contralor de la ética pública y de la transparencia".

"Es un ataque más al organismo"

Por su parte, el miércoles pasado la presidenta del organismo, Ana María Ferraris, había defendido a Asti en entrevista con Desayunos Informales de Canal 12 y había dicho que era "intolerable e inaceptable el uso de la catarata de agravios a la que fue sometido el vicepresidente de la Jutep".

"Esos agravios son como si me los hubieran hecho a mí misma. No son solamente para alguien que tiene una trayectoria impecable en el seno de la función pública, por todos conocida, claramente es un ataque más al organismo", agregó la presidenta de la Jutep.

Sobre la denuncia contra el senador Bordaberry, Ferraris había aclarado que era "muy elaborada" y aportaba "profusa prueba y documentación" y que Asti había actuado "de protocolo" al firmarla.

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