Uno de los elementos clave para reconstruir la operativa financiera de Gonzalo Campomar ha sido el análisis de su wallet (o billetera electrónica) en la red TRON, desde la cual canalizaba los movimientos con criptomonedas, fundamentalmente en USDT (tether), una de las monedas estables más utilizadas para transacciones internacionales. El número de la misma se detalló en una denuncia judicial realizada por dos perjudicados a Campomar y su socio Miguel Cajal, por delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin provisión de fondos.
La wallet fue creada el sábado 16 de setiembre de 2023, en plena expansión de su base de inversionistas. Esta fecha coincide con el período en el que Campomar comenzó a recibir sumas mayores, producto del crecimiento de su red de confianza y de las recomendaciones entre allegados. El análisis de los primeros movimientos revela una secuencia creciente de ingresos en USDT, lo cual refuerza la hipótesis de que la billetera electrónica funcionó como el núcleo operativo de su esquema.
El último movimiento significativo en USDT se registró el 26 de setiembre de 2024, con una transferencia de 215.005 USDT, lo que equivale a casi 115.000 dólares, porque este corte en las operaciones coincide directamente con los primeros reportes de damnificados que dejaron de recibir pagos en tiempo y forma. A partir de esa fecha, la wallet no volvió a mover montos relevantes en esa moneda, lo que sugiere un cese en la operativa habitual y una posible retirada de fondos.
Sin embargo, el análisis posterior revela una señal que podría ser clave para investigaciones futuras. El 12 de febrero de 2025, la wallet transfirió TRX, el token nativo de la red TRON utilizado para pagar comisiones o habilitar otras transacciones. Esta operación sugiere que Campomar no abandonó por completo la gestión de activos cripto: el envío de este token podría haber servido para alimentar otra cuenta secundaria desde donde continuar operando sin dejar rastros directos.
Esta última transacción no fue en USDT sino en TRX, lo que refuerza la idea de una maniobra logística: cargar una nueva cuenta con recursos mínimos para su uso inmediato. A diferencia de los movimientos anteriores, esta transferencia no tiene una contraparte clara identificada entre sus principales interacciones previas, lo que habilita una línea de investigación sobre una posible nueva wallet activa, posiblemente vinculada a un exchange centralizado como Bybit.
El estudio de las transacciones realizadas y recibidas en la wallet de Campomar permite estimar el alcance económico del esquema en el ecosistema cripto. En la práctica, cada USDT equivale a aproximadamente1USD. Es decir, esta wallet movió el equivalente a casi US$ 49 millones. Es decir, el total de ingresos a esa dirección de wallet fue de US$ 49 millones, y el total de egresos fue el mismo. Por eso, la cuenta actualmente no tiene fondos.
Migración digital para continuar con su operativa
Aunque la actividad principal de la wallet asociada a Campomar cesó en setiembre de 2024 los registros muestran que el 12 de febrero de 2025 se realizó una transacción en TRX. El uso de este token para esa operación específica puede suponer una acción deliberada: dotar de operatividad a otra billetera electrónica.
En otras palabras, esta transacción sugiere que Campomar no abandonó por completo la red Tron ni sus herramientas, sino que posiblemente derivó la operativa a una nueva dirección, menos expuesta y aún activa.
Según un experto en criptomonedas, quien prefirió no ser nombrado, esta última wallet reveló movimientos recientes: continúa realizando transacciones hasta la fecha (el último movimiento fue el 29 de junio de 2025), con flujos de miles de dólares. Asimismo, identificó la dirección como un depósito de la plataforma Bybit, un exchange centralizado con requerimientos de verificación de identidad (KYC).
Consultado al respecto, Pedro Copelmeyer, consultor digital, comentó que cuando se realiza una “chanchada en cripto”, es común quedar expuesto al pasar el dinero a efectivo o al sistema bancario. “Por esta razón, una de las vías consiste en transferir el dinero por un exchange centralizado, como Bybit. El problema es que estas plataformas están reguladas. El FBI o la policía puede pedirles mis datos. Entonces, si quiero evitar eso, tengo que difuminar la wallet original”.
Este tipo de exchanges operan bajo regulaciones que exigen a sus usuarios completar procesos de verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés). Esto implica que la dirección que recibió los fondos podría estar vinculada a una cuenta con nombre, documento y datos bancarios verificables.
En caso de que las autoridades judiciales uruguayas o internacionales formalicen una solicitud de información a la plataforma, existe la posibilidad concreta de que se identifique al titular de dicha wallet, lo que podría aportar evidencia clave sobre el paradero de Campomar o sobre posibles cómplices en la maniobra de desvío y ocultamiento de fondos.
Cronología del caso
Gonzalo Campomar Santander, exjugador de rugby y empresario uruguayo, se encuentra en el centro de una de las presuntas estafas financieras más resonantes de los últimos años en el país. Se presentaba como un gestor de inversiones especializado en criptomonedas, ofreciendo rendimientos altamente por encima del mercado.
Sin embargo, Campomar no figuraba como asesor ni gestor autorizado por el Banco Central del Uruguay (BCU), por lo cual no contaba con licencia para operar fondos de terceros. Pese a ello, él y miembros de su familia sí aparecían en los registros del BCU como titulares de una casa de cambio formal en Montevideo. Desde allí se orquestó parte de su operativa, que incluía el uso de una sucursal de Abitab en Pocitos para realizar transferencias internacionales de fondos.
El modus operandi combinaba la cercanía social y la apariencia de solvencia. Durante los primeros meses, los inversores recibieron pagos puntuales, lo cual reforzó la credibilidad de Campomar y atrajo nuevas víctimas, muchas de ellas provenientes de su círculo íntimo. El esquema prometía retornos mensuales en dólares del orden del 6%, una cifra muy superior al rendimiento promedio de portafolios tradicionales, estimado en 4,5% anual según Funds Society. Esta rentabilidad inverosímil, sin contratos formales de por medio, se convirtió en un punto crítico al momento de iniciar reclamos judiciales.
Cuando los pagos comenzaron a demorarse y, finalmente, cesaron, las denuncias por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos no tardaron en llegar. La fiscalía de Delitos Económicos, liderada por Sandra Fleitas, asumió una de las denuncias que se presentó cuando Campomar ya se encontraba fuera del país. En abril de 2025, la Justicia uruguaya emitió una orden de captura nacional. Luego se sumó otra denuncia que recayó en la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Alejandro Machado.
La magnitud del caso provocó la intervención de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol. Las autoridades investigan no solo la figura de Campomar, sino también las posibles fallas del sistema de control financiero que permitieron la proliferación de este tipo de operativas, pese a las señales de alerta. La falta de regulación específica para muchos instrumentos cripto y la ausencia de contratos escritos por parte de los damnificados complican el avance judicial.
Hasta el momento, se calcula que el perjuicio total podría ascender a US$ 65 millones, aunque la cifra exacta continúa siendo motivo de investigación.
