El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decretará en las próximas horas la intervención a la mutualista Casmu sin el desplazamiento de sus autoridades, informó el propio mandatario en una conversación informal con periodistas y confirmó El Observador.
Lacalle ya había adelantado a fines de la semana pasada que la recomendación principal para el Casmu era la intervención sosteniendo a sus jerarcas y se había tomado unos días para terminar de definir las medidas mientras esperaba nuevos documentos del Ministerio de Salud Pública (MSP).
En aquella ocasión también dijo que el gobierno enviaría al Parlamento –este lunes– un proyecto de ley para que el Estado sea "garantía" en caso de que Casmu tenga necesidades de "liquidez" económica.
"El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha tenido complejidades, tampoco se puede asistir con dinero de la gente, porque la plata que se le va a dar eventualmente a Casmu –la garantía– es con dinero de los uruguayos. Hay que manejar responsablemente los recursos públicos", agregó.
Ante una pregunta, el mandatario explicó que "el fin" es que Casmu "siga en funcionamiento". "Para los usuarios y para que se sostengan las fuentes de trabajo. Esa es la visión y el camino con esta asistencia de todos los uruguayos", sentenció.
La situación de Casmu
A principios de julio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) intimó a Casmu a que acreditara que había subsanado la situación de “desequilibrio económico-financiero” que tenía luego que la mutualista solicitara acceder a un fideicomiso por US$ 56 millones.
El proyecto de ley que enviará al Parlamento es para otorgar esos créditos.
Desde entonces, Casmu presentó la información y solicitó un nuevo préstamo al Banco República (BROU) por US$ 25 millones que fue aprobado aunque quedó sujeto a la autorización de Economía y de Salud Pública ya que supone una cesión de cuotas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El BROU también le otorgó otros préstamos pequeños –el último de $125 millones– para gastos de funcionamiento.
La intervención de una mutualista es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo cuando –a juicio del MSP– no brinde los "niveles de atención determinados por las normas vigentes, o presenten desequilibrios de importancia en su normal funcionamiento".
Podrá ser de hasta un año y será a los "solos efectos de diagnosticar la situación existente y convocar de oficio a los órganos deliberantes competentes, con el objeto de tratar dicha situación y resolver al respecto", de acuerdo con el decreto 139 del 2004.
Al enviarle la intimación –a principio de julio– la ministra de Salud Pública, Karina Rando, señaló que los directivos de Casmu habían reconocido que la institución atraviesa una "difícil situación económica y financiera" que comprometía la capacidad de pago de sus obligaciones por los "siguientes seis meses".
