El presidente de la República dijo que también enviarán un proyecto de ley para que el Estado salga como "garantía" de Casmu
Luis Lacalle Pou. Archivo
FocoUyEl presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aseguró que la recomendación que tiene el Poder Ejecutivo sobre la mutualista Casmu implica una "intervención sin desplazamiento de autoridades".
Sin embargo, el mandatario insistió en que eso es una "sugerencia" y que la decisión final todavía no está tomada porque aún falta el estudio de algunos documentos que están en elaboración en el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Como segunda medida, el presidente dijo que el gobierno enviará al Parlamento –el lunes– un proyecto de ley para que el Estado sea "garantía" en caso de que Casmu tenga necesidades de "liquidez" económica.
"El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha tenido complejidades, tampoco se puede asistir con dinero de la gente, porque la plata que se le va a dar eventualmente a Casmu –la garantía– es con dinero de los uruguayos. Hay que manejar responsablemente los recursos públicos", dijo.
Ante una pregunta, Lacalle Pou agregó que el "fin" es que Casmu "siga en funcionamiento". "Para los usuarios y para que se sostengan las fuentes de trabajo. Esa es la visión y el camino con esta asistencia de todos los uruguayos", sentenció.
A principios de julio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) intimó a Casmu a que acreditara que había subsanado la situación de “desequilibrio económico-financiero” que tenía luego que la mutualista solicitara acceder a un fideicomiso por US$ 56 millones.
El proyecto de ley que enviará al Parlamento es para otorgar esos créditos.
Desde entonces, Casmu presentó la información y solicitó un nuevo préstamo al Banco República (BROU) por US$ 25 millones que fue aprobado aunque quedó sujeto a la autorización de Economía y de Salud Pública ya que supone una cesión de cuotas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El BROU también le otorgó otros préstamos pequeños –el último de $125 millones– para gastos de funcionamiento.
La intervención de una mutualista es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo cuando –a juicio del MSP– no brinde los "niveles de atención determinados por las normas vigentes, o presenten desequilibrios de importancia en su normal funcionamiento".
Podrá ser de hasta un año y será a los "solos efectos de diagnosticar la situación existente y convocar de oficio a los órganos deliberantes competentes, con el objeto de tratar dicha situación y resolver al respecto", de acuerdo con el decreto 139 del 2004.
En este caso, la recomendación del MSP a Lacalle Pou es que la intervención sea "sin desplazamiento de autoridades".
En caso de decretar la intervención, el Poder Ejecutivo deberá nombrar a una o más personas como "interventores", los que tendrán "las más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación". A su vez, podrán:
Al enviarle la intimación –a principio de julio– la ministra de Salud Pública, Karina Rando, señaló que los directivos de Casmu habían reconocido que la institución atraviesa una "difícil situación económica y financiera" que comprometía la capacidad de pago de sus obligaciones por los "siguientes seis meses".
También que las veedoras del gobierno habían dicho que presentaba "riesgo de liquidez" a partir de julio y que había "falta de credibilidad" sobre la información que el prestador aportaba.
La resolución cita un informe de la directora del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Alicia Rossi, que menciona que la “grave situación económica financiera que atraviesa Casmu ha empeorado en forma sostenida" y lo expone a "no poder cumplir con las obligaciones con sus proveedores", lo que implicaría además un "riesgo asistencial alto, al no poder contar con los insumos y servicios necesarios para dar cobertura de salud a su masa de afiliados de casi 180.000 usuarios”.