Entre los colorados, la mayoría estuvo en contra de la cruz, pero figuras de la talla de Jorge Batlle —también agnóstico y descendiente de Jorge Batlle y Ordoñez— respaldó la permanencia de la cruz porque, fiel a los principios que predicó a lo largo de su extensa carrera política, priorizó la libertad y el respeto por los distintos puntos de vista.
Entre los blancos la mayoría acompañó la idea, excepto alguna excepción en Diputados, como fue la de Ricardo Rocha Imaz. En filas de la izquierda, la mayoría estuvo en contra de la permanencia del monumento, excepto el representante del Partido Demócrata Cristiano, Héctor Lescano.
Apenas la Iglesia Católica escuchó el planteó del mandatario, decidió tomar cartas en el asunto y resolvió donar la cruz a la Intendencia de Montevideo, encabezada en ese momento por el colorado Jorge Luis Elizalde, que había asumido en el cargo ante la muerte de Aquiles Lanza. Pero la mayoría de la Junta Departamental era colorada y se expresó en contra de mantener el monumento. A los ediles colorados no les importó que fuese el presidente de su partido el impulsor de la iniciativa.
La idea del mandatario iba camino al naufragio. Pero entró en escena una figura del Partido Nacional, el senador Gonzalo Aguirre, un hombre con una amplia formación jurídica, que logró destrabar el asunto, quitarlo del ámbito departamental y trasladarlo al Parlamento.
La misa en Tres Cruces
Juan Pablo II llegó por primera vez a Uruguay el 31 de marzo de 1987 y la misa se realizó al día siguiente, en la intersección de Bulevar Artigas y Avenida Italia. La zona era muy distinta al Tres Cruces de hoy: no existía el shopping con la terminal de ómnibus. Algunos estiman la asistencia en 150 mil personas, otras calculan que llegó a los 300 mil.
Aquella mañana del 1° de abril, el papa se despertó a las 4:30 de la mañana y luego de sus oraciones en la sede de la Nunciatura, donde estaba alojado, se reunió con el presidente Sanguinetti.
“La lluvia que ha durado toda la noche y el inicio de la mañana, cesa, y se abre el cielo un poco antes de iniciarse la Misa Campal, prevista para las 9.30 en Tres Cruces. El Papa utiliza la sacristía del Hospital Italiano, preparada especialmente, y sale por la entrada de Avenida Italia hacia el escenario donde se distribuye una multitud”, escribió en El País el periodista Miguel Carbajal, en una crónica publicada el 4 de abril de 2005.
Juan Pablo II durante la misa multitudinaria que encabezó en Tres Cruces el 1° de abril de 1987.
Foto perteneciente al archivo personal del expresidente Julio Sanguinetti.
El altar consistía en una tarima de varios escalones y miraba hacia Bulevar Artigas en dirección al Edificio Libertad; luego de la ceremonia se trasladó al Santuario del Cerrito de la Victoria.
El sillón que utilizó Juan Pablo II en la misa se había traído de Colonia del Sacramento. Los obispos de las diez diócesis se colocaron en primera fila; entre los invitados especiales había representantes de la comunidad polaca con los que Karol Wojtyla —nombre de Juan Pablo II— intercambió algunas palabras en su idioma natal, y residentes del Cottolengo Don Orione.
La vestimenta de Juan Pablo II había llegado en su valija traída de Roma. “Calza el alba hasta los pies, un cíngulo a la cintura, el palio que es una especie de franja de lana que portan los arzobispos, una estola blanca, la casulla roja, la espectacular mitra y el básculo pastoral. También en la valija han viajado varios cálices dorados que el Papa regala como recuerdo de sus misas”, recordó Carbajal.
La misa duró unas dos horas. Juan Pablo II dio la comunión a más de 100 personas, mientras otros sacerdotes entregaban miles de ostias que habían preparado las hermanas carmelitas del Convento de Punta Rieles y las clarisas de Canelones. La monumental cruz, que era parte del decorado, todavía no había ingresado a la discusión política.
Detalles sobre esa visita de Juan Pablo II, y de la que realizó al año siguiente, al igual que los encuentros que mantuvo con distintos jerarcas del gobierno a lo largo de los años, forman parte de un libro de próxima aparición de Sergio Berrutti, un periodista con una extensa trayectoria en medios de comunicación. El papa en el “reino laico”. De las históricas visitas de Juan Pablo II en los años 80, a la de León XIV (Ediciones de la Plaza) se publicará en los próximos días y recoge testimonios de protagonistas directos de los hechos y del papel de la Iglesia Católica en Uruguay.
Desde su instalación, el mantenimiento de la cruz está a cargo de la Iglesia. En 2015 se hizo una restauración dejándola blanca con pintura antivandálica para protegerla de pintadas y graffitis.
El inicio del debate
En 1987 Milton Tróccoli estaba preparándose para ser sacerdote y fue uno de los jóvenes que colaboró con la preparación de la liturgia de la misa que se realizó en Tres Cruces, recordó en diálogo con El Observador desde Roma, donde mantiene distintos encuentros previos a la llegada de León XIV.
Un año después, Tróccoli fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II en Florida, junto a otros 12 jóvenes. Eran todos uruguayos a excepción de uno, de nacionalidad argentina.
Hoy Tróccoli es obispo de la Diócesis de Maldonado, Punta del Este y Minas y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay. En aquella ceremonia en Florida en 1988, además de Tróccoli, fue ordenado sacerdote por el papa el actual obispo de Salto, monseñor Arturo Fajardo.
Tróccoli recordó que para la primera visita de Juan Pablo II en 1987 se presentaron varios proyectos para diseñar el altar donde se oficiaría la ceremonia y resultó ganador la propuesta del arquitecto Francisco Collet. Había llovido mucho en los días previos así que diseñó un imponente espacio techado, debajo del que colocó una cruz de hierro de 30 metros de altura. El proyecto fue financiado por la Conferencia Episcopal.
Después de las declaraciones de Sanguinetti, de la decisión de la Iglesia de entregar la cruz a la Intendencia, y de la negativa de los ediles de mantenerla en ese sitio, en Uruguay se revivió un debate que parecía saldado: la separación de la Iglesia y el Estado. Ochenta años después de la reforma batllista, la discusión volvía a estar sobre la mesa.
Berro, Batlle y la Constitución de 1918
El 1° de marzo de 1911, con 54 años, Batlle y Ordoñez asumió por segunda vez la Presidencia de la República, en una ceremonia que se realizó en el Cabildo de Montevideo, y desde el primer momento dejó en claro su posición acerca del papel de la Iglesia Católica.
Tomó un ejemplar de la Constitución de 1830 y comenzó a leer el juramento previsto en la Carta Magna, incluso el tramo que decía que lo hacía ante “Dios Nuestro Señor y los Santos Evangelios”.
Carlos Manini Ríos —hijo de Pedro, quien fuese hombre de confianza y luego rival del líder colorado— recordó en su famoso ensayo Anoche me llamó Batlle, que luego de leer la oración, el flamante presidente agregó: “Permitidme que, llenado el requisito constitucional, para mí sin valor, al que acabo de dar cumplimiento, exprese en otra forma el compromiso solemne que contraigo en este instante. Juro por mi honor de hombre y de ciudadano que la justicia, el progreso y el bien de la República realizados dentro del estricto cumplimiento de la ley, inspirarán mi más grande y permanente anhelo de gobernante”.
La secularización, que consiste en la separación de la Iglesia del Estado, fue un proceso que llevó años en la política uruguaya. El debate entre políticos, autoridades y fieles de la Iglesia había comenzado medio siglo antes, durante la Presidencia del blanco Bernardo Prudencio Berro, y luego en los gobiernos militares encabezados por los colorados Lorenzo Latorre y Máximo Santos.
Entre 1861 y 1885 pasaron a manos del Estado funciones que antes cumplía la Iglesia, entre ellas la secularización de los cementerios, la consagración de la enseñanza pública gratuita y obligatoria, la creación del Registro Civil y el matrimonio civil obligatorio.
Los debates del siglo XIX sucedieron en un contexto de grandes polémicas filosóficas, como las discusiones entre el racionalismo y el espiritualismo.
A comienzos del siglo XX, con el empuje de Batlle, se aprobaron las leyes de divorcio, y en un impulso anticlerical se quitaron crucifijos de escuelas y hospitales, algo que los detractores del líder colorado denominaron jacobinismo. Incluso José Enrique Rodó, uno de los mayores pensadores del 900, escribió su famosa polémica Liberalismo y jacobinismo.
En la Constitución aprobada en 1918, elaborada por delegados de distintos partidos políticos, quedó establecida la separación de la Iglesia y el Estado en su artículo 5°: “todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total o parcialmente, construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”.
Los monumentos de Oribe y Batlle
El 5 de mayo de 1987, a poco más de un mes de la visita de Juan Pablo II y luego de que la Junta Departamental se opusiera a que la cruz continuara donde sigue hasta hoy, el senador blanco Gonzalo Aguirre —abogado, especialista en temas constitucionales y hábil polemista— redactó un proyecto de ley de dos artículos que establecía que el monumento continuase en el punto donde se encontraba, como un elemento “conmemorativo”.
“La visita a nuestro país del Papa Juan Pablo II, Jefe del Estado Vaticano y conductor espiritual de cientos de millones de seres humanos, configuró un acontecimiento sin precedentes, que sin duda será registrado por la historia nacional”, planteó Aguirre, que en 1989 fue el compañero de fórmula de las elecciones que ganó Luis Alberto Lacalle.
El entonces senador blanco Gonzalo Aguirre propuso una fórmula legislativa que permitió dejar la cruz papal en el sitio donde había sido colocada.
Foto tomada de redes sociales del Partido Nacional.
Sostuvo que el monumento era “sobrio y hermoso”, que tenía “la sencillez de lo clásico” y que era grato a los sentimientos de cientos de miles de uruguayos que profesan la religión católica, así como a otros tantos compatriotas que, sin practicar activamente dicha religión, fueron educados en la misma”.
Aguirre destacó que “nuestro pueblo cultiva la tolerancia” y que nadie podía sentirse lesionado por un monumento de esas características.
“Si quienes no son blancos no se agravian de que existan monumentos a Oribe, Saravia y Herrera, si quienes no somos colorados no nos agraviamos por la existencia de monumentos a Rivera y a Batlle, ¿por qué han de molestarse quienes no son católicos, porque permanezca un monumento recordatorio de la visita del Papa, que fue saludado con alborozo por casi todo el país?”, se preguntó.
Aguirre, con su amplia formación jurídica, apeló a la interpretación de la Constitución para fundamental que la Asamblea General tenía competencia para adoptar ese tipo de medidas, sin interceder en las disposiciones propias de los gobiernos departamentales, a través de las cuales los ediles habían rechazado la medida.
Del jacobinismo al retroceso laico
Las sesiones parlamentarias durante el primer gobierno de Sanguinetti (1985-1990) tuvieron que analizar temas candentes, en una democracia que se abría paso luego de 13 años de dictadura militar, con el debate por la ley de caducidad como punto más alto, donde el senador Aguirre tuvo un papel protagónico.
En aquel Poder Legislativo se encontraban buena parte de los principales cuadros políticos de la época. La Asamblea General era presidida por el abogado colorado Enrique Tarigo, que junto a Eduardo Pons Etcheverry pasaron a la historia por el recordado debate en favor del No al proyecto impulsado por la dictadura militar, que defendieron el coronel y Néstor Bolentini, y el abogado Enrique Viana Reyes.
En las bancas del Senado, se encontraban dos figuras que luego serían presidentes: Lacalle y Batlle. A ellos se sumaban otros nombres fuertes como el de Hugo Batalla, Dardo Ortíz, Américo Ricaldoni, Alfredo Traversoni, Manuel Flores Silva, Uruguay Tourné, Juan Martín Posadas, Germán Araújo o Francisco Rodríguez Camusso, por mencionar solo a algunos.
La versión taquigráfica del Senado del 14 de mayo de 1987, donde se aprobó la permanencia de la cruz del papa, es un reflejo de lo que eran los debates parlamentarios en aquellos años.
Aguirre fue quien expuso el informe en mayoría del proyecto, que ya había tenido una amplia difusión a nivel de la opinión pública.
“Lo que aquí está en discusión, o lo que se revela, es un disímil concepto de liberalismo o una equivocada concepción de éste. Considero que el liberalismo no reside en la exigencia de que los demás no expresen sus ideas cuando no están de acuerdo con las nuestras, sino que finca, justamente, en el hecho de ser tolerantes con las ideas ajenas, de permitir su expresión, aunque ellas nos disgusten”, dijo Aguirre.
El legislador blanco citó parte del libro Liberalismo y Jacobinismo de Rodó, a partir del retiro de lo que llamó “La expulsión de los crucifijos”. “¿Liberalismo? No: digamos mejor ‘jacobinismo’. Se trata, efectivamente, de un hecho de franca intolerancia y de estrecha incomprensión moral e histórica, absolutamente inconciliable con la idea de elevada equidad y, de amplitud generosa que va incluida en toda legítima acepción del liberalismo, cualesquiera que sean los epítetos con que se refuerce o extreme la significación de esta palabra”, escribió Rodó y leyó Aguirre en sala.
A su turno, el senador colorado Traversoni, famoso por su rol de historiador, planteo que se había “impuesto por parte de la Curia la política del hecho consumado”.
Traversoni mencionó que Juan Pablo II no había fallecido. “Se trata de una personalidad visitante, muy importante y también controvertida, que no ha finalizado su obra y acerca de la cual, por consiguiente, no existe ni la información completa ni la perspectiva suficiente como para que exista una definida imagen de su significado histórico”, expresó.
Además, mencionó que en Uruguay hubo presencias destacadas de figuras internacionales como el presidente Franklin Roosevelt o el general Charles de Gaulle a quienes no se los recordó con monumentos y tampoco al rey de España "que realizó una visita de real importancia dentro de nuestro proceso de recuperación democrática”.
“La visita del Papa Juan Pablo II no fue, desde este punto de vista, un acontecimiento sin precedentes. No los tiene en cuanto a que se trata de la primera visita papal, pero este hecho no tiene otra explicación que la que surge de la tradición poco viajera de sus antecesores en comparación con el nuevo estilo impuesto a su gestión por el actual Papa”, agregó.
Según Traversoni, una cruz de esas características estaba “cargada de significados simbólicos que hacen desaparecer al homenajeado —o al hecho que se homenajea— para representar a una religión y a una Iglesia”
“Una cruz de ese tamaño, emplazada en lo que tiene a ser el centro de la ciudad, de frente al más espacio abierto para concentración de multitudes, adquiere un carácter dominante que se contradice con la tradición nacional”, añadió.
El historiador Traversoni advirtió: “Si la Cruz permanece, en situación predominante sobre el Obelisco de homenaje a los Constituyentes, sobre el Monumento a la Bandera, sobre el monumento a Rivera y sobre las multitudes que en el futuro manifiesten en ese lugar, la República habrá retrocedido en sus tradiciones laicas y colocado tan importante lugar bajo un signo religioso que gran parte de la sociedad mira con el mayor respeto, pero no como el signo que debe presidir la vida ciudadana de este singular Estado”.
Durante el debate, en la bancada colorada hubo legisladores que expresaron matices, como el senador Ricaldoni, que respaldó la iniciativa a pesar de no ser católico. “Mi voto favorable debe ser interpretado como un reconocimiento, por un lado, a la figura del Sumo Pontífice y, por otro, al alto significado de su visita al país”, expresó.
La libertad de Batlle y la búsqueda de Dios de Tarigo
El debate continuó con distintas intervenciones, hasta que llegó el turno del senador Posadas, que había sido sacerdote antes de dedicarse a la política. El nacionalista habló de su relación con la Iglesia Católica y dijo que estaba de acuerdo con mantener la cruz en su lugar.
“El Uruguay siempre ha tenido una tradición laica; esa es la posición del país y la que recoge la normativa vigente, pero en todo momento ha sido entendida en un solo sentido. Creo que ahí está el quid de la cuestión”, dijo Posadas, a lo que el senador Batlle, desde su banca exclamó “¡apoyado!”. Batlle era agnóstico, no había sido bautizado y era sobrino nieto de Batlle y Ordoñez.
De Posadas insistió: dijo que la laicidad en Uruguay se entendía con un sentido “aséptico o negador”. “Exacto”, respaldó Batlle.
Luego el propio Batlle pidió la palabra para realizar una encendida defensa de la laicidad y la libertad, celebrando que luego de décadas el Parlamento volviese a tratar un asunto de esas características.
Jorge Batlle nunca fue bautizado; era agnóstico y descendiente de José Batlle y Ordoñez. Apoyó la colocación de la cruz como forma de defender la laicidad.
“Si hay algo que existe con fuerza y vigencia en la sociedad uruguaya, es un sentimiento auténtica y esencialmente laico, en cuanto laicidad significa, entre otras de sus muchas acepciones, el respeto de todos por el pensamiento de los demás y la libertad de poder decidir sin estar sujetos a ningún dogma o creencia que nos obligue a pensar de determinada manera o a actuar en función de ellos. Estamos libres y esa libertad que hemos adquirido es el fruto de la conducta de la sociedad uruguaya, no solamente a partir de la reforma de la Constitución del 30 sino de los últimos 150 años”, dijo Batlle, quien sería presidente entre 2000 y 2005.
El senador colorado advirtió que “para algunos”, la laicidad “consiste en limitar su manera de pensar, en no exhibir su forma de sentir o de creer”. “A lo largo del tiempo las filosofías que han prevalecido y las ciencias y tecnologías que las han acompañado, han transformado a la laicidad en un profundo escepticismo y por ello la laicidad se ha vuelto un instrumento de carácter digamos, negador de la fuerza espiritual, de la razón o de la raíz espiritual de cada uno de nosotros”, agregó.
El vicepresidente Tarigo, que presidía la sesión, expuso su punto de vista. A diferencia de la opinión del presidente Sanguinetti, Tarigo dijo que se sentía identificado con algunos discursos de sus colegas colorados que se oponían a la iniciativa.
Tarigo, que también era un reconocido jurista, sostuvo que la iniciativa lesionaba el concepto de laicismo, destacó que desde el punto de vista urbanístico el tamaño de la cruz era “desproporcionado”, porque tenía más relevancia que el Obelisco. “Es cierto que éste no es demasiado alto, pero nosotros no tenemos la culpa de ello ni podemos cambiarlo”, comentó.
Tarigo concluyó: “Quiero dejar constancia, aunque este es un tema que me corresponde sólo a mí y a mi conciencia; que no soy jacobino, que creo en la existencia de Dios, que no practico ninguna religión y que a Dios lo sigo buscando y lo seguiré buscando quizás hasta que muera”.
El proyecto se aprobó en el Senado por 19 votos en 31. Lo respaldaron todos los senadores blancos y parte de la bancada colorada. El Frente Amplio votó en contra. La iniciativa pasó a Diputados, donde también se aprobó y la cruz quedó firme en Bulevar Artigas y Avenida Italia.
Julio Sanguinetti y Marta Canessa durante la partida del papa Juan Pablo II del viejo Aeropuerto de Carrasco. Minutos después, el mandatario propondría que la cruz continuara en el lugar donde se había colocado.
Foto perteneciente al archivo personal del expresidente Julio Sanguinetti.
Años más tarde, el 2 de abril de 2005 el Frente Amplio cumplía un mes en el gobierno y el Partido Colorado realizaba su primera Convención Nacional, luego del revolcón electoral histórico que había sufrido el año anterior.
Sanguinetti era el secretario general del Partido Colorado y estaba al frente de la reunión. En determinado momento, alguien le hizo un comentario al oído. El expresidente tomó el micrófono y se dirigió a los convencionales, para informarles que hacía minutos había fallecido en Roma el papa Juan Pablo II.
El mismo Sanguinetti que sacudió la interna colorada al proponer que se mantuviese la cruz papal, 18 años después fue el encargado de comunicar a la dirigencia de su partido el deceso del pontífice que había generado un debate que recordó enfrentamientos políticos e ideológicos del siglo anterior.