El Poder Ejecutivo incluyó las modificaciones en la rendición de cuentas; busca habilitar un “período de gracia” de 6 meses para regularizar las transferencias
El gobierno de Yamandú Orsi aprovechó que la rendición de cuentas es una “ley ómnibus” con más de 350 artículos para incluir asuntos que no son presupuestales de varios ministerios.
Es una práctica a la que suelen recurrir todas las administraciones porque les permite hacer cambios legislativos sin mandar un proyecto específico cuya aprobación –salvo temas urgentes– lleva más tiempo y es más engorrosa principalmente en un Parlamento sin mayorías.
Así, dentro del inciso del Ministerio de Industria se incluyeron 14 artículos que modifican la ley de medios que está vigente y que fue duramente cuestionada por el Frente Amplio cuando estaba en la oposición porque, a su entender, promueve la concentración y extranjerización de los medios.
Con esas palabras la izquierda cuestionaba también que la administración de Luis Lacalle Pou hubiera dejado por el camino la ley que ellos habían aprobado y sus dirigentes prometían en campaña que de llegar al poder le harían cambios.
Tras hacerle algunas modificaciones vía decreto, el gobierno propone ahora una serie de artículos que tienen como objetivo desincentivar esa extranjerización cuestionada, limitar las concentraciones y otorgar un período de seis meses para regularizar las transferencias que no contaran con autorización del Poder Ejecutivo.
El artículo 176, por ejemplo, modifica las características de las licencias y establece una limitación para que quien tenga una no se transforme en un “arrendador de espacios”. “Si no tiene la capacidad para cumplir con el servicio, tendría que renunciarlo para otorgar la posibilidad a quienes estén interesados en prestarlos y cumplan los requisitos legales, evaluados por la correspondiente autoridad”, dice la justificación enviada por el gobierno.
El siguiente, a su vez, busca evitar que quienes no estén utilizando el espectro puedan “negociarlo por venta o donación a un tercero” mientras que el 178 agrega que solo podrán “emplearlo para la finalidad dispuesta en las respectivas autorizaciones”. Lo que se impide, en este sentido, es el arrendamiento de las emisoras buscando limitar la concentración mediática vía cesión total o parcial de la gestión y programación de una emisora.
En otro de los artículos, el gobierno refuerza los requisitos de acreditación de fondos en las transferencias con el objetivo de evitar el uso de “dinero ilegítimo” y vuelve a pedir “ciudadanía legal” en lugar de la residencia para ser titular de medios.
El artículo 182, a su vez, elimina la posibilidad de que varias personas tengan menos de un 10% del capital accionario de los medios para burlar las normas de limitación de concentración.
En el diagnóstico, Industria señaló que los criterios actuales son insuficientes para “identificar el control real de las licencias”. “Se asocian varias personas, con un 9,99% de capital accionario y no tiene límite la cantidad de licencias que pueden tener, burlando de esa manera la norma que limita la concentración”, dice el texto, que propone como resultado esperado “que no se puedan evadir el límite a la concentración de los medios de comunicación.
“Se entiende por titularidad parcial de una licencia, el caso en que una persona no sea el único titular de aquella, sino que la comparta con otra u otras personas físicas o jurídicas, o sea dueña de acciones o cuotas de la sociedad titular de una licencia. También se considerará que una persona física o jurídica privada, es titular, total o parcial de la licencia para prestar servicios de radiodifusión abierta cuando realice actos relativos a dicha titularidad a través de representante, mandatario, delegado o de cualquier interpuesta persona", dice el nuevo artículo.
El proyecto retoma la exigencia de transparencia sobre la propiedad de las empresas de TV cable para poder efectuar efectivamente los controles anti-concentración y habilita un “período de gracia” de 6 meses para regularizar las transferencias que se hayan realizado sin autorización requerida en la norma vigente.
Esto último, señala la justificación del Poder Ejecutivo, se hace porque “existirían transferencias” que no cumplen con la obligación de contar con su autorización, algo que la ley transforma en nulos por lo cual el Poder Ejecutivo “no puede regularizarlos”. En este sentido, el objetivo de la intervención es que “queden regularizados los titulares de todos los servicios, que no estén operados por personas desconocidas y de las cuales no sabemos si cumplen o no con los requisitos para ser titular”.