La Federación Uruguaya de Magisterio–Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) rechazó el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional, que prevé la incorporación de jóvenes privados de libertad a talleres de capacitación del Ejército Nacional como parte de las políticas de rehabilitación.
El acuerdo, que comenzará a implementarse en marzo, contempla que el Ministerio de Defensa presente las distintas capacitaciones disponibles para los jóvenes infractores. Según explicó el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, la propuesta incluirá una oferta amplia y sin cupos limitados. “Van desde tocar en una banda, carpintería, mantenimiento y distintas cosas que se hacen. Esa presentación no tiene cupo, todos los que estén interesados van a poder concurrir”, señaló.
El rechazo del sindicato docente
Ante el anuncio, FUM-TEP emitió un comunicado en el que expresó su oposición al acuerdo y cuestionó la falta de instancias de diálogo previas. “Manifestamos nuestra profunda preocupación de que se puedan concretar decisiones de este tipo sin haber desarrollado los imprescindibles diálogos, amplios, profundos y cuidadosos con el conjunto de la sociedad, tal como está proponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)”, afirmó el sindicato.
En el mismo texto, recordó que “en el año en curso se va a desarrollar el Congreso Nacional de Educación, instancia privilegiada para procesar debates y elaborar propuestas”.
Para FUM-TEP, “democratizar la educación supone que todos los actores implicados puedan participar de la toma de decisiones” y subrayó que es imprescindible escuchar a los distintos colectivos, “pero principalmente a las y los jóvenes, porque la educación se construye en el intercambio y en el diálogo, no en la imposición”.
Críticas a la participación de las Fuerzas Armadas
El sindicato también cuestionó de forma directa el rol de las Fuerzas Armadas en tareas formativas. “Para la formación de niños y jóvenes existen organismos estatales encargados (ANEP, UDELAR y UTEC), con la formación específica para dicha tarea, con amplia experiencia y presencia en todo el territorio nacional”, señaló el comunicado.
Además, recordó que desde esos organismos “hace años estamos reclamando un incremento presupuestal, el cual no se ha concretado, y es imprescindible para cumplir y mejorar las funciones de la educación pública”.
Más adelante, el texto profundiza las críticas hacia las Fuerzas Armadas como institución. “Consideramos que la formación de los jóvenes de INISA no debe ser abordada desde las FF.AA. Importa señalar que se trata de una institución que tiene deudas profundas con el pueblo, hay información que siguen ocultando y hay criminales que no han respondido por sus actos durante la última dictadura cívico-militar”, sostiene.
Por ese motivo, el sindicato concluye que las Fuerzas Armadas “no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógica-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”.
Violencia, desigualdad y reclamos estructurales
El comunicado también contextualiza la propuesta en un escenario de violencia y desigualdad social. Según FUM-TEP, “esta propuesta debe ser contextualizada a la situación de violencia a la que están sometidas los niños y jóvenes de nuestro país, rango etario donde se concentran los índices más altos de pobreza”.
En esa línea, advierte que “contextos de injusticia, necesidades básicas sin cubrir, inseguridad alimentaria, falta de fuentes de trabajo, el incremento de la incidencia del narcotráfico en las comunidades, etc. generan las condiciones para el incremento de la violencia”.
Finalmente, el sindicato se refirió específicamente a la situación de los menores privados de libertad, destinatarios del proyecto. “La realidad de menores en situación de privación de libertad obliga a profundizar el análisis de las causas y no a impulsar medidas sin ningún tipo de fundamento. Desde nuestra perspectiva se trata de víctimas de una sociedad desigual, fruto de falta de políticas estatales que prioricen erradicar las desigualdades de origen”, indicó.
El texto cierra con una reivindicación ya planteada por el movimiento sindical: “La pobreza y la marginalidad son el resultado de la acumulación ilimitada de quienes se apropian de los frutos del trabajo de otras y otros. Por eso es imprescindible comenzar a tomar otras medidas, como la Iniciativa de gravar al 1% más rico con una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio de las personas físicas”.
