El cuidador lo fue a despertar con música en su celular, como todas las mañanas. Eran cerca de la siete del primer viernes de febrero. El adolescente no se movía. No respiraba. Había muerto en “una clínica de salud mental donde estaba bajo el amparo del INAU”, titularon algunos medios. La causa que ocasionó aquel paro cardiorrespiratorio está todavía en estudio. Pero este joven que se fue a dormir la noche anterior a la hora de siempre, y que según las cámaras de vigilancia de la habitación no padeció violencia alguna, empezó a morir mucho antes.
Su padre biológico nunca lo quiso. Su madre, consumidora de drogas, intentó cuidarlo como pudo. Eso lo llevó al pequeño a pasar algunos días sin comer —porque la plata se necesitaba para la pasta base—, o frecuentar bocas de venta, días sin bañarse, balazos, desamor-amor-desamor.
A los seis años, después de que se denunciara que sus derechos estaban siendo vulnerados, ingresó al amparo del INAU —a un sistema de protección que, dicen los propios técnicos, debería ser el último de los lugares y por el menor tiempo posible—. Su madre tenía permitidas las visitas, pero jamás fue a verlo.
Algunos familiares quisieron darle una mano, y tras la autorización judicial y estudio de riesgo, por unos meses pasó a vivir con allegados. Fueron tres veces diferentes, en distintas etapas. Siempre regresaba al hogar del INAU porque no podían contener su creciente trastorno del espectro de la esquizofrenia con inicio precoz. Iba en aumento, cada vez quedaba más medicalizado y con menos posibilidad de adaptarse a una escuela, a un taller recreativo, a jugar con sus compañeros respetando los límites.
No todo lo explicaba la biología, sino el ambiente, la crianza, el dolor. Y la capacidad que tiene el Estado de amparo —y eso va más allá del INAU— hace que niños como este no reciban la misma estimulación, cuidado y amor que quien nace en una familia que lo desea, que le puede costear los mejores tratamientos, la atención psiquiátrica personalizada y un largo etcétera. Inequidad le dicen.
Una valoración psiquiátrica dijo que este chico (ya casi adolescente para entonces) no podía seguir en un hogar clásico del INAU y debía a pasar a los centros especiales para salud mental (también del INAU). Parte de la justificación no era solo lo insostenible de su cuadro clínico, sino el sufrimiento de sus compañeros de cuarto.
Otra vez: el centro especializado (que está pensando para permanecer allí menos de 18 meses, estabilizar) busca asociarlo a actividades sin éxito.
En la carátula de la fiscalía que investiga el caso figura como “muerte súbita”, mientras intentan averiguar qué causó el paro. En la investigación de urgencia que hizo INAU se comprobó que no hubo un acto de violencia, no se requirió más medicación que la habitual. Como si su muerte haya empezado mucho antes de cesar de respirar.
Como este caso, la mayoría de los que fallecen bajo el amparo del Estado están en centros de discapacidad o salud mental (el promedio del último quinquenio es un 77%).
El INAU, pese a tener la palabra Niño y Adolescente en su sigla, atiende también 2.385 adultos (mayores de 18). Uno de cada cinco de ellos está en centros de discapacidad (a tiempo completo o parcial). Y son los adultos, la mayoría de ellos con dependencias neurológicas o sumas de comorbilidades que representan dos tercios de los fallecimientos que el INAU registra casi todos los años en su sistema de protección especial.
Pero, ¿qué es proteger? Otro adolescente —al que ahora en los medios se lo conoce por fallecer este verano con gastroenterocolitis— su madre nunca se hizo cargo. Una abuela lo sostuvo hasta que no dio más y fue a localizar al padre biológico. Junto a él vivió en una carpa, en el monte, donde el padre hacía zafra. Hasta que un accidente (se presume que fue la caída de una rama cortando leña) le deja una fractura expuesta que implica la internación en el hospital pediátrico Pereira Rossell.
Allí permanece meses, incluso después del alta médica. No tenía a dónde ir, la abuela lo iba a visitar. Pasa a un hogar del INAU y luego, por una patología psiquiátrica, es derivado a una clínica de salud mental.
En febrero fue el tercero de su habitación en caer enfermo con síntomas de gastroenterocolitis.
La emergencia móvil lo visita en la mañana, lo nota un poco deshidratado, le pasan suero y avisan a los cuidadores que vuelvan a llamar ante cualquier desmejora. El adolescente estaba cada vez más pálido y en la tarde insisten con la emergencia. La médica pide una ambulancia de soporte y están dos horas evaluándolo. Pero se retiran sin internarlo. En la noche muere. ¿Debió ser internado? Es una de las preguntas que se hace la investigación que inició el INAU.
Las salidas no acordadas y los acuerdos de cuidados que se omiten
Una pelea entre adolescente, en el centro de breve estadía para varones, fue el desencadenante. El joven que no quería estar allí, que ya había tenido distintos llamados de atención, se fue sin autorización (salidas no acordadas le llaman).
Uno de los educadores sale en su búsqueda ante el temor de lo peor. Y les pide a unos adolescentes amigos del joven que le den una mano. Van a la plaza de Capurro, donde pensaban que podía estar, y no está.
El educador vuelve al centro para hacer la denuncia policial, mientras sus amigos lo siguen buscando. Hasta que lo encuentran flotando en la bahía de Capurro. Uno se tira al agua a tratar de rescatarlo. El otro va a dar aviso al educador.
Murió ahogado: no se sabe si por accidente o por suicidio.
Los amigos quieren revancha, lanzarse contra el otro grupo de adolescentes. Los calman. Tienen que ir a dar testimonio.
Era el 31 de diciembre. En el móvil policial se da un diálogo que todavía pone piel de gallina en la fuente que lo recrea:
—¡Cómo lo vamos a extrañar!
—Es fin de año. La gente está festejando en familia. De nosotros nadie se acuerda. Nadie nos extraña.
Un oficio que la Institución Nacional de Derechos Humanos le envió al INAU este febrero– y al cual accedió El Observador– pide el cierre del exTribal, este centro de breve estadía que está en el radar del Mecanismo Nacional de Prevención hace unos años.
Hay anotaciones en los cuadernos que hacen los educadores que, perfectamente, pueden ser ejemplos de avisos que dan otros chicos como el que se ahogó:
13 de diciembre, a las 23.30 se retira sin autorización XX, dice tener miedo de dormir en el centro.
Al día siguiente un adolescente llama a su hermano a quien le dice que no puede estar más allí, que le apuñalaron el cachete. Mientras llora, pide que lo vengan a buscar.
Es 27 de diciembre, cuatro días antes del ahogamiento del adolescente. En el cuaderno se lee: “A partir de las 19.40 aprox. los (cita nombres de adolescentes entre los que no está el que se ahogó) adoptan una conducta confrontativa, se ponen a tirar objetos en el comedor y a patear la puerta de la despensa (…) continúan desafiantes confrontando al equipo, toman un palo de lampazo, lo rompen y se ponen a hacerle punta. Se encuentra debajo del colchón de (nombra a un adolescente) un fierro, al cual se le puede observar que intentaron sacar filo”.
Los relatos siguen: llamadas a la policía, intentos de abuso sexual, otros que se quieren suicidar y más de la mitad de los residentes que está fuera del centro sin autorización.
La Institución de Derechos Humanos, luego de aclarar que se están vulnerando los derechos fundamentales de los adolescentes recomienda “disponer de manera inmediata el cierre del centro” porque no se puede garantizar su protección integral.
Jane Wilde Hawking cuenta en Hacia el infinito que “la mortalidad era un concepto que no formaba parte de nuestra existencia. Aún éramos lo suficientemente jóvenes para ser inmortales”.
Pero muchos de estos niños y adolescentes empezaron a mirar la cara de la muerte mucho antes.
Los médicos tienen un término que fue muy polémico en la pandemia hasta que el ministro de Salud del momento, Daniel Salinas, lo reconoció ante el Parlamento: hay muertes evitables (por prevención a que ocurran o por tratamiento oportuno).
¿Qué podría evitarse? Los directorios del INAU vienen insistiendo en tender a acortar la institucionalización, en formar mejor a los técnicos para que un educador no les diga a unos adolescentes que está con una alteración “ustedes no están de vivos, sino no estarían acá” (contó Brecha sobre una auditoría hecha en centros de salud mental) e incluso en cerrar o reformular las puertas de entradas. Pero la lista sigue: la infancia sin amor ni cuidados, la violencia comunitaria, la atención médica más equitativa, la medicalización justa, las drogas o, mejor dicho, parte del complejo entramado que conlleva su consumo y circulación, y la frase del adolescente que resuena el último 31 de diciembre:
—Es fin de año. La gente está festejando en familia. De nosotros nadie se acuerda. Nadie nos extraña.
