El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió este martes rechazar por un tema formal la acción de nulidad que la asociación Redes Amigos de la Tierra había presentado contra el proyecto Arazatí y esto supuso un nuevo revés judicial –en la justicia administrativa– para los opositores de que la planta potabilizadora se instale en esa zona de San José.
Sin embargo, este fallo echa por tierra uno de los recursos presentados contra el proyecto, pese a que no se expide sobre el fondo del asunto, pero hay al menos otros tres que todavía están en curso. La misma asociación presentó otro recurso administrativo, que todavía está no fue resuelto, contra la resolución del Ministerio de Ambiente de otorgarle la Autorización Ambiental Previa al proyecto.
En ese caso, la asociación todavía está dentro de los plazos para presentar la justificación del recurso. Cuando fue presentado, desde Redes señalaron “problemas y contradicciones” entre los informes de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Ambiente y la propia autorización.
Además, cuestionaron que la propia resolución establece 20 compromisos que la compañía debe respetar lo que según Redes muestra la “inadecuación del Estudio de Impacto Ambiental”.
Por su parte, la Federación de Funcionarios de OSE tiene dos recursos presentados, uno de nulidad y otro de suspensión, ambos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si bien no hay resolución aun, OSE cuestionó que el sindicato no tiene lo que se conoce como legitimación activa para presentar esos recursos. Es decir, la empresa pública entiende que el sindicato no tiene un derecho o un interés legítimo para presentar recursos contra el proyecto.
Desde la Federación de Funcionarios de OSE dijeron a El Observador que no son muy optimistas sobre el futuro de esos trámites judiciales. Sin embargo, ya se están asesorando con abogados para recusar la firma de contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo (que llevará adelante las obras). En los próximos días definirán el camino a seguir.
Por último, hay una tercera vía en curso que fue presentada por la organización Tucu-Tucu y la Comisión Nacional en Defensa del Aguay la Vida. En este caso plantearon que se trata de un proyecto inconstitucional y presentaron una acción de requerimiento contra OSE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública además de pedir como medida cautelar que no permitiera a la empresa pública firmar el contrato con el consorcio.
Este caso tuvo repercusión cuando el juez Alejandro Recarey dio lugar a esa medida cautelar y prohibió a OSE avanzar en la firma del contrato. Sin embargo, el gobierno apeló, un tribunal le dio la razón y apartó a Recarey del caso. Sin embargo, el fondo de la demanda todavía no fue resuelto y el jueza Federico Tobia fue quien quedó a cargo del caso.
Los impulsores de la demanda plantean que el proyecto viola la Constitución porque el artículo 47 de la carta magna dice que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".
Desde el gobierno aseguran que lo firmado con el privado es un contrato de obra pública. El consorcio se hará cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento; además será responsable de la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas. La operación de los demás componentes será por parte de OSE. La empresa pública justifica que la operación del agua potable estará bajo su responsabilidad.
Las obras
La firma del contrato a mediados de enero dio vía libre para que el consorcio privado comience aunque sea una parte de las obras. Sin embargo, desde la empresa están esperando que OSE les ceda los terrenos necesarios para empezar. La proyección que manejan en el consorcio es que sea entre fines de marzo o principios de abril.
