El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que enviarán al Parlamento un ajuste del artículo que permite a la Dirección General Impositiva (DGI) levantar el secreto bancario para que deba haber "de manera fundada" una "presunción de evasión".
El proyecto de Ley de Presupuesto, tiene un artículo en que permite levantar el secreto bancario a la Dirección General de Impositiva (DGI) en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre actualmente.
Consultado al respecto el profesor grado 5 de Derecho Financiero de la Universidad de la República, Andrés Blanco, dijo a El Observador que la diferencia con respecto al régimen existente es que no requiere intervención judicial. Además explicó que actualmente la ley exige que existan indicios de evasión, mientras que el artículo en el Presupuesto no lo mencionaba.
Oddone, por su parte, afirmó en diálogo con Radio Carve que, con el cambio, "para que la DGI solicite esta información, el director de la DGI tiene que establecer de manera fundada de que hay una presunción de evasión y que por lo tanto esa es la razón de porque lo está haciendo".
Además, el secretario de Estado dijo que la nueva reglamentación es "una recomendación" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que de no seguirla se podrían tener "sanciones o restricciones de tipo comercial" por parte de organismos como la Unión Europea.
"Uruguay tiene hoy el estándar de un país ampliamente cooperante con la OCDE", recordó el ministro. Sin embargo, "tenemos desde marzo en proceso una evaluación de nuestro estándar transparencia de información" y "tenemos de la última evaluación que se hizo en Uruguay en 2020 (...) algunas observaciones de nuestro estándar actual", añadió Oddone.
"La recomendación de la OCDE es que hagamos lo que hacen todos los países de la región, con excepción de Chile y Perú, que es una intervención directa de parte de la DGI al acceso a la información", agregó el ministro.
Por otra parte, también dijo que esto es "información a la que ya se accede". "Ocurre desde el 2017 que la DGI accede a un universo de más de un millón de cuentas, conoce saldos. Y no hemos tenido ningún escándalo", según el secretario de Estado.
La nueva reglamentación "agrega celeridad", debido a que según el organismo internacional el tiempo que le lleva a "Uruguay para acceder a información que es solicitada por el fisco extranjero es extremadamente alto, excede los 90 días que es el plazo que ellos tienen establecido".
"El no hacer exigible la interposición de un procedimiento judicial, me consta que es un tema polémico", dijo el economista, pero por otro lado señaló que "es lo que hacen todos los países menos Chile, Uruguay y Perú".
"Esto no es riesgoso", dijo el ministro y agregó que es "partidario" de que este articulado "se apruebe", "con el formato" que impulsa el Ejecutivo.
