La iniciativa del gobierno que ingresó este domingo al Parlamento también plantea, entre otras cosas, la creación de Agencia del Transporte Metropolitano
Tras una campaña de baja intensidad y pocas diferencias entre los programas de los candidatos, el rumbo del gobierno de Yamandú Orsi quedó trazado en 63 compromisos que el mandatario institucionalizó en su primer Consejo de Ministros.
La hoja de ruta, basada en 48 "prioridades para gobernar" anunciadas en campaña por el candidato del Frente Amplio, se estructura en tres ejes estratégicos a los que el proyecto de Ley de Presupuesto dedica buena parte de su impronta: el crecimiento económico, la protección social y la seguridad pública.
La iniciativa a estudio del Parlamento incorpora varias adecuaciones de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas bajo la consigna de estimular la inversión para "apuntalar el clima de negocios", ante un crecimiento del 1,1% en la última década que contrasta con el ritmo de 5,4% logrado entre 2005 y 2014.
Entre ellas se cuentan, como ya había adelantado Gabriel Oddone, la integración entre la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y la Dirección de Zonas Francas para transformarse en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii), medidas de "desempapelamiento" o de desburocratización de trámites y la incorporación del Ministerio de Ambiente a la Comap.
En este sentido, el proyecto de Presupuesto "encomienda al MEF a considerar las interrelaciones con el ambiente en las decisiones de política económica que se adopten", propone crear un "Fondo para el Clima y la Naturaleza" de modo de canalizar potenciales beneficios derivados de instrumentos de endeudamiento sostenible y otorga una partida anual de $40 millones para apoyar a las intendencias para reducir el enterramiento de residuos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dentro de la prioridad estratégica de la protección social, y como consta en el listado de los 63 compromisos de gobierno, el proyecto de ley de Presupuesto otorga los recursos para aumentar prestaciones del Bono Crianza y de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
Para el primero se buscan destinar $318 millones a partir del 2026 y alcanzar los $425 millones al final del período. Durante el primer año, el gobierno propone aumentar en un 50% el Bono Crianza para los hogares más vulnerables -que cobran el doble en la TUS- y pasar de los $2.226 actuales a $3.339 por niño.
Para los que cobran una TUS simple habría un incremento del 25% en el Bono Crianza -totalizando $2.783 mensuales- y recién se consolidaría el aumento del 50% a partir del 2028. La medida abarca a las mujeres embarazadas o que tienen hijos menores de 3 años.
El proyecto propone además la creación de una "canasta higiénica menstrual" para beneficiarias de la TUS de entre 12 y 50 años de edad. El gobierno busca alcanzar a 141 mil mujeres al final del período con un valor anual de $1.200 a efectivizarse por la plataforma TuApp. La política arrancaría con una inyección de $96 millones a partir de 2026 -de modo de beneficiar a 80 mil mujeres- y llegaría a los $181 millones para 2029.
Se trata de un instrumento aprobado a fines de la pasada legislatura a impulso de la entonces diputada María Eugenia Roselló, pero al que aún no se le habían asignado fondos por estar fuera del plazo constitucional para asignarlos.
Dentro del Mides, el proyecto también contempla una partida anual de $30 millones para reforzar la atención a las mujeres en situación de violencia o de trata, una de $40 millones a partir del año que viene y de $50 millones desde 2027 para "desarrollar nuevas iniciativas de atención de la salud mental y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas para personas con alta vulnerabilidad social".
También se explicita una partida de $18 millones para el fortalecimiento de la reinserción social de los liberados del sistema penitenciario y $10 millones en 2026 para el programa "Ni silencio ni tabú", destinado a la salud mental de adolescentes y jóvenes.
Si bien el Presupuesto no garantiza alcanzar el 6% del PBI para la educación más un 1% para la investigación y el desarrollo como postula el programa del Frente Amplio, el proyecto sí busca efectivizar algunos compromisos explicitados por Orsi desde la campaña electoral.
La iniciativa otorga un financiamiento de $449 millones a partir de 2026 para llevar el Bono Escolar de $2.500 a los quintil 3 a partir del año que viene -el beneficio ya se aplicó para los dos quintiles más bajos para el retorno de estas vacaciones de invierno-. El proyecto propone totalizar en casi $800 millones los recursos destinados para este fin al cierre del período, sumando al quintil 4 a partir del 2027 y al quintil 5 en 2028 para completar a todos los estudiantes de educación inicial y primaria pública.
La exposición de motivos reivindica una "ampliación histórica" a nivel de las becas para quintuplicarlas y aumentar su valor, con una inyección de $221 millones a partir de 2026 y un incremento sostenido hasta llegar a $875 millones al final del período. Se trata de becas de $10 mil anuales que percibieron 14.700 estudiantes de educación media -Secundaria y UTU- durante el año pasado.
El Poder Ejecutivo propone un valor diferenciado según el curso de cada alumno y un máximo de $25 mil anuales para estudiantes de tercer año de educación media superior, y ampliar el alcance para llegarle a 70 mil beneficiarios.
En esta línea se propone crear una "Secretaría Técnica de las Becas Butiá de Educación Media Pública" -coordinada por el Ministerio de Educación y Cultura e integrada por el Instituto de la Juventud y la ANEP- y reasignarle $147 millones.
Por otro lado, el Presupuesto busca destinar una partida anual de $590 millones para fortalecer los servicios de alimentación en los 55 centros de estudio en los que se extenderá el tiempo pedagógico, con el fin de abarcar a 20 mil estudiantes de educación media básica y UTU.
Hoy ya existen 61 centros de ese nivel de enseñanza con jornadas educativas extendidas.
La exposición de motivos detalla que ANEP también "prevé ampliar la oferta de tiempo extendido mediante la transformación de escuelas de jornada simple (cuatro horas) en centros de tiempo completo", pero que por tener algunas "matrícula reducida y condiciones edilicias adecuadas" es una transformación que puede hacerse con "baja inversión y un costo de funcionamiento incremental limitado, principalmente asociado al servicio de alimentación.
Además detalla que habrá convenios con otras instituciones para expandir el tiempo pedagógico y "desarrollar propuestas en contraturno". Hoy el 26% de los estudiantes de Inicial y Primaria ya asiste a una modalidad de tiempo pedagógico ampliado.
También a nivel de INAU se propone una expansión de los tiempos pedagógicos en los clubes de niños -que ahora incorporarán a infantes de 4 años a la propuesta- y centros juveniles, con partidas incrementales hasta el final del período. En 2026 se inyectarían 17.500 unidades reajustables ($32 millones) y 43.500 UR ($79,5 millones), respectivamente.
A su vez, el proyecto propone recursos para INAU con el fin de "desarrollar y fortalecer alternativas de cuidado de base familiar y comunitaria", en programas de acogimiento familiar. Como había adelantado El Observador, la exposición de motivos establece que el proyecto "prevé la implementación de una modalidad específica de cuidado familiar para niñas y niños de 0 a 3 años" de modo de tender hacia "la reconversión y el cierre progresivo de los centros residenciales para menores de tres años" junto con "la promoción de una normativa que prohíba el acogimiento residencial para este grupo etario".
El proyecto de ley de Presupuesto crea al futuro Hospital de la Costa como unidad ejecutora, de cara a la construcción de este centro para atender la creciente demanda en la Costa de Oro.
El articulado contempla además unos $180 millones anuales entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE -que se lleva la mayor parte- para políticas destinadas al cumplimiento de la Ley de Salud Mental y la implementación de un Plan Nacional de Salud Mental.
Entre varias disposiciones, a ASSE también se le conceden $100 millones para el año que viene con destino a "financiar la creación de cargos asistenciales que permitan fortalecer el primer nivel de atención y mitigar la falta de médicos en el interior del país".
Dentro del MSP y con $40 millones anuales, se crea una "Agencia de Vigilancia Sanitaria" con el fin de "fortalecer la eficiencia, la eficacia, la independencia técnica y la transparencia en los procesos de registro, regulación, farmacovigilancia y tecnovigilancia de las tecnologías sanitarias".
Por otro lado, un documento que circula dentro del gabinete de gobierno y del Frente Amplio sobre el alcance del Presupuesto hace referencia a que al final del quinquenio "ningún usuario del sistema de salud (público o privada) espere más de 30 días para ser atendido por un especialista", o cinco días en el caso de una consulta con médico general o de familia, y no más de 48 horas si se trata de pacientes infantiles.
"Estas metas, ambiciosas pero concretas, estarán acompañadas de un sistema de monitoreo y gestión que permita identificar cuellos de botella y optimizar recursos para cumplir con los plazos comprometidos", establece el documento del oficialismo.
El proyecto propone llenar mil vacantes e incorporar otros mil cargos policiales: 500 ejecutivos y 500 operadores penitenciarios.
En el articulado además se busca crear la Dirección Nacional de Policía Comunitaria Orientad a Problemas como una unidad dependiente de la Policía Nacional.
Con $50 millones a partir del año que viene, la iniciativa promueve financiar pagos de compensación por nocturnidad como incentivo a unos 18 mil policías.
El Presupuesto postula $100 millones a partir de 2026 y hasta $280 millones al cierre del quinquenio para adquirir 5.300 nuevas cámaras de videovigilancia y así superar las 18 mil. En sus compromisos de campaña, Orsi propuso llegar a 20 mil al final de su gobierno.
Además, con $50 millones para el Ministerio del Interior, se busca comprar mil nuevas tobilleras para sumar a las 2.300 existentes al día de hoy, más otros $55 millones que complementarían la adquisición de estos dispositivos con el fin de atender casos de violencia doméstica.
También se prevén recursos para sumar diez drones al sistema ShotSpotter de la Policía, que detecta detonaciones de arma de fuego en algunas zonas de Montevideo.
Con $93 millones a partir del año que viene y hasta $239 millones al final del período, el Presupuesto propone crear una nueva fiscalía especializada en violencia doméstica y de género, dos juzgados en el interior especializados en esa materia y un refuerzo a la institucionalidad de la justicia en Ciudad del Plata, donde -según la exposición de motivos- "se constata una brecha entre el crecimiento poblacional y las capacidades instaladas".
Además, se busca crear una Fiscalía Especializada en Cibercrimen para la "aplicación efectiva de la ley de ciberdelitos" y para "brindar cooperación internacional".
A nivel de cárceles, la exposición de motivos enumera partidas adicionales para la construcción de un nuevo módulo a través de proyectos de participación público privada (PPP) con 1.430 plazas para la cárcel de Libertad, y la ampliación de 1.015 plazas para una unidad destinada a mujeres en Punta de Rieles.
Aunque sin entrar en detalles sobre el proyecto a llevar a cabo, la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo crea la "Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano", una entidad de derecho público no estatal que será coordinada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y por las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.
Se trata de un primer paso para una reforma que el Poder Ejecutivo está proyectando para los corredores de Avenida Italia-Giannattasio y 8 de Octubre-Camino Maldonado, y que contaría con fondos del BID, el Banco Mundial y la CAF, aunque la negociación entre las partes está lejos de cerrarse.