Uno de los objetivos que el gobierno de Yamandú Orsi se ha trazado es unificar la abogacía del Estado, sobre todo en lo relativo a las demandas de alta complejidad tanto antre tribunales locales como en arbitrajes internacionales, una tarea que viene encabezando la Prosecretaría de la Presidencia.
De hecho, el actual prosecretario Jorge Díaz se había referido a la necesidad de contar con una defensa del Estado unificada en el marco de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En un conversatorio con periodistas que se realizó en junio, organizado en conjunto con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el jerarca afirmó que “los grandes juicios contra el Estado” lo tenían “sin dormir”, y puso el ejemplo del juicio de Conaprole contra el Ministerio de Ganadería por US$ 80 millones.
Sin embargo, debido a la decisión del Ejecutivo de dejar para más adelante, en una ley aparte, la creación del Ministerio de Justicia, se incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República.
Justificando la necesidad de esa oficina, Díaz había considerado que era un “problema” que el Estado no tuviera una infraestructura de defensa, o que no pudiera contratar abogados particulares.
En ese marco, el artículo 38 del proyecto de ley crea la nueva secretaría y le asigna los cometidos de "apoyar, gestionar o coordinar la defensa del Estado en aquellos procesos jurisdiccionales que se consideren litigios estratégicos, así como patrocinar o representar al Estado en los mismos", así como "relevar y analizar la situación del Estado, en materia de procesos jurisdiccionales en los que sea parte, quedando a su cargo la administración, gestión, mantenimiento y actualización de un registro que centralice dicha información".
La Secretaría de Litigio Estratégico podrá "requerir cualquier tipo de información, dato o colaboración de los organismos del Estado, así como de las personas de derecho público no estatal y las sociedades anónimas en las que participa el Estado".
“En defensa de los intereses del Estado, dichos organismos se encontrarán obligados a proporcionar los datos o la información, dentro del término fijado por la referida Secretaría”, establece la norma.
También habilita a la secretaría a "crear o coordinar salas de expertos para el asesoramiento o estudio en temas vinculados al litigio del Estado, realizar estudios normativos vinculados a la materia de su competencia y celebrar convenios o protocolos con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en temas vinculados a sus cometidos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Relaciones Exteriores".
Entre las competencias se le asigna la de desarrollar o participar en proyectos vinculados con la implementación de la tecnología destinada a fortalecer la defensa del Estado en procesos jurisdiccionales.
El artículo no menciona qué partidas se le asignarán pero le encomienda "administrar los fondos presupuestales que le sean asignados y los recursos que generen sus actividades, así como aquellos que sean fruto de la cooperación internacional".
La nueva secretaría asumirá las competencias que hasta el momento tiene la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, respecto al Registro Único de Juicios del Estado (RUJE).
El artículo agrega que "el Poder Ejecutivo establecerá las distintas categorías de litigio estratégico nacional e internacional en las que podrá intervenir la Secretaría, así como las modalidades de su participación, sin perjuicio de lo que se decida para cada caso concreto".
Los juicios internacionales que están en trámite
Durante el período de trancisión del gobierno de Luis Lacalle Pou al de Orsi, Díaz se refirió a los juicios que enfrenta Uruguay y señaló que en ese momento eran cinco, aunque el de Pluna ya se terminó porque se había llegado a un acuerdo, cuyo pago se concretó en febrero.
En ese caso, en febrero de 2024, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) había condenado a Uruguay por expropiación y violar sus obligaciones internacionales de trato justo y equitativo a pagarla al accionista privado de Pluna, Latin American Regional Aviation Holdings (Larah), por alrededor de US$ 80 millones. El gobierno de Uruguay llegó a un acuerdo para el pago de un laudo de US$ 30 millones más intereses.
Otros dos juicios están asociados con la minera Aratirí que le reclama al Estado. En ese caso los herederos del dueño de la minera buscaban reactivar un juicio por US$ 4 mil millones, que se generó luego de que el gobierno de José Mujica decidiera anular el proyecto de extracción de hierro en territorio uruguayo.
La Corte de Casación francesa entendió que el tribunal inferior que había reabierto la demanda se excedió en su decisión de aceptar discutir el fondo de la cuestión y el caso volvió a ese tribunal.
También Montecon demandó a Uruguay ante el Ciadi por el acuerdo con Katoen Natie. La empresa Neltume Ports S.A. presentó una demanda por la disputa sobre la operación portuaria en Uruguay, en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Chile (2010).
Por otra parte, el gobierno fue notificado del interés de parte de la empresa Asesores Financieros de Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (AFAO), de entablar un arbitraje contra el Estado uruguayo, a raíz de la rescisión del contrato, que se había firmado con la compañía Consorcio Ruta 1 S. A. para hacer una obra en esa ruta.
