Cuando el ministro Gabriel Oddone culminó su presentación, se abrió el micrófono para los legisladores que desearan hablar. Ese sábado iba a irse aplaudido de la residencia de Suárez y Reyes, luego de confirmar que se había cerrado con los funcionarios de la Universidad de la República (Udelar) el último convenio con los públicos que faltaba. Un rato antes había tomado la palabra la senadora Constanza Moreira, quien durante su interlocución ironizó: ahora que en el Presupuesto casi no había plata para los militares, iba a concentrarse en dar la discusión por la Udelar.
El comentario es ilustrativo del estado de situación del Ministerio de Defensa: es una de las carteras que en el proyecto de ley, tal como hoy se proponen asignar los recursos, pierde presupuesto al final del período. Con más de 28 mil funcionarios y siendo una de las puertas de entrada a la administración central más numerosa, no deja de ser el segundo inciso más pesado y recibe casi uno de cada cinco pesos que van para el Poder Ejecutivo. Pero, en las condiciones actuales, arranca en $36 mil millones y termina en casi $34 mil millones.
El ministerio que hoy conduce Sandra Lazo (MPP) está a cargo de uno de los 63 compromisos de gobierno de Yamandú Orsi: la “creación e implementación de un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras”. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había declarado en un evento en julio que iba a “haber inversiones dentro del Presupuesto Quinquenal para mejorar la protección del espacio aéreo y de las fronteras” y que “seguramente” habría el año que viene “fuertes anuncios” para adquirir radares y equipamiento.
Un equipo de Defensa negoció hasta los últimos días con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para establecer en el proyecto de ley la creación del mencionado comando y dotarlo de recursos, pero la disposición terminó quedando fuera del articulado. Según reconstruyó El Observador, terminó primando la posición del MEF de que la cartera debe hacer frente a las inversiones ya comprometidas desde el gobierno anterior, entre las que se incluyen dos patrulleras oceánicas por 82 millones de euros, seis aviones A29 Super Tucano por US$ 100 millones y nuevos radares de Indra por 24 millones de euros.
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Diego Battiste
La ministra Lazo había dicho en entrevista con El Observador que “pesa y mucho” en las negociaciones de Defensa las “obligaciones contraídas” que “afectan el actual período de gobierno y que tienen un costo total de US$ 352 millones aproximadamente”. Ahora la cartera confía en conseguir buena parte de los recursos para estos proyectos prioritarios de la actual administración en la próxima Rendición de Cuentas, indicaron fuentes al tanto de las conversaciones.
Eso lleva a que la bancada oficialista esté considerando introducir la creación de este nuevo centro coordinador durante la discusión parlamentaria, según adelantó a El Observador el diputado emepepista Carlos “Carapa” Rodríguez. El legislador –que integra desde el período pasado la Comisión de Defensa– expuso que están en conversaciones para decidir si lo presenta el Poder Ejecutivo mediante un mensaje complementario o si lo hace la propia bancada.
Fuentes de Defensa consideran que un escenario propicio sería sentar las bases dentro del Presupuesto para generar la nueva estructura y luego asignarle los recursos en la Rendición de Cuentas del año que viene. De momento, desde el gobierno han evitado brindar mayores detalles sobre cómo funcionaría el organismo, en tanto sus dimensiones dependen de la disponibilidad de fondos.
La idea del Ejecutivo es que en la órbita del centro coordinador cooperen con mayor fluidez todos los organismos que hoy están vinculados a la vigilancia de las fronteras, como el Ejército, la Fuerza Aérea, Aduana y Migraciones.
Plata para la tropa
Un segundo ribete en torno al presupuesto de de Defensa se desprenderá de la negociación parlamentaria con la oposición, en especial ante el anuncio de Cabildo Abierto –transmitido por el general Guido Manini Ríos al propio presidente Orsi en la Torre Ejecutiva– de que bregará por un “aumento sustancial” para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas.
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En una entrevista publicada este domingo en El Observador, el exsenador evaluó que en el proyecto enviado por el Ejecutivo “hay algo” para el salario de la tropa, “pero es muy menor lo que está previsto”. “Nosotros vamos a insistir con eso. Son temas que no están en el mensaje inicial del Poder Ejecutivo, pero que tenemos la expectativa de que se va a incluir en un mensaje complementario. Es parte de lo que estamos conversando”, apuntó el general retirado.
Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone también había adelantado que procuraría más recursos para el Hospital Militar.
El artículo 593 de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados propone crear una partida anual de $150 millones (US$ 3,7 millones a valor actual) para “incrementar las asignaciones salariales” de los efectivos militares –escalafón K– y de los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa “equiparados a un grado militar”.
El proyecto también contempla otras asignaciones menores como unos $44 millones para la “implementación de políticas sociales” para el funcionariado de Defensa, $7 millones más aguinaldo y cargas legales para el pago de una compensación especial al personal que realiza “tareas prioritarias” y $2,3 millones para el “incremento salarial de los marineros de playa zafrales”.
Por ser los sueldos más postergados del Estado, el aumento salarial para la tropa suele contar con el apoyo de todos los partidos, aunque cada año genera tensiones dentro del oficialismo dada la prioridad de ese gasto.
A modo de ejemplo, en 2023 Cabildo Abierto mantuvo en vilo a toda la coalición con un reclamo intransigente de asignar $406 millones para lograr un incremento de mil pesos en los sueldos militares desde el rango de soldado hasta el de teniente coronel. El gobierno de Luis Lacalle Pou terminó cediendo y hubo humo blanco a última hora.
Sandra Lazo
Foto: Leonardo Carreño
Ahora el Frente Amplio precisa de los dos votos cabildantes para lograr la mayoría en artículos de su interés que son resistidos por el resto de la oposición.
En el último Consejo de Ministros, la titular de Defensa Sandra Lazo cerró filas con el proyecto elaborado por Oddone dadas las restricciones presupuestales, al tiempo que confía en que “la calidad salarial” de la tropa “no es solamente dinero”, sino también convenios y otros beneficios.
Dentro de la izquierda, las diferencias ideológicas son históricas. Sin ir más lejos, el Partido Socialista intentó el año pasado incluir dentro del borrador del programa de gobierno una mención a la “redimensión” de las Fuerzas Armadas, al tiempo que su corriente Izquierda y Libertad –que para entonces compartía el partido de Constanza Moreira– propuso sin éxito mociones para suprimir las misiones de paz de las Naciones Unidas y explicitar que “no se justifica la existencia de liceos militares”.
