Los cambios del gobierno llevan a que se reduzca lo que las empresas pueden exonerar a través de donaciones
Es un tema que, por distintos motivos, ha estado presente en las discusiones presupuestales de los últimos gobiernos. La administración de Luis Lacalle Pou introdujo algunos cambios y fue tema de disputa en la interna del Frente Amplio durante el anterior ciclo progresista.
Y el gobierno de Yamandú Orsi mantiene la tradición de volver a revisarlo. El artículo 636 del proyecto de Presupuesto introduce una serie de modificaciones a las donaciones especiales que hacen que sea menos atractivo para las empresas destinar recursos con este objetivo.
Las donaciones especiales son aquellas que realizan las empresas contribuyentes de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) e Impuesto al Patrimonio (IP) y por las que reciben beneficios fiscales.
Con la ley vigente, de cada $ 100 que dona una empresa $ 70 pueden ser utilizados como crédito fiscal para abonar los impuestos mencionados. Los otros $ 30 se transforman en lo que se conoce como gasto deducible, lo que quiere decir que se puede restar de los ingresos de la empresa a la hora de calcular lo que debe pagar de impuestos.
Con las modificaciones que introduce el proyecto de presupuesto esa relación de 70-30 pasa a ser de 50-50.
Esto significa que actualmente las empresas reciben una compensación del 77,5% de lo que donan y eso se va a reducir a un 62,5%, según los cálculos realizados por el diputado blanco Pablo Abdala y su equipo de asesores.
“Este cambio implica recortar y restringir un muy buen mecanismo que es una forma de estimular y financiar decenas o cientos de organizaciones o instituciones que realizan tareas de interés público”, cuestionó Abdala en diálogo con El Observador.
Pero el proyecto de Presupuesto incluye otras modificaciones sobre este tema. También actualiza el monto máximo anual que se puede destinar a proyectos de este régimen y lo pasa de $ 550 millones a valores de 2020 a $ 964 millones a valores de 2025.
Además, el Poder Ejecutivo puede fijar topes individuales para cada entidad beneficiaria o grupo de entidades así como también para el donante. Sin embargo, más allá de eso, la ley establece un máximo por entidad beneficiaria del 15% del “monto máximo anual”. Ahora, ese se reduce a un 12%. De todos modos, tanto en la ley actual como en el proyecto, este tope solo rige para las instituciones que no recibieron donaciones en 2018.
Para las que recibieron ese año, “se podrá mantener el mismo monto autorizado en dicho año, el que podrá ser ajustado anualmente por hasta la variación de la unidad indexada (UI) del ejercicio anterior”. “En todos los casos, el tope máximo por entidad beneficiaria estará sujeto al análisis y control del Poder Ejecutivo para su fijación”, dice el proyecto a estudio del Parlamento.
El nuevo proyecto también elimina la distinción que la ley actual establece para las universidades privadas (ORT, UCU, UM, UDE y CLAEH) , el Instituto Universitario Francisco de Asis, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y el Instituto Metodista Universitario Crandon.
Para esos casos, la ley establecía que de las donaciones destinadas a esas instituciones el 40% se podía utilizar como crédito fiscal y el otro 60% como gasto deducible (en el régimen general es de 70-30).
Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto se plantea que el régimen sea igual para todos (50 – 50).
Las instituciones que pueden recibir donaciones de este tipo están listadas en el artículo 99 del título 4 del Texto Ordenado 2023 (Dirección General Impositiva). Grosso modo se trata de instituciones vinculadas a la educación (primaria, secundaria y terciaria) tanto público como privada, a la investigación, a la salud, al apoyo a la niñez y la adolescencia, a la rehabilitación social y otras como Techo, Fundación Gonzalo Rodríguez, la Unasev, la Fundación Torres García, la Pablo Atchugarry, entre otras.
Son cientos de organizaciones que pueden ser beneficiarias de estas donaciones en las que las empresas reciben estos beneficios.
Este es un tema que en cada instancia presupuestal ha sido parte de la discusión. En 2016 la bancada del Frente Amplio, a impulso del sector Ir de Macarena Gelman, votó eliminar a las universidades privadas del listado de posibles beneficiarias.
Sin embargo, a pedido del entonces ministro de Economía, Danilo Astori, se acordó modificar el régimen y establecerlo en el 40% actual para las universidades privadas. Este beneficio fue instaurado inicialmente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Al inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou, en tanto, la coalición intentó eliminar del listado de posibles beneficiarios a los organismos que percibieran dinero del Estado. De esta forma quedaban afuera instituciones como la Universidad de la República (Udelar), el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre otras.
Sin embargo, en la Cámara de Senadores se acordó restituir a aquellos organismos públicos que ya habían sido beneficiarios de estas donaciones.
Ahora el Frente Amplio busca volver a modificar el régimen, reducir lo que las empresas pueden exonerar y eliminar la diferencia que existía para las universidades privadas.