Es notoria la preocupación del gobierno actual de limitar la discrecionalidad de los gobiernos de turno, lo cual parecería ser fruto de la experiencia reciente del gobierno anterior que comprometió recursos de gobiernos futuros, como fue el caso de los Contrato CREMAF realizados por CVU (repago a 10 años) o el proyecto Neptuno contratado por OSE (repago a 17 años), los cuales no estaban topeados por el legislativos en el uso de recurso de largo plazo, como sí sucede con los Contrato PPP.
Entre otras cosas, sobre el futuro desarrollo de proyectos de infraestructura, en el Proyecto de Ley de Presupuesto se propone la aplicación de la misma restricción que hoy existe para limitar el uso de los contratos PPP (que, por sus características de repago público a largo plazo, terminan afectando presupuestos de gobiernos futuros), a todos los proyectos de infraestructura pública que realiza el Estado uruguayo cualquiera sea su modalidad de ejecución o entidad responsable.
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En términos de obras de infraestructura, la Ley de Presupuesto propone continuar con inversiones en el sector vial, atendiendo corredores de menor jerarquía que las rutas primarias, las cuales fueron ampliamente atendidas en el período anterior. En este caso, se propone realizar obras en Ruta 26, Ruta 11, Ruta 4 y Ruta 2, además de obras de by pass en la ciudad de Tala y Rivera-Puerto Seco.
En el sector ferroviario, se propone ampliar las obras complementarias al Ferrocarril Central, destacándose la rehabilitación del puente sobre el Rio Negro y las conexiones con la terminal de ANCAP en Montevideo y Durazno, además de la conexión con el puerto de Montevideo.
También se provee la realización de obras en varios puertos deportivos y comerciales, así como también obras de dragado.
En infraestructura urbana, se destaca la realización de obras en la zona metropolitana con la creación de corredores de alta frecuencia, además de la creación de una Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano para la gestión de proyectos de movilidad metropolitana.
En el sector de agua y saneamiento, se propone implementar obras de riego, asignando un rol de ejecución de las mismas a la CND. Adicionalmente se incluye la realización de la represa del arroyo Casupá, además de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (sustituto del Proyecto Neptuno recientemente renegociado con el consorcio privado)
Si bien no se precisa bajo qué modalidad contractual se ejecutarán estas obras, se podría asumir que el gobierno actual no optará por un uso intensivo de un único mecanismo contractual en concreto (Obra Pública, CREMAF o PPP). Por el contrario, mantendría abierta la posibilidad de recurrir a todo el set de opciones disponibles, incluyendo la reactivación de la herramienta PPP, utilizada de forma amplia en las administraciones frenteamplistas anteriores.
