La retroactividad es una dificultad para empresas y asalariados si la negociación se alarga demasiado en el tiempo
Hay unos 655 mil trabajadores del sector privado con convenios colectivos que vencieron el pasado 30 de junio. Actualmente se están desarrollando las negociaciones para definir los ajustes salariales por los próximos dos años hasta mitad de 2027.
Un relevamiento realizado por El Observador entre los principales grupos de actividad da cuenta que a la fecha existen todavía pocos avances. En varias de las mesas que están funcionando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hubo al menos dos reuniones, donde los trabajadores presentaron sus reivindicaciones y los empleadores plantearon su posición, pero sin entrar a “hilar fino” en cuanto a propuestas y contrapropuestas, se indicó. Se espera que en las próximas semanas haya avances y en el correr de octubre se acelere el ritmo de cierre de acuerdos.
Los convenios vencieron a fin de junio y las mesas se instalaron ya entrado el mes de julio. El gobierno ha sugerido a las partes un plazo de 90 días para negociar los nuevos acuerdos.
Comúnmente a los 60 días desde la puesta en marcha de las conversaciones se empieza a evaluar la situación mesa por mesa tomando en cuenta el curso de la negociación, el nivel de acercamiento entre las partes e incluso los antecedentes de rondas anteriores.
A partir de ahí el Poder Ejecutivo determina en qué mesas amerita dar algo más de tiempo porque es factible llegar a un acuerdo tripartito. Y también en cuáles se debe generar el desenlace final, esto es pasar a votación el lineamiento oficial, o en su defecto implementar el decreto del Poder Ejecutivo.
Si las firmas de los convenios se demoran mucho en el tiempo pueden generar dificultades asociadas al pago de los retroactivos, que en este caso son a julio de 2025. Esto puede suponer un problema para las empresas que deben afrontar un pago sin todavía tener claro las cifras, y también para los asalariados que ven demorada la actualización de sus ingresos. De ahí la importancia de que cada reunión de Consejos de Salarios sea eficiente y tenga contenidos para que las partes traten de acercarse.
El sector supermercados es uno de los subgrupos más importantes del comercio y donde la negociación suele llevar más tiempo. A la fecha se llevan dos reuniones realizadas. El sindicato de Fuecys presentó su plataforma y a mediados de mes tendrá respuesta por parte de la Asociación de Supermercados del Uruguay.
El dirigente de Fuecys, Carlos Baíz, dijo a El Observador que se prevé una negociación “dura” porque el sector empleador ha planteado que los lineamientos dados por el Poder Ejecutivo son “elevados”.
“Nosotros queremos mejorar beneficios y tener un ajuste mayor a los lineamientos porque entendemos que el sector va a crecer bastante, hay exoneraciones de impuestos y se están abriendo más locales. Las empresas están incorporando también mucha tecnología que hace a menos mano de obra. Hay un combo de cosas que marcan una negociación que será compleja”, afirmó.
La fórmula oficial establece como punto de partida una clasificación en tres franjas de acuerdo con el nivel de ingresos y propone aumentos preferenciales para la franja inferior.
El grueso de los salarios del comercio está comprendido en la primera franja de ingresos hasta $ 38.950 nominales. Allí el gobierno sugiere ajuste nominal de 7% el primer año, y de 6,4% en el segundo año, con un crecimiento real proyectado de 4,2% en la medida al cabo de dos años si se cumple la estimación oficial de inflación.
Dentro de la industria manufacturera, el grupo 8 reúne a ramas vinculadas a la fabricación de productos metálicos maquinaras y equipos.
La Untmra reclama que se implemente el Fondo Social Metalúrgico (Fosmetal) en subgrupos donde todavía no existe como electrónica y plástico. Ese fondo otorga beneficios como cobertura odontológica y oftalmológica para los trabajadores del sector.
El dirigente Danilo Dárdano dijo a El Observador que el panorama está “recontra complicado” porque se recibió una respuesta negativa al pedido. El sindicato definirá en estas horas “profundizar medidas” en los dos sectores involucrados y cómo encarar la negociación en las otras mesas.
Semanas atrás se había manejado que de no aprobarse en los convenios colectivos la incorporación de la rama del plástico y de electrónica al Fosmetal se podían ver afectadas las conversaciones en el resto de las mesas. Y en la práctica se cumplió porque a la fecha no hubo apertura de subgrupos, informaron a El Observador fuentes de la industria.
Hay también otros puntos en carpeta que forman parte de los ejes programáticos del sindicato. Entre ellos, figuran la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales sin pérdida de salario, un salario mínimo de $ 40.000 en el sector industrial y el fortalecimiento de la inclusión de la mujer en la industria.
En el grupo de trabajo doméstico uno de los puntos centrales pasa por la creación de categorías laborales con remuneración diferenciada.
El sindicato propone cinco divisiones: cuidado de personas (niños, adultos mayores y personas con discapacidad), cocina sencilla o elaborada (con responsabilidad en el menú, compras y manipulación segura de los alimentos), limpieza (de mantenimiento y a fondo), lavado y planchado, y mantenimiento de exteriores y cuidado de mascotas.
La dirigente sindical Laura Rivero dijo a El Observador que si bien se logró abrir la discusión en la mesa de negociación, el tema “sigue trancado” por la negativa del sector empleador a considerar el planteo.
La Liga de Amas de Casa realizó una contrapuesta que pasa por crear la categoría de “ama de llaves” o encargada, y de casero con retiro. Según Rivero, el rol de “ama de llaves” es poco común en Uruguay, y solo existe en hogares de alto poder adquisitivo donde hay más de una trabajadora contratada. Además, indicó que no realiza tareas como empleada doméstica sino que funciona como un cargo superior y con un salario también más elevado que la media del sector.
En el grupo del sector financiero hubo entre dos y tres reuniones en cada una de las ramas. El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, dijo a El Observador que se intercambiaron plataformas con los representantes de los empleadores y se tiene expectativas de empezar a “cerrar” temas en las semanas venideras.
Aquí están comprendidos los bancos privados, afaps, procesadoras de tarjetas de crédito, administradoras de crédito, casas de cambio y compañías de seguros, entre otros.
La mayoría de los trabajadores está dentro de la franja de ingresos que va desde $ 38.950 a $ 165.228 nominales, donde el lineamiento proyecta un crecimiento real de 2% al final de dos años, y también los hay en la franja superior.
Desde AEBU se ha señalado que las pautas dadas por el Poder Ejecutivo no aseguran mejoras reales en los salarios, aún cuando se proyecta un crecimiento de la economía en los próximos dos años, en la medida que depende del cumplimiento de las metas inflacionarias.