Está como el referente de un espacio que se propuso “disputar el centro político”. ¿Dónde está en el plano de las ideas?
La Vertiente no se propone disputar el centro político, sino que nace y se ubica en él desde su origen en 1989, en la práctica de una oposición constructiva, con Mariano Arana y Enrique Rubio a la cabeza, hasta sus definiciones a favor de la renovación ideológica. Recoge una tradición de izquierda a la uruguaya, con raíces en la izquierda tradicional y el movimiento social, pero también en el progresismo histórico que nos ha distinguido en el mundo, con el reformismo de José Batlle y Ordóñez y el planteo artiguista.
Edgardo Ortuño
Foto: Leonardo Carreño.
¿Se siente un socialdemócrata?
Me siento más cerca de la socialdemocracia original, pero hoy no me representa ese paraguas, porque creo que Europa ha perdido la referencia que tuvo en otro tiempo. La socialdemocracia en países europeos fue referencia para mí, pero desde Latinoamérica siempre tuvimos una concepción más de avanzada. Hoy no veo representada a la socialdemocracia como una opción ideológica clara y firme en el mundo. Me siento como un progresista, que adhiere a lo que Tabaré Vázquez decía “una izquierda a la uruguaya”.
¿Qué le parece la estrategia de Orsi de no adelantar propuestas concretas en esta etapa?
Acertada. Los lineamientos de las bases programáticas del FA son la expresión de la unidad en esta etapa. Ceñirse a ellas es también la apuesta a la construcción del plan de gobierno con todo el FA, y no solo con el arco de sectores que apoyan su candidatura, a partir del resultado del 30 de junio.
¿No es una suerte de cheque en blanco? Se vota al candidato sin saber sus propuestas.
Sus ideas son las aprobadas por el Congreso del FA, es una señal de unidad.
El programa del FA habla de priorizar la concreción de Casupá. ¿Cómo se haría, considerando lo que ya está comprometido para la planta de Arazatí?
Un gobierno del FA tendrá que asumir los principales desafíos para el desarrollo en clave de igualdad y de sostenibilidad. No hay cómo no asumir el compromiso de garantizar el abastecimiento de agua potable para la mitad de la población, que es lo que hace Casupá. El gobierno eligió explorar una solución alternativa que no resuelve la demanda en el corto ni mediano plazo, y además lo hizo con un modelo de gestión contrario a la Constitución y a desarrollar las empresas públicas en áreas clave. Sin duda tendremos restricciones presupuestarias fuertes producto de la gestión irresponsable de estos proyectos por parte del gobierno. Hay costos de más de US$ 50 millones anuales por el plan Neptuno (Arazatí), más el proyecto de saneamiento –que afortunadamente tiene un modelo de financiamiento distinto–, pero también es a cuenta del pago en próximos gobiernos y eso engrosa el desfinanciamiento que vamos a heredar en la OSE.
Edgardo Ortuño
Foto: Leonardo Carreño.
En ese escenario, ¿se puede concretar Casupá?
Tendremos que redefinir las prioridades del resto de los proyectos para concretar Casupá. Faltan datos, hay que ver en qué estado recibimos el proyecto Neptuno (Arazatí). No sabemos en qué quedarán las obras de más de US$ 50 millones para enfrentar la emergencia hídrica –otra muestra de improvisación– y tendremos que incorporar esas infraestructuras en los planes de gobierno del próximo período.
¿Estaría de acuerdo con detener la construcción de la planta en Arazatí, como promueven algunos sectores en el FA?
Tenemos que esperar el avance de los estudios técnicos y ambientales y la dilucidación de los recursos en la Justicia, ahora que el Poder Judicial avaló la legitimidad de las organizaciones sociales para cuestionar el proyecto. Hasta que no esté despejado, el FA no puede tomar decisión sobre el destino del proyecto Arazatí. Habrá que articular el manejo de los tiempos de concreción de la obra con las disponibilidades presupuestales y los compromisos heredados. El FA tiene que ganar y abrir un nuevo ciclo de gobiernos progresistas. Casupá es imprescindible para asegurar a mediano plazo el abastecimiento. Estamos convencidos de su viabilidad, que está recomendada desde la década de 1970. Lo haremos con la OSE que nos deje este gobierno, que será una OSE fundida en términos de caja presupuestal.
El programa del FA habla de reglamentar el artículo 9 de la Ley de Política Nacional de Aguas, lo que lo habilita a cobrar el canon por el uso industrial del agua. Hay distintas interpretaciones en el FA . ¿Un futuro gobierno debería aplicarlo?
Tendremos que analizarlo en el marco de un acuerdo nacional por el agua para el consumo humano y la producción, en la lógica de desarrollo sostenible. El FA también tiene que hacer una política de Estado con el riego. Tendremos que esperar a escuchar todas las voces para tomar una decisión.
Personalmente, ¿está de acuerdo con aplicar el canon?
Creo que hay que avanzar gradualmente en su aplicación. En el marco de un consenso y del diálogo social.
Hay sectores del FA que propusieron hacerlo de inmediato. ¿Por qué no ahora?
Porque hay que desarrollar esta política de diálogo nacional y estar a lo que resulte. Hay que analizarlo teniendo en cuenta además las prioridades que nos marca, no solo el compromiso ético y político con la realidad que nos deja este gobierno, sino las de nuestro programa: el abatimiento de la pobreza infantil, la mejora sustantiva de los problemas de seguridad y el impulso del desarrollo productivo.
Teniendo en cuenta esas mismas prioridades, y que medidas como las de riego y obras para revertir las inundaciones y sequías son millonarias, ¿qué margen hay para concretar?
Creo que hay que hacer un plan de inversión en infraestructura por el agua, el ambiente y el saneamiento que sean de corto, mediano y largo plazo. Con amplios acuerdos nacionales, instrumentarlos a partir del próximo gobierno, como ya lo hicimos para transformar la matriz energética.
¿No las ve en cinco años?
Las veo con un impulso sustancial en los próximos cinco años, en el marco de un plan de mediano plazo de transformación radical del país.
Edgardo Ortuño
Foto: Leonardo Carreño.
¿Le gustaría estar al frente del Ministerio de Ambiente?
Me gustaría estar al frente de un triunfo del FA en octubre. Sería absolutamente prematuro y desubicado plantearnos cualquier rol, por aquello de que no se vende la piel del oso antes de cazarlo.
¿Le satisfizo la autocrítica del FA?
Sí, sobre todo por lo que vino de afuera con el programa "El FA te escucha", que impulsó Fernando Pereira. La autocrítica interna fue buena, pero lo profundizó el mensaje franco, fuerte y claro de uruguayos y uruguayas alrededor del país cuando le preguntamos por qué perdió el FA. Eso coloca a la fuerza política en un estadio superior al que teníamos al final del gobierno, donde el orgullo por todos los logros conseguidos nos hizo perder de vista cuestiones que los uruguayos tenían como claves.
Como dijo Orsi en 2020, ¿le parece que el segundo gobierno de Vázquez fue el responsable de la derrota?
Creo que fue un resultado de distintos elementos, desde la desaceleración de la economía por el contexto internacional, hasta problemas en la propia gestión, y la conducción de la acción política del FA. Claramente si los uruguayos no nos acompañaron después de todos los logros construidos era porque estaban valorando que algunos aspectos no cumplieron sus expectativas.
¿Cuánto le pone, del 1 al 10, a ese segundo gobierno de Vázquez?
Se lo dejo a los historiadores.
¿Cuánto le pone a este gobierno?
Uno.
¿Uno? ¿No hicieron nada bien?
Sí, sino le pondría cero. Es un aspecto positivo que ha continuado la política de inversiones en infraestructura vial que impulsó el FA, ejecutando seis o siete contratos PPP que dejamos para hacer gran parte de las carreteras. El resto es un balance francamente negativo: no resolvió los principales problemas del país, lo de la seguridad ciudadana rompe los ojos, tampoco los problemas de ingreso y empleo de las familias, que perdieron 40 meses de salario real o de aumentos en jubilaciones, y además ha transcurrido entreverado entre bochornos vinculados a hechos de corrupción, más apartamientos de las tradiciones democráticas básicas del Uruguay, como vimos con el espionaje a opositores y movimientos sociales.
Edgardo Ortuño
Foto: Leonardo Carreño.
Si le pone uno a este gobierno por la falta de seguridad y los problemas de empleo y economía, no quiero saber cuánto le pone al tercer gobierno del FA.
Ahí se mantuvo el aumento de salarios y jubilaciones por encima de la inflación, más avances en la matriz de protección social con la agenda de cuidados, con obras importantes y continuación de lineamientos de gobiernos anteriores. Hay una diferencia abismal con este gobierno, que ha sido preso de la ortodoxia económica y del conservadurismo político. En plena crisis de pandemia, mantuvo la orientación de realizar un ajuste económico severo, cuando no solo la bibliografía progresista sino también el pensamiento liberal aconsejaban lo contrario. Mantuvo las viejas tradiciones herreristas de insensibilidad en el manejo del Estado. Tampoco cumplió con sus principales promesas de campaña: no aumentar las tarifas públicas, construir 136 liceos modelo, 50 mil viviendas, no se terminó el recreo. No estaban preparados, porque más de diez jerarcas debieron abandonar cargos por irregularidades. Ni por asomo tuvimos los cinco mejores años de nuestras vidas.
Tampoco el gobierno de Vázquez cumplió con la promesa de bajar las rapiñas al 30% y hubo jerarcas procesados. El FA no estuvo curado de promesas incumplidas e irregularidades.
El balance lo hizo la ciudadanía con su voto y lo hicimos en el FA. Ahora corresponde juzgar la gestión de este gobierno que incumplió sus principales promesas de campaña. El presidente prometió una solución inmediata a la inseguridad asociada al cambio de un ministro y fracasó rotundamente.
¿Hay condiciones para resolverlo en un futuro gobierno?
Ahora que quedó demostrado que no había varitas mágicas, hay que encarar un avance significativo en el marco de políticas de Estado que tienen que sostenerse por los próximos 10 o 15 años. Quizás no sea el momento la campaña electoral, pero es hora que todo el sistema político asuma la gravedad y concrete acuerdos de largo plazo con asignaciones presupuestales significativas para atacar las causas profundas. Tener un gabinete de seguridad que comprometa no solo al Ministerio del Interior, sino a Defensa, Desarrollo Social, Educación y Cultura, Salud Pública y deportes. Que los actores del gobierno se den un baño de humildad, asuman el fracaso y estén dispuestos a participar en acuerdos nacionales.
