Las multas aplicadas ascienden a US$ 270 mil y las nuevas a estudio son por US$ 190 mil
El Ministerio de Ambiente analiza imponer dos sanciones a la empresa finlandesa UPM tras un nuevo derrame de contaminantes en el arroyo Sauce por la operación de su planta ubicada en Pueblo Centenario.
Las sanciones ascienden a US$ 190 mil (4.500 unidades reajustables) y fueron sugeridas por los técnicos por haber demorado en la comunicación de la “contingencia ambiental” y por reiterar un “incumplimiento a la pauta de operación prevista”.
Fuentes de Ambiente dijeron que la multa aún no está firme ya que la empresa puede realizar descargos, tal como informó La Diaria.
Con estas dos nuevas sanciones, la planta llegaría a nueve multas en un año y cuatro meses de operación, de acuerdo con datos de Ambiente a los que accedió El Observador.
En el primer año, el ministerio le puso siete sanciones por un total de US$ 270 mil (6.340 UR). La primera –sin multa económica– fue por verter productos superando el “límite de temperatura” mientras que la última fue por superar las cantidades permitidas de “amonio y clorato” (400 UR), algo que ya había ocurrido en otra ocasión en la que también vertió productos que superaron los “máximos de nitrato y nitrito” (100 UR).
Otra de las sanciones fue por superar el “caudal instantáneo y diario” (300 UR). También hubo multas por “demoras en subir información al Sistema de Información Ambiental” (950 UR) y por un evento de “transporte carretero” (90 UR).
Hasta ahora, la multa más grande (4.500 UR) fue por el derrame en el arroyo Sauce ocurrido a mediados de agosto del año pasado.
“Resultó en una afectación ambiental apreciable y significativa, reflejada en una afectación potencial total de la vida acuática del arroyo Sauce y una afectación real a otros usuarios que vieron transitoriamente restringidos los usos habituales que hacían de ese arroyo”, menciona un informe acerca del primer año de operación de la planta realizado a fines de junio.
El documento considera que este evento fue la “principal contingencia” experimentada durante el primer año, y demandó la “implementación de un conjunto de acciones para mitigar las consecuencias ambientales del hecho, para minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos similares en el futuro y para supervisar la recuperación ambiental de la zona afectada, lo cual se espera ocurra en el lapso de un año contado desde el incidente”.
El derrame –una filtración de lixiviado– por el que Ambiente analiza las últimas dos sanciones comenzó el 15 de junio pero fue detectado por la empresa el 18 y reportado al ministerio recién el 26, lo que motivará una de las multas ya que el plan de gestión establece que la comunicación debe ser inmediata.
En sus informes, los técnicos establecieron que la filtración hizo que el pH excediera los estándares de calidad de agua que establece la normativa vigente (llegaron hasta un máximo de 9,3) configurando así la “ocurrencia de impacto ambiental”.
“Alcanzó a todo el arroyo Sauce aguas abajo del sitio donde se produjo el derrame, y el efecto sobre la conductividad fue incluso detectable en la laguna en la que desemboca el arroyo previo al río Negro”, dice uno de los documentos.
En uno de los documentos, los técnicos plantearon que la empresa comunicó que procederá al revestimiento del pozo de bombeo con pintura epóxica y que excavará una zona del terreno en un punto previo a la descarga del sistema de drenaje para conformar una zona “que permita interceptar los escurrimientos que puedan dirigirse hacia el arroyo”.
Los especialistas también dijeron que parecía “recomendable” incorporar un monitoreo permanente de las condiciones de calidad de agua in situ del arroyo en diversos puntos con frecuencia semanal en los parámetros pH, conductividad, temperatura y oxígeno disuelto.
En tanto, en un comunicado, UPM expresó que la variación de pH fue de “baja intensidad, acotada duración y rápida reversibilidad, sin efectos visibles en la biota”.
También consideró que el hecho fue "puntual" y que se logró normalizar la situación "en menos de 24 horas".
En el informe sobre el funcionamiento en el primer año, técnicos de Ambiente señalaron que la empresa cumplió en “términos generales con las condiciones impuestas” por el ministerio y tuvo un “desempeño acorde a lo previsto”.
“El proceso de puesta a punto asociado al arranque de las operaciones industriales llevó a que inicialmente la planta de celulosa no operara de forma estable durante los primeros meses, pero posteriormente su desempeño se estabilizó conforme los meses fueron trascurriendo”, dice el documento.
Respecto a la descarga de aguas residuales, señala que la planta de tratamiento de efluentes operó “mayormente acorde a lo previsto” aunque se “constataron ciertos incumplimientos relacionados con los caudales diarios y los caudales instantáneos vertidos, y puntualmente con las concentraciones de algunos de parámetros de control relevantes (como por ejemplo amonio)”.
Durante el primer año, los técnicos también exigieron que implemente algunas “modificaciones estructurales” relacionadas con la contención de líquidos en diferentes sectores de la planta y en previsión de contingencias que pudieran ocurrir con esos almacenamientos.
