Hasta el momento se presentaron tres denuncias penales contra República Ganadera (RG). La primera denuncia se presentó por parte de una inversionista que había puesto U$S 400 mil para que la empresa comprara 480 novillos y pasados tres años no le devolvieron la inversión como estipulaba el contrato. A ella se sumó otra denuncia por parte de un inversor que había entregado U$S 25 mil y le falsificaron firmas en las guías de propiedad y tránsito de animales, y finalmente este miércoles se sumó la tercera por siete inversores de República Ganadera que habían depositado en la firma U$S 645.000 para la compra de ganado presentó la denuncia penal.
La primera denuncia ingresó a la seccional 1 de Ciudad Vieja el 29 de noviembre por parte del estudio Curbelo, D’ Isabella, Moller y Asociados y plantea que los titulares de RG Nicolás Jasidakis, Mauro Mussio y Elina Fynn, cometieron estafa, apropiación indebida y falsificación. Luego de que a la inversora no se le devolvieran los US$ 400 mil averiguó ante el Ministerio de Ganadería y la respuesta que obtuvo fue que "no existe actualmente, ningún animal registrado a nombre de la compareciente, cuando debía haber 480 y hay 4 guías de propiedad y tránsito del Sistema Nacional de Información Ganadera, (SNIG), que tienen la firma falsificada, por las cuales la mayoría de los animales 374 fueron vendidos sin autorización, por República Ganadera a la propia República Ganadera", plantea la denuncia. El mismo estudio presentó el pasado lunes 2 la segunda noticia por falsificación, también ante la seccional 1.
Luego, las segunda tanda de denuncias, en nombre de siete inversores, fueron patrocinadas por los abogados Santiago Alonso y Nicolás Ghizzo ante la seccional 10 de Pocitos para que sean derivadas a la fiscalía de Delitos Económicos que corresponda.
Según confirmaron los profesionales a El Observador, se tipificó la actuación de la empresa en la denuncia, como delito de estafa, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda ampliarla cuando comience a investigar a otros delitos.
Desde que la empresa se presentó a concurso voluntario de acreedores ante la Justicia, muchos de los 1.600 inversores que invirtieron distintos montos, empezaron a asesorarse con abogados para decidir qué caminos tomar.
Por el momento, los inversores se dividen en tres grupos: quiénes decidieron denunciar penalmente a los titulares de República Ganadera, otro grupo apuesta a que se pueda llegar a un Acuerdo Privado deReorganización (APR) al que debe acogerse el 75% del pasivo de la empresa, para presentarse ante la justicia y dejar de lado el concurso. También hay otro grupo de inversores que aún no tiene decidido que camino tomar y que se están reuniendo a través del mail [email protected]
Mientras tanto el concurso sigue su trámite pero por el momento el contador que asesora al juzgado indicó que falta información fundamental, que deberá aportar la empresa, para aceptar el concurso voluntario. Por otra parte, una acreedora pidió el concurso necesario (implica accionar fruadulento y deriva en retirar a las autoridades de la gestión) pero la jueza le indicó que deberá presentarlo por fuera del expediente ya iniciado.
El camino de las denuncias penales
Hay al menos cinco abogados penalistas, incluidos Alonso y Ghizzo que ya concretaron las denuncias, que tras analizar los contratos que los inversores firmaron con República Ganadera concluyeron que la empresa llevó a cabo maniobras delictivas para captar inversiones y por eso aconsejaron a sus clientes denunciar penalmente.
Según explicaron los representantes de República Ganadera en el escrito por el que pidieron el concurso, básicamente ofrecían dos dos tipos de contratos, uno de capitalización y otro de administración de ganado. El primero, que representa el 25% de las inversiones, determina que la empresa recibe fondos de los inversores con el compromiso de destinarlos exclusivamente a la compra y manejo de ganado bovino y/u ovino. A cambio, reciben una rentabilidad fija anual sobre el monto invertido, pagadera en tres cuotas anuales durante la vigencia del contrato,que tiene un plazo inicial de tres años.
Mientras que el contrato de administración de ganado, que representa el 75% de las operaciones, se asemeja a un sistema de 'arriendo' en el que los inversores reciben una rentabilidad anual del 10% a cambio del uso productivo del ganado durante un plazo de tres años. "Este contrato es esencial para mantener la capacidad operativa de República Ganadera", afirmó la empresa ante la Justicia.
Al igual que pasó con el Grupo Larrarte, al revisar los contratos y al realizar averiguaciones ante el sistema de información ganadera, los abogados descubrieron que no se cumplió lo que estipulaban los contratos sobre comprar ganado, por lo que se configuró el esquema Ponzi de estafa piramidal, en la que se le paga a los nuevos inversores con lo que colocan los que se van sumando.
Además, se detectaron en numerosos casos que se falsificaron las firmas de los inversores en las guías de ganado con el objetivo de vender y mover animales sin su consentimiento.
La ampliación de denuncia contra Grupo Larrarte por asociación para delinquir
Esta semana el abogado Juan Pablo Decia presentó una ampliación de denuncia por asociación para delinquir contra el Grupo Larrarte. Decia informó a El Observador que le aportó al fiscal del caso, Alejandro Machado como prueba, contratos de mayo 2024, cuando la empresa ya estaban en cesación de pagos, en los que se siguió captando inversiones.
Concretamente, le entregó a la fiscalía de Delitos Económicos, contratos firmados por el contador Rafael Vinzia en representación de Larrarte por los que captó inversiones de US$ 40.000 y US$ 60.000 a cambio de intereses atractivos al 2028.
Decia dijo que "preocupa que la Fiscalía tiene numerosas pruebas de las maniobras ilícitas y aún no ha formalizado a nadie".
Asimismo apuntó a que en los contratos de República Ganadera percibió el mismo modus operandi y se refiró al caso de un cliente que fue inducido a invertir tres días antes de que la propia empresa presentara el concurso voluntario. "Lo llamaban y lo presionaban todos los días para que hiciera la inversión...hizo la transferencia y a los tres días pidieron el concurso", relató el abogado.
"Claramente este proceder revela mala fe de República Ganadera y un ánimo deliberado de defraudar los intereses y la confianza de los inversores. Toda la mega estructura que tenían montada generaba confianza, elemento típico de la estafa", aseguró.
En el escrito presentado ante la justicia concursal, plantearon que llegaron a un "desbalance financiero insostenible" como consecuencia de la sequía, a lo que se sumó "el escándalo" del Grupo Larrarte que tuvo "un impacto devastador en el sector de inversiones ganaderas, generando una desconfianza generalizada entre inversores y clientes".
"La disminución en los ingresos por inversiones, la no renovación de contratos por parte de los inversores actuales, y las obligaciones de pago previamente asumidas han comprometiendo su capacidad para hacer frente a las obligaciones vencidas y exigibles", afirmó y agregó que luego de haber obtenido ganancias por US$ 2 millones, en 2021 y por US$ 200 mil, en 2022, pasaron a tener pérdidas en 2023 de US$ 4.151.014 y al 30 de junio de este año de US$ 3.236.839.
Aclaración: Esta nota fue modificada porque en su primera versión informaba que la primera denuncia penal contra República Ganadera había sido la presentada el miércoles pasado y en realidad esa fue la tercera denuncia, según información a la accedió El Observador. A los lectores, las disculpas del caso
