El estudio de abogados que presentó la solicitud también pidió que Conexión Ganadera no pueda innovar con el ganado, y un embargo preventivo a sus responsables
Poder Judicial
Leonardo Carreño
Un estudio de abogados presentó a la justicia este lunes una solicitud de concurso necesario de la empresa Conexión Ganadera (CG), confirmó El Observador.
El escrito fue presentado por la abogada Graciana Abelenda en representación de seis inversores afectados por la situación económica de CA, que el pasado miércoles reconoció ante 100 damnificados que tiene un pasivo de US$ 250 millones. Esta situación demuestra, para el estudio, el "estado de insolvencia" de CG que permite solicitar su concurso.
Abelenda detalló a El Observador que el objetivo del concurso es desplazar a las autoridades de la empresa y tutelar los créditos de los damnificados. Además, indicó que "los acreedores temen por la existencia y estado de sus animales, considerando la situación actual de sequía y que su garantía consiste en activos biológicos".
También marcó que constataron "importantes diferencias" entre el ganado comprado por sus clientes y el registrado en la Dirección de Contralor de Semovientes (Dicose), tanto en "cantidades" como en "categorías".
La solicitud llega un día después de que Pablo Carrasco, director de Conexión, dijera a los inversores que propuso ir a un "concurso voluntario", luego de discusiones por un posible acuerdo de reorganización, en una carta a la que accedió El Observador.
"Las oficinas de Conexión Ganadera Ltda. permanecen cerradas -desde diciembre de 2024-, a pesar de que su reapertura estaba prevista para el 23 de enero de 2025 y que -independientemente de las promesas de sus Representantes- la última reunión con sus clientes fue cancelada. Este escenario implica que los clientes carezcan de respuestas a sus interrogantes, así como que resulte inviable solucionar de forma amigable y/o negociar de forma alguna este diferendo", se lee en la solicitud de concurso.
El escrito también solicita el concurso necesario de la empresa Hernandarias XIII, sociedad anónima propietaria del campo de Soriano en el que está el ganado de los inversores afectados. Según se lee en el escrito, existe un "vínculo inescindible" entre CG y esta empresa, ya que Carrasco "ha firmado como representante de ambas razones sociales".
Dentro de las peticiones del grupo de abogados, también se solicitó a la justicia que disponga "la medida de no innovar sobre los animales bajo propiedad de los inversores hasta su efectiva devolución" para "evitar cualquier movimiento que pueda afectarlos".
Además, piden el "embargo preventivo sobre todos los bienes y derechos correspondientes a las referidas empresas, ordenando el libramiento de los oficios correspondientes".
La abogada Abelenda afirmó que el estudio cuenta con más de 100 clientes afectados por la operativa de CG, y en los próximos días ampliarán la demanda a la justicia. También prevén denunciar penalmente a Pablo Carrasco como responsable de la empresa.
Sus clientes se sumarían a los más de 250 inversores que denunciarán penalmente al director de CG esta semana, como informó El Observador. Se trata de personas que invirtieron entre US$ 15.000 y más de US$ 300.000.
Los abogados Ignacio Durán y Juan Pablo Decia, que ya presentaron denuncias a Carrasco la semana pasada y que representan a la mayoría de los nuevos denunciantes, buscan que se dicten a la brevedad medidas cautelares contra el director de Conexión.
"La Fiscalía y el Poder Judicial frente a la situación de público conocimiento deberían tomar medidas en lo inmediato, para evitar que se frustre la investigación de unos de los defalcos más grandes en la historia del Uruguay. La gravedad y la dimensión de la situación así lo determinan", dijo Decia a El Observador el pasado jueves.
Según consta en el escrito presentado este lunes, los clientes que solicitaron el concurso reclaman entre US$ 345.000 y cerca de US$ 410.000, que habían entregado a Conexión para la compra de ganado.
Una inversora reclama por el vencimiento de un bono ganadero de cerca de US$ 90.000, además del no pago de tres contratos de inversión, dos de US$ 120.000 y otro de US$ 80.000, sin contar sus intereses correspondientes-
Otros dos clientes firmaron hace meses contratos de inversión por alrededor de US$ 345.000 y US$ 360.000. Aunque ambos contratos siguen vigentes, uno de ellos "teme por sus ahorros" y la otra no cuenta con ganado registrado en la Dicose, por lo que desconoce "si el dinero fue efectivamente utilizado" para lo que lo invirtió.