La fiscalía de Lavado de Activos venía a buen ritmo indagando la estafa de la segunda empresa de inversiones ganaderas que cayó luego del Grupo Larrarte, que dejó a más de 1.400 damnificados y un pasivo de US$ 95 millones hasta que llegó la respuesta del Ministerio de Educación y Cultura a un recurso del fiscal Enrique Rodriguez y se decidió que el caso volviera a la fiscalía de Delitos Económicos que había pedido abstenerse, a cargo de Alejandro Machado.
En los últimos días de julio, mientras el titular de la Fiscalía estaba de licencia, sus adjuntos, los fiscales Federico Rodríguez y Andrea Graña y la coordinadora técnica Marcia Duarte comenzaron con los interrogatorios en el caso República Ganadera.
El Observador accedió a los primeros interrogatorios en los que los trabajadores -una asistente del director, el encargado de trazabilidad y el capataz de uno de los establecimientos- aseguraron que todas las decisiones las tomaban los directores de la empresa Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, que desde la sequía la empresa entró en una situación complicada de la que no logró recuperarse, pese a lo cual siguieron captando inversores, a los que le decían que habían sorteado muy bien esa etapa.
Una de las primeras en ser citadas fue Lucía Acuña, pareja de Mussio, quien empezó a trabajar en 2019 como “asistente”. La mujer relató que se encargaba de hacer las compras para alimentar y dar vivienda al personal de los establecimientos dónde pastoreaba el ganado de la empresa.
Acuña dijo que “la empresa tuvo un desencadenamiento bastante brutal. Estuvimos complicados desde la época de la seca, nunca se pudo reabrir la empresa, ahí empezó la caída”, afirmó.
“La sequía fue tremenda, hubo estancias en las que tuvimos que llevar bidones” de agua. “Los animales se morían delante de ti ,cuando llegaba el surtido para la gente le daban agua a unos caballos que se estaban muriendo y no eran de Mauro”.
Contó que luego de que “salieron las noticias por todas las redes y la gente le preguntaba”, pero ella “no sabía responder”
“Para Mauro fue catastrófico, se vino a pique, decayó en su salud, sufre mucho”, dijo la pareja.
Ante la pregunta de qué hablaban con su pareja sobre la situación de República Ganadera, afirmó que "ellos venían mal desde la seca pero con lo que pasó en Larrarte reventó todo y se desencadenó en lo que esta pasando hoy", pero aseguró que la empresa "estuviera trabajando podría recomponer" la situación.
"¿Qué significaba venir mal?", preguntó el fiscal. "Se perdieron muchos animales, se gastó mucha más plata, camiones de fardo, ración, había que conseguir changueros para descargar el fardo".
Parte del interrogatorio giró en torno al origen de los animales que son propiedad de la mujer. Ella contó que tenía 40 caballos, 100 vacas y 200 ovejas que estaban en un campo arrendado y dijo que se los regaló su padrino cuando era chica. Los fiscales quisieron saber como mantenía ese ganado siendo que había declarado que su sueldo era de $40.000, ante lo que ella aclaró que Mussio la mantenía y no debía hacerse cargo de gastos, además de que generaba ingresos con la venta de algunos de los animales.
El fiscal Rodríguez le preguntó como podía ser que gastara $60.000 en mantener los animales, como dijo, si ganaba $ 40.000, ante lo que Acuña afirmó: “De mi sueldo no tenía gastos, Mauro me ayudaba. Los gastos de la casa los pagaba todos él. Además vendía los animales. Me quedaba con un sobrante de gastos”. Dijo que los vehículos que usaban tanto ella como su pareja eran alquilados por la empresa.
También declaró Martín Echague, que era el capataz de uno de los establecimientos de Tacuarembó. Dijo que a su entender el ganado que estaba en el campo pertenecía a República Ganadera, que él era el encargado de recibir el ganado que llegaba y lo leía con el lector de trazabilidad y luego le pasaba el reporte a Mussio o al encargado de trazabilidad. El trato laboral era con Mussio, a Jasidakis sólo lo vio tres veces.
"Ante la incertidumbre los escritorios se llevaron diez mil cabezas de ganado"
"Los campos en los que yo andaba entraron animales en 2024 pero por octubre se frenó todo", afirmó Echague. Contó que Mussio les informó que iban a entrar en concurso y "hubo gente que levantó ganado".
Cuando el fiscal le preguntó quiénes eran, respondió que "los escritorios". "Ellos traian sus bastones". Luego dijo que los escritorios que más iban eran Ganadera Norte, Victorica, Zambrano e Indarte.
El encargado de trazabilidad, Rodrigo Pérez, coincidió con esa versión y dio más detalles. "Cuando pasó lo que pasó con República los escritorios se llevaron en el torno a 10.000 animales". Los fiscales no ahondaron en el tema en ese momento.
Luego, en otro momento del interrogatorio, Pérez insistió: "Los escritorios se llevaron 10 mil animales posterior a esto (a noviembre). Cuando yo llegué a Artigas vi colas de camiones que estaban terminando de cargar. Fue en noviembre o diciembre de 2024. Ante la incertidumbre los escritorios decidieron retirar los ganados que estaban en tenencia de los escritorios, disponible para los nuevos inversores".
El encargado de trazabilidad dijo que en su mayoría eran "vacas que estaban pariendo, al punto tal que venían los camiones, cargaban las vacas y no les importaba. Se llevaban las madres con los terneros estando ahí abajo, los terneros quedaban ahí tirados".
Dijo que el último contrato que recuerda se realizó en octubre de 2024. "Me aparecía en la planilla que había para ingresar un inversor por 20 terneros" pero en noviembre vino "la debacle". "El escenario que había al momento en el que se complicó era de terror".
Pérez había trabajado en el Ministerio de Ganadería y se le hizo una investigación aparte por ese tema. Dijo que el origen de los animales para los inversors podía ser de dos fuentes: compras de República Ganadera que quedaban en propiedad de la empresa o compras que realizaba empresa y quedaban en tenencia de un escritorio.
Ejemplificó que si se compraban 200 novillos, Victorica enviaba los novillos a determinado campo de RG. La tenencia la tenía Victorica pero la propiedad no. El inversor en tanto recibía la propiedad de los animales y luego pagaba. Explicó que a los que tenían ganado se les asignaba ganado comprado previamente.
Dijo que si bien no tenía trato con los inversores su trabajo guardaba relación con los que tenían animales por ser el encargado de trazabilidad. Afirmó que durante la sequia se siguieron haciendo compras y se intentó llevar a los animales a los campos de Tacuarembó donde "tenían más posibilidades de comida que los del norte, que estaban arrasados".
Ante una pregunta sobre la rentabilidad del ganado, Pérez dijo que "en un año bueno" podía ser de 6% o 7% (República Ganadera ofrecía más que eso). "Los años que agarró RG en ese período no fueron no buenos ni tampoco normal. No es sólo la perdida del animal que murió, es la consecuencia de ese animal, el gasto en ración de suplementacion, de fardos para el salvataje de animales", dijo. Luego afirmó que esa situación empezó a fines de 2021, todo 2022 y 2023.
Los fiscales le preguntaron cómo explica la ausencia de ganado, ante lo que Pérez respondió que "hubo dos episodios de seca que agravaron la situación y luego, cuando el MGAP hizo una inspección de los campos, hubo una regularización y dio de baja todos loa animales que no encontraba".
Tanto Acuña como Echague y Pérez son defendidos por los abogados Pablo Donnagelo y Eduardo Sasson, defensores de los principales directores de República Ganadera, Jasidakis y Mussio.
