La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) cuestionó este jueves el decreto publicado por el gobierno el pasado 13 de enero que flexibiliza los controles ambientales para los proyectos forestales en suelos ya forestados y asegura que los “técnicos del ministerio no tuvieron ningún tipo de participación”.
“Ante la sorpresiva aparición del Drecreto N° 3/25 publicado el pasado lunes, que flexibiliza las evaluaciones ambientales de los proyectos de plantaciones forestales, Atrama desea expresa que los técnicos del Ministerio de Ambiente no tuvieron ningún tipo de participación en su redacción”, dice el comunicado difundido este jueves.
Para los trabajadores de la cartera el nuevo decreto “implica modificaciones sustanciales al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de las plantaciones forestales, las que además no se inscriben en ninguna de las estrategias no lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera”.
El decreto publicado el 13 de enero introduce cambios a un decreto anterior publicado a fines de 2021, pocos días antes de que el presidente Luis Lacalle Pou vete la ley forestal aprobada a impulso de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
Ese anterior decreto, dice el comunicado de los trabajadores, “constituyó una adecuación necesaria a la evaluación de impacto ambiental de la forestación, impulsada por el entonces ministro Adrián Peña, titular de esta cartera en esta misma administración que hoy da marcha atrás sin fundamentos claros”.
La nueva normativa introduce varios cambios y uno de ellos plantea que las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en suelos ya forestados (sin cambios de uso de suelo) deberán tramitar una Autorización Ambiental Especial y no una Autorización Ambiental Previa como hasta ahora. Esa autorización sale con mayor facilidad y tiene menos exigencias que la AAP.
Además, entre otros cambios, permite a los productores empezar a plantar en suelos ya forestados antes de tener la autorización ambiental (siempre que hayan notificado con 30 días de antelación al Ministerio de Ambiente) a riesgo de que no se la aprueben. Actualmente si hacen eso pueden ser multados.
Los trabajadores llaman a la reflexión y “exhortan” a que está decisión sea revisada.