Durante un fin de semana de un mes de 1985 que no recuerda, un sacerdote de la congregación de los Redentoristas —de paso por esa parroquia— lo invitó a tocar la guitarra a su habitación (en una casa contigua a la parroquia) y abusó sexualmente de él en dos ocasiones. Barrio dice que le informó al párroco, que era como un padre para él, y este hizo la denuncia ante el entonces obispo Pablo Galimberti (actual obispo emérito) pero no supo en qué quedó el tema. Poco después ingresó al seminario menor de Florida y desde allí pasó al seminario mayor Cristo Rey.
Luego siguió su formación en el Camino Neocatecumenal, comunidades familiares que funcionan dentro de las diócesis en coordinación con los obispos, y en 1991 recaló en el seminario Redemptoris Mater de Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde permaneció hasta 1993. Por entonces, la arquidiócesis estaba a cargo del cardenal Theodore McCarrick —expulsado del sacerdocio en 2019 por el papa Francisco tras comprobarse múltiples abusos sexuales a menores y adultos—.
El punto de quiebre ocurrió durante una instancia espiritual interna del seminario (“escrutinio”). Al compartir que había sido abusado en su país natal, las autoridades del instituto comenzaron a interrogarlo. Según su testimonio, Barrios colapsó psicológicamente por el estrés que le generó el episodio: “En determinado momento vi a un hombre que decía: ‘Ahora vas a ver lo que te va a pasar’. Salí corriendo”. Cuenta que lo encontraron desvariando en la localidad de Orange.
Según su relato, que fue publicado por La Diaria hace unos años, el seminario optó por repatriarlo de inmediato. Sedado con pastillas y acompañado por el vicerrector del seminario, fue subido a un vuelo con destino a Montevideo a pesar de contar con una visa de religioso vigente hasta 1995 que asegura le cubría la atención en salud. Al aterrizar, terminó internado en la Colonia Etchepare. Permaneció tres años postrado en una cama, bajo un régimen de once psicofármacos diarios, sin ningún tipo de ayuda económica. Como consecuencia de la angustia que vivió en esos años tuvo dos intentos de autoeliminación.
Rubén Barrios fue víctima de abuso a los 16 años en San José y señala que sufrió abandono cuando lo contó en un seminario de Estados Unidos (la segunda foto es de esa época)
Lo que Barrios viene pidiendo con insistencia, y también escribió en la carta que los obispos le entregarán al papa León, es que la Santa Sede autorice una gestión formal ante el seminario de Newark para acceder a los archivos de su caso, entrevistarse con el actual rector (que es un compañero seminarista de aquellos años) y activar los seguros médicos e indemnizaciones que debieron corresponderle por la vía civil estadounidense.
Desde 2016, cuando Barrios volvió a denunciar su caso ante la CEU, ha estado en contacto con Sturla, quien escribió varias cartas a Estados Unidos pidiendo que reciban al exseminarista. Por un lado, le escribió al obispo de la diocesis de Newark, cardenal Joseph Tobin. Gracias a esa comunicación, Barrios viajó ese año a Estados Unidos y logró que lo recibiera el padre Matias Diaz, en aquel momento el vicerrector, que estaba en Washington DC. Cuenta que le dijo que se olvidara del seminario y que aunque diera vuelta Roma, no iba a saber lo que sucedió.
A pedido de Barrios, en 2021 Sturla volvió a escribir al cardenal Tobin solicitándole una nueva audiencia con el exseminarista uruguayo. El arzobispo de Montevideo mencionaba que lo vivido por Barrios le ha provocado "un profundo dolor, que aún no ha podido superar", a lo que se sumaba a la situación de abuso sexual sufrida en su adolescencia. El cardenal uruguayo consideraba "oportuno" que se accedera la solicitud de Barrios. Esa carta no ha tenido respuesta, dice Barrios.
Ahora, ante el pedido de reunirse con el papa, la CEU le respondió en una carta que ya había sido recibido por diversos obispos y que desestimó el apoyo psicológico ofrecido por la Comisión Nacional de Prevención de Abusos. La carta firmada por Sturla, vicepresidente de la CEU, el presidente Milton Tróccoli (obispo de Maldonado y Rocha) y el secretario general Heriberto Bodeant (obispo de Canelones), afirmaron: “En las actuales circunstancias no consideramos oportuno dar trámite a su solicitud”.
Desde la Iglesia Católica se informó también que a partir de la denuncia realizada en 2016 por Barrios se investigó y se habló con los redentoristas quienes les informaron que el sacerdote denunciado, Reinaldo Gómez, había dejado el ministerio y posteriormente murió. Además, dijeron que la congregación le ofreció una indemnización económica.
Al respecto Barrios dice que le pagaron 25.000 dólares canadienses, puesto que la sede central de esa institución religiosa está en ese país y que de ello tuvo que pagar $100.000 a una abogada. Dijo también que le hicieron firmar un pacto de confidencialidad, algo que el papa Francisco abolió en 2019. Al eliminar el "secreto pontificio” permitía que las indemnizaciones no limitaran la posibilidad de denunciar en la justicia a los implicados.
La postura de León XIV: "Máxima vigilancia" y memoria activa
El papa León XIV ha instalado el tema de la atención a las víctimas en el centro de su pontificado. En su encíclica Magnifica Humanitas, el pontífice trazó una línea tajante al vincular la credibilidad de la Iglesia con la justicia y el cese de la impunidad: “La vigilancia y la transparencia son, ante todo, una grave responsabilidad de la propia Iglesia y no debemos esperar a que otros nos obliguen a afrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos”.
En ese documento doctrinal, León XIV insistió en que frente a las agresiones contra niños y personas vulnerables “debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido”, reconociendo la labor periodística en destapar encubrimientos. Citando a san Agustín, su santo de cabecera como integrante de la orden agustina, recordó que no puede existir una paz verdadera que no provenga de la práctica estricta de la justicia.
El perfil de Robert Prevost no es teórico. Como obispo de Chiclayo y prefecto para los Obispos, fue una pieza clave en desarticular la red delictiva de Luis Fernando Figari en el Sodalicio de Vida Cristiana, facilitando canales directos en Lima para indemnizar a las víctimas.
Como máxima jerarquía de la Iglesia Católica ha tomado el tema como central y también al visitar Francia en setiembre pasado, se reunió en Lourdes con víctimas y exigió a los episcopados "máxima vigilancia" y tolerancia cero.
Qué ha hecho la Iglesia uruguaya: 44 denuncias y pocas condenas
En 2016, a través del informe “Perdón y compromiso”, la Conferencia Episcopal sistematizó por primera vez las denuncias recibidas por medio de una línea telefónica y un mail (095 382 465 y [email protected]), que habilitó para recibir denuncias.
Las cifras oficiales arrojaron 44 denuncias acumuladas a lo largo de un período de 70 años contra 40 clérigos y consagrados; 4 sacerdotes expulsados de su ministerio (ninguno residente hoy en el país) y 20 denunciados ya fallecidos. Sobre nueve casos se iniciaron trámite o investigación interna y siete se archivaron por considerar inocente al acusado.
Fuente: Iglesia Católica vía X
Ninguno de esos 44 casos fue elevado por la curia a los tribunales judiciales. En el documento que la CEU hizo público a modo de balance, el arzobispo Sturla —quien expresó el “dolor y vergüenza” de la institución— fundamentó que los hechos tenían más de una década de antigüedad, estaban prescriptos ante el Código Penal uruguayo o las víctimas ya eran mayores de edad y manifestaron no desear iniciar litigios civiles.
La Justicia sí actuó frente a otros casos que se denunciaron y tuvieron condenas.
En setiembre de 2017, la entonces jueza penal Ana Ruibal procesó con prisión por un delito continuado de atentado violento al pudor, al párroco de la Inmaculada Concepción (Paso de las Duranas). Lo denunció un joven de 23 años, que contó que había sido víctima del sacerdote, de 55 años al ser procesado, varias veces entre los 14 y los 18 años. El imputado, que lo hbaía obligaba a realizarle sexo oral, fue separado del cargo y se fue a vivir a Brasil, de dónde regresó para ser indagado.
En setiembre de 2021 la entonces fiscal de Lavalleja Viviana Maqueira pidió ocho años de condena para el entonces cura de Minas Gustavo Melgar, tras probarse que abusó de dos niñas de 9 y 13 años, caso que se hizo público en 2019 y estuvo preso desde marzo de 2021. En diciembre de 2020 la Iglesia había suspendido al sacerdote. La justicia, que confirmó luego la condena, le imputó reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados actos de abuso sexual y un delito de abuso sexual especialmente agravado.
En 2022, la justicia imputó con prisión preventiva a un religioso de 71 años por delitos de grooming (ciberacoso) contra dos adolescentes, uno de ellos en situación de discapacidad intelectual. También se lo investigó por recibir pornografía infantil, causa que se inició por una denuncia del INAU.
Otro caso que se conoció fue el de Juan José Sant’Anna (conocido como el "padre Juanjo"), un exsacerdote uruguayo acusado de abusar sexualmente de unos 30 niños en un internado católico en Tapacarí, Cochabamba, Bolivia, en 2008. Según reveló una investigación de la periodista Mariangel Solomita de El País, Sant'Anna permaneció oculto durante 17 años en la ciudad de Salto, Uruguay, protegido por su familia, hasta agosto de 2025.
El juez penal Matías Porciúncula resolvió denegar la extradición a Bolivia argumentando que los delitos prescribieron en Uruguay en 2021, a partir de un cálculo matemático de los plazos procesales y la calificación del delito, y desestimó los planteos de la Fiscalía de Delitos Sexuales y de la justicia boliviana sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes. En el plano eclesial, se decretó su dimisión ex officio en el año 2011, retirándole permanentemente el estado clerical tras las graves acusaciones de abuso infantil.
El protocolo que elaboró la CEU establece como prioridad absoluta la escucha, atención, acompañamiento y la minimización de daños a la víctima, así como favorecer su integración y reparación. Determina que se deben tomar acciones preventivas inmediatas para evitar que el hecho se repita, y que las normas eclesiásticas y los protocolos de protección no sustituyen ni excluyen la obligación de acudir a la justicia civil o penal.
Actualmente la Comision de la CEU, integrada por sacerdotes, psicológos y expertos en comunicación, trabaja en el plano preventivo en talleres de formación, diplomados y capacitaciones a miembros de la iglesia.
