"Caiga quien caiga": los casos más sonados de corrupción policial en Uruguay

Este caso es el último de una serie de imputaciones que realizó la Justicia en los últimos meses a policías que mantenían negocios con el narcotráfico o eran partícipes de delitos vinculados al crimen organizado.

Para Larrañaga, la policía "no está siendo corrompida como institución. Hay, como en toda institución grande, situaciones que pueden estar en la línea de la corrupción".

"Lo importante es que la institución tenga mecanismos de autodepuración. Como en el caso de San José, que mereció un operativo de 80 o 90 días. De escuchas, participación de Asuntos Internos del Ministerio del Interior en conjunto con la brigada de Drogas y la intervención de la fiscal Mónica Ferrero que culminó en formalizaciones", agregó.

Larrañaga dijo que "hay que separar a los buenos policías, que son la inmensa mayoría, de los malos policías. Los malos policías son enemigos de la institución policial y del uniforme que portan".

En los últimos cinco años hubo varias investigaciones penales que derivaron en que los funcionarios fueran sometidos a la Justicia.

Coimas

En abril de 2015, la Justicia procesó con prisión a dos policías de la seccional 13ª de Montevideo por concusión (coima) al probar que presionaron ilegítimamente a un abogado para que devolviera US$ 50 mil a una clienta. El profesional también fue enviado a la cárcel por apropiación indebida.

El caso empezó en 2014, cuando una mujer contactó a un abogado para que la acompañara a retirar US$ 50 mil de la casa de sus suegros. El dinero era de su pareja, que había muerto poco antes y que había estado vinculado al tráfico de drogas. El hombre se quedaría con el dinero hasta que ella lo solicitara. Cuando lo requirió, el profesional le dijo que podía entregárselo parcialmente y le dio US$ 15 mil.

El abogado dejó de atender el teléfono y la mujer radicó la denuncia en la seccional. Fue citado a declarar y lo atendieron un cabo y un agente que, sin dar cuenta a sus superiores ni al juez al que habían informado de la denuncia, "comienzan a procurar" que el profesional "entregue" el dinero a la denunciante, relata la resolución de procesamiento con prisión, dictada por la exjueza penal Fanny Canessa .

Los policías presionaron al abogado, que era consciente de que se había apropiado de dinero ajeno. El "objetivo final" era que firmara un documento reconociendo una deuda de US$ 50 mil, siendo que al haber pagado US$ 15 mil en realidad debía US$ 35 mil. Según la jueza Canessa, existía un acuerdo entre la denunciante y los agentes, que se quedarían con la diferencia.

Extorsión 

En el mismo mes, tres policías de El Pinar, Canelones, fueron procesados con prisión por un delito de extorsión. Una mujer presentó una denuncia en la seccional 27 de la localidad canaria y detalló que cuatro desconocidos se presentaron en la puerta de su casa exigiendo el pago de US$ 10.000. Los hombres le dijeron que si no entregaba el dinero en el plazo de dos horas la incriminarían en un "tema de drogas".

Los policías procesados pertenecían a la Jefatura de Montevideo y eran parte de una organización que se dedicaba a extorsionar a personas sospechosas de estar vinculadas con drogas.

Negocios con presos 

En 2017 dos investigaciones derivaron en policías procesados por hacer negocios con reclusos.

En mayo de ese año, la exdirectora de la cárcel de Paysandú fue procesada con prisión por un delito continuado de abuso innominado de funciones por hacer negocios con un recluso de ese penal. La mujer vendía las donaciones que recibía el centro, así como animales propiedad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la producción generada en los distintos emprendimientos desarrollados para la rehabilitación de los internos.

El comprador era un recluso, dueño de un comercio que podía administrar gracias a que gozaba de salidas transitorias que la mujer procesada había habilitado, sin el amparo de la Justicia.

Cinco meses después de este caso, el director y subdirector de la cárcel Piedra de los Indios en Colonia fueron procesados sin prisión por un delito de cohecho, ya que favorecían a un recluso y hacían negocios con él.

Por ejemplo, el recluso construyó en el establecimiento, con permiso de las autoridades, una casa con aire acondicionado y televisión por cable. Además, contaba con salidas transitorias más largas que el resto de los reclusos y acudía a audiencias manejando su propio vehículo junto al director del penal, con quien estaba por instalar un comercio en Carmelo.

Tráfico de armas y drogas

Dos policías de Pando fueron procesados en junio de 2017 por tráfico de armas y cohecho en un caso que derivó en que ocho personas fueran a la cárcel. Uno de los policías fue procesado con prisión por un delito de tráfico interno ilegal de armas de fuego; cohecho calificado y por un delito continuado de faena clandestina.

En tanto, el otro efectivo fue procesado por cohecho calificado. La investigación comenzó cuando en Barros Blancos se detuvo a tres personas por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes, porte y tráfico de armas. Luego se estableció una vinculación de los efectivos policiales con la maniobra.

Trama de corrupción en Zona IV

El año pasado una investigación encontró que seis policías de la Zona Operacional IV de la Jefatura de Montevideo estaban envueltos en una trama de corrupción. Fueron imputados en mayo de 2019 por privación de libertad y domicilio, un delito de peculado, extorsión y otro de asociación para delinquir. 

Según la información de la investigación, los efectivos estaban tras la pista de un estafador que había realizado varias maniobras en Montevideo, pero en lugar de trasladar a la fiscalía el resultado de las pesquisas decidieron aprovecharse de la situación.

Detuvieron en Colonia sin orden judicial al presunto delincuente, y lo trasladaron a Montevideo. Una vez en la capital le mostraron las pruebas que tenían en su contra y le ofrecieron un trato. O entregaba parte del dinero que había logrado hacer a través de sus estafas, o sería llevado ante la Justicia, con toda posibilidad de terminar tras las rejas.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en su momento que la investigación podría abrir una caja de Pandora, y que muchos casos investigados por Zona IV –sobre todo de asesinatos, narcotráfico y otros delitos graves– podrían caer en nulidad por recursos presentados por abogados defensores de los policías detenidos.

A la vez, como consecuencia de esto, el Ministerio del Interior relevó a toda la plana mayor de la división policial de la zona oeste de Montevideo.

Corrupción en Artigas

En noviembre de 2019, la Justicia de Artigas imputó al jefe de policía de ese departamento, Hugo Ferreira Martínez, a los subjefes Ruben Darío Suárez y Marcio Severo Occio, así como a otros siete funcionarios policiales, por hechos de corrupción. Además, fue imputada también una escribana que no denunció en su momento las graves irregularidades cometidas por los policías.

El jefe Ferreira era el líder de una trama de corrupción que incluyó contrabando, compras en free shops, obras en su casa realizadas por agentes policiales en horario laboral, pagos de televisión para abonados con dinero público, venta de ganado propiedad de la Jefatura y hasta la apropiación de una panadería.

Tráfico de armas

Hace un mes dos policías fueron condenados por tenencia ilegal de armas en el marco de una investigación de la Dirección General de Información e Inteligencia, por la cual también fueron imputadas otras cinco personas, entre ellas una mujer que fue penada con prisión.

La mujer es indagada en el caso del asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain el 15 de diciembre de 2019, caso investigado por el fiscal Juan Gómez y por el que la Justicia imputó a tres de los principales responsables. Uno de ellos fue Erwin Parentini Flores, uno de los líderes de la barra brava de Peñarol y autor intelectual del homicidio.

Los funcionarios policiales fueron además acusados de concusión, un delito que castiga a los funcionarios públicos "que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera".

Investigación de trata de personas

En el marco de una investigación por trata de personas por las que ya hay cuatro personas imputadas, la Justicia también imputó a dos policías por la omisión de denunciar delitos. 

De las escuchas telefónicas por el caso surgió la información de que la dueña de una whisquería en Guichón –que reclutaba mujeres extranjeras para trabajar– se comunicó con un oficial principal de policía y le comentó que se había peleado con su expareja y le había disparado en la ingle y en el pie. Luego le solicitó información del domicilio de su exmarido.

En tanto, en una nueva llamada, la mujer se comunicó con otro policía al que le preguntó si tenía contactos con Interpol para averiguar si su expareja se encontraba en el país, El funcionario le respondió que averiguaría en Migraciones. A este hombre la dueña del local también le confesó que le disparó a su exmarido.

Fiscalía afirma que "ninguno de los dos funcionarios policiales, por ende funcionarios públicos, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no intervinieron y omitieron formular la denuncia correspondiente", y que ambos tenían una relación "de amistad o personal" con la mujer. Por eso fueron imputados por un delito de omisión de denunciar delitos y se les impusieron medidas limitativas, como la fijación de domicilio y la imposibilidad de abandonar el país.

Corrupción en San José

La Justicia imputó este viernes al jefe de la Brigada Antidrogas de San José por corrupción, luego de una investigación de varios meses de la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero y la división de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. 

Fue acusado de un delito de cohecho calificado y otro delito de narcotráfico, ya que según comprobó la fiscalía recibía “coimas” de “varios miles de dólares”, indicaron a El Observador fuentes del caso. Junto con este funcionario, además, fueron imputadas otras seis personas por delitos de narcotráfico y corrupción.

Además, otros tres funcionarios fueron indagados y el Ministerio del Interior les inició un sumario.

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