Agro > Robo de ganado
¿Cómo fue la maniobra de abigeato en Rocha y por qué fueron acusados los productores?
Luego de haber celebrado un contrato de pastoreo por un importe de US$ 16.200, siendo el plazo del 1° de mayo de 2018 al 31 de octubre del mismo año, un empresario agrícola brasileño -que hace 20 años reside en el país- presentó una denuncia policial el pasado 3 de diciembre tras no poder retirar el ganado de su propiedad del predio rural que pertenecía a la persona con quien había celebrado ese contrato.
El capital eran 300 vacas preñadas, que en su gran mayoría fueron comercializadas por la persona denunciada, que realizó cambios de caravanas del sistema de trazabilidad, colocando a los animales una identificación de su propiedad. Según se desprende de la formalización realizada por la Fiscalía de Chuy, además constan reiterados mensajes por parte del denunciante solicitando poder recuperar el ganado.
Al retirarle el denunciado las caravanas de la empresa denunciante, les colocaba otras de su pertenencia con movimientos de otros animales que no necesariamente tenían las mismas características, para posteriormente venderlos a diferentes productores rurales con la mediación de operadores habilitados por el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que según consta en la formalización, fueron omisos a sus funciones de contralor.
De esta forma, los animales circulaban en la guías de propiedad y tránsito como que eran propiedad del denunciado, mientras la marca del animal establecía que correspondía la denunciante. Tal fueron las irregularidades del proceso, que en una venta se compraron alrededor de 40 vacas, cuando la información que constaba en las caravanas del sistema de trazabilidad apuntaba que eran todos machos.
Según fuentes judiciales consultadas, la responsabilidad de los productores recayó en la falta de certificación de que la información coincidiera en lo físico con lo digital. “Todos los ganados fueron contramarcados por los compradores, sin advertir, que el ganado de la (empresa) denunciante con única marca, no era la marca que lucía en los animales en el sistema”, detalló el fiscal del caso.
En el caso del denunciante la marca es una “Y”, mientras que en la del denunciadoera una “C”. A esto se suma que aunque en sus testimonios los productores rurales sostuvieron conocer que la propiedad está dada por la marca a fuego, alegaron que a partir de la trazabilidad lo que se toma en cuenta es la caravana. Esta situación, justificaron, llevó a que los productores ganaderos adujeran haber sido engañados en su buena fe, posición que el fiscal Leonardo Drugos no consideró pertinente, al entender que no se cumplieron con las obligaciones inherentes a las normas.
“Todo los imputados señalaron que no desconocen que la marca es lo que demuestra la propiedad del ganado. Si lo hubieran desconocido, tampoco la conducta delictiva se vería mitigada, puesto que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y menos en productores e intermediarios con actividad de más de 20 años. Si se compró ganado marcado se debieron leer las caravanas para comprobar la trazabilidad y si así lo hubieran hecho, habrían advertido la grosera diferencia entre los animales adquiridos y la información de las caravanas. Nadie compra vacas preñadas de cuatro años cuyas caravanas indican que son machos de entre 6 y 11 meses", estampó el fiscal en la formalización.
El artículo 13 de la ley de trazabilidad establece que debe cumplirse con las normas relativas al sistema de marcas y se establecen sanciones correspondientes por las infracciones.
La investigación y los acuerdos judiciales
Durante la inspección realizada por la Policía, se encontraron en el campo denunciado 890 partes de caravana y chips de identificación de animales y 47 caravanas sin uso. Además, dentro de un universo de 51 vacas, 5 toros y 39 terneros, 12 de los vacunos contaban con la marca de propiedad de la empresa denunciante y 37 terneros de igual raza que serían parte de los nacimientos.
El denunciado realizó ventas por un total de 485 animales desde el 1° de mayo, que fueron destinados 161 a frigoríficos y 324 a campos de un total de diez ganaderos.
A partir de los últimos días de diciembre y en adelante, la Policía rochense comenzó a realizar diversos operativos en distintos predios rurales recuperando la mayoría de las vacas (unas 270) y alrededor de 200 terneros. Una vaca preñada cotiza hoy en el mercado ganadero a unos US$ 600.
Según fuentes consultadas, las vacas recuperadas perdieron la trazabilidad, por lo que no podrán ser comercializadas para el mercado internacional. Solo pueden ser vendidas para abasto.
En su comparecencia, uno de los operadores declaró que aunque el sistema le otorga las herramientas para corroborar todos los datos ingresados en el certificado “no es responsabilidad del operador hacer uso de ellas”. Dijo que se observa la edad, el sexo, cuando el animal ingresó al sistema de trazabilidad, pero que la operativa la realiza a solicitud de su cliente.
Además aclaró que no controla la marca de los animales y que de la trazabilidad “surge la propiedad”, como así tampoco se corrobora que los datos que surgen de los documentos coincidan con los animales que se van a movilizar.
Sin embargo, un dato que llamó poderosamente la atención a Drugos fue que en un embarque a frigorífico la numeración de las caravanas eran todas correlativas, además de que la lectura arrojaba que se trataba de machos de seis meses, cuando lo embarcado eran vacas de hasta cuatro años. El fiscal sostiene que las declaraciones de dicho operador se contradicen con lo que los especialistas declararon en la Justicia
El fiscal concluyó que hubo una operativa fradulenta en la que a través de consignatarios, operadores de SNIG y productores rurales, con la complicidad ante la falta de controles de una veterinaria que trabajaba para el denunciado en primer término, se incurrió en los delitos de abigeato y de receptación.
Tras la investigación judicial, la Fiscalía dispuso la formalización de 13 personas, diez hombres y tres mujeres. Además de empresarios y consignatarios ganaderos, se indagó también a la algunos operadores del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). Durante la investigación que llevaba adelante la Policía de Rocha durante el mes de diciembre, el dueño del campo a pastoreo se suicidó.
En total, se acusó a 4 operadores, dos conisignatarios de ganado y siete empresarios. Cuatro fueron acusados por delito de abigeato especialmente agravado en calidad de coautores y uno en calidad de cómplice. Otros siete fueron formalizados como presuntos autores penalmente responsables de un delito de "receptación".
Finalmente, ocho de los imputados llegaron a un acuerdo “reparatorio” con la víctima, tras devolver el ganado que era de su propiedad y abonar una cifra similar al 15% del precio de mercado por daños y perjuicios. Esto significó la extinción inmediata del delito por los que se los investigaba. En tanto, los otros cinco realizaron un acuerdo de suspensión condicional, por lo que una vez cumplidas las condiciones acordadas con la fiscalía también se extinguirá el delito. Dos de estos cincos no llegaron a un acuerdo con la víctima, por lo que pueden ser objeto de demanda civil, aunque según pudo saber El Observador uno de los compradores se encuentra negociando con la empresa.
