Los mayores productores de papel higiénico y servilletas en Chile se repartieron el mercado y controlaron el precio de comercialización del papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos desechables durante una década, desde el año 2000 a 2011.
Es un nuevo caso de corrupción que ha indignado a los consumidores chilenos, ya que se han descubierto en los últimos años alzas de precios concentradas en medicamentos y pollos.
"Me parece un hecho de la máxima gravedad", reprochó este jueves la presidenta chilena Michelle Bachelet, que anunció que acelerará el trámite en el Congreso de una nueva ley que sanciona con más dureza estas prácticas.
La operación compromete dos empresas importantes: CMPC Tissue y SCA Chile, que controlan el 90% del mercado del papel higiénico y en conjunto facturan anualmente US$ 400 millones. Ambas compañías fueron denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) "por sostener durante más de 10 años un cártel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel".
"Celebraron y ejecutaron acuerdos que les permitieron mantener operativo este cartel a partir del año 2000 y al menos hasta diciembre de 2011", aseguró la FNE.
Según la denuncia, el cartel se inició en 2000, cuando una nueva marca entró a competir en el mercado, desatando una guerra de precios que perjudicó a las compañías dominantes.
Para no ser descubiertas, las empresas recurrieron a los correos electrónicos genéricos (Hotmail y Gmail), comunicaciones por medio de teléfonos celulares de prepago, reuniones de sus ejecutivos en un cuartel de bomberos y trataron de destruir varias computadoras, arrojándolas a un canal de regadío.
La investigación comenzó de oficio en diciembre del año pasado y tras ella ambas empresas propusieron colaborar, aportando "antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel", dijo la FNE.
Esta colaboración con la justicia llevó a FNE a solicitar al TDLC que eximiera del pago de una multa a CMPC -que fue la primera empresa que se autodenunció- pero impuso una sanción de 15,5 millones de dólares a SCA.
El caso volvió a remecer al mercado chileno, considerado hasta hace poco un modelo de libre mercado, sacudido recientemente por otros sonados episodios de colusión en las farmacias y en la producción de pollos, entre otros.
"La cantidad de abusos y la malas prácticas de los empresarios chilenos está llegando a límites inaceptables", comentó el abogado Hernán Calderón, de la Corporación de Defensa de los Consumidores.
Varios factores han confluido para alentar el desarrollo de estas malas prácticas empresariales en Chile: una escasa regulación y bajas sanciones asociadas al delito de colusión, para el que hoy la justicia no contempla la pena de la cárcel.
"Estas prácticas han depredado a las pequeñas empresas y a la competencia en forma insostenible. Este nuevo caso de colusión impacta directamente al bolsillo de todos los chilenos y lo peor es que no es considerado un delito", lamentó Calderón.
"Este es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país. Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos", indicó la presidenta Bachelet.
"Es una forma de abuso que perjudica a las personas, a la economía y, sobre todo, a la confianza e imagen de nuestro país", agregó la mandataria.
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