El asunto empezó a cocinarse luego de que el hoy presidente José Mujica lanzara una propuesta poco ortodoxa para combatir la adicción a las drogas. “Si un muchacho se pichicatea no puedo hacer nada salvo que la familia decida tratarlo. Yo creo que hay que cambiar el derecho, agarrarlo del forro y meterlo en una colonia (para) sacarle el vicio a prepo”, había dicho Mujica en noviembre de 2008.
Poco más de cuatro años después, el Frente Amplio ya aprobó en el Senado –y busca su sanción definitiva– un proyecto de ley de “internación compulsiva” de los adictos que, según advierten las asociaciones de psiquiatras, puede limitar gravemente las libertades individuales de las personas, generar un caos en la estructura sanitaria del país y, fundamentalmente, echar a andar un tratamiento cuestionable desde el punto de vista terapéutico.
El texto del proyecto frenteamplista habilita a internar en forma compulsiva a un adicto en crisis que pueda ser un peligro para sí mismo o para su entorno. La iniciativa que partió del Poder Ejecutivo planteaba solo la internación forzada de aquellos que fueran encontrados drogados en espacios públicos, pero el Senado llevó esa posibilidad al ámbito privado para que los padres puedan decidir sobre sus hijos. Ahora los diputados están analizando el texto en la comisión de Drogas y Adicciones.
En un documento presentado ante el Parlamento por parte de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y de la Sociedad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (SUPIA), se advierte que la internación compulsiva supone una “restricción a las libertades individuales y conduce hacia la criminalización y judicialización de personas afectadas por el uso de estupefacientes como respuesta a demandas de la sociedad por mayor control represivo de algunos sectores de esa propia sociedad”.
“Nos preocupan las garantías a los derechos humanos de los pacientes y el riesgo de que con un afán de tutela se terminen vulnerando otros derechos”, señalan los médicos.
Además, los psiquiatras se preguntan “¿dónde se van a internar?” los adictos que sean conducidos por la fuerza. “Momentos difíciles estamos viviendo en la salud. La sobrecarga de consultas y la falta de camas para hospitalización psiquiátrica son –entre otras– carencias importantes del sistema que afectan nuestro quehacer cotidiano, que obviamente no dependen de nosotros, y que nos exponen en forma constante a múltiples riesgos. Nos preguntamos en qué condiciones debemos continuar trabajando, sin todas las garantías necesarias para ejercer nuestra profesión”, dice el documento.
En ese sentido, señalan que ya hay lista de espera para aquellos adictos que quieren internarse en forma voluntaria y que “ya existe una judicialización de la medicina que ha demostrado su inoperancia.
“En el ámbito público (ASSE) más del 50% de las camas del Hospital Vilardebó están ocupadas por pacientes judiciales que tienen el mayor promedio de días de internación, dado que su egreso depende de la resolución judicial, que requiere habitualmente de un tiempo prolongado”, señalan los psiquiatras.
Además, los especialistas se hacen varias preguntas: “¿cómo y quién determina en la vía pública que dicha situación signifique un riesgo para sí o para terceros?, ¿qué significa un estado grave de alteración psíquica?, ¿quién lo diagnostica?”.
La propuesta del gobierno establece que la internación compulsiva debe ser habilitada por un juez a pedido de un “consorcio sanitario” que funcionará en la órbita de Presidencia y hará un diagnóstico ante cada denuncia. Se prevé que ese consorcio estará conformado por representantes de varios ministerios, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos.
Sin embargo, a las asociaciones de psiquiatras no les queda claro en qué condiciones “la jefe o el jefe del hogar” podrá resolver la internación de un familiar. “¿Con qué garantías contarán los usuarios? Sabemos que son familias disfuncionales en donde el adicto es un emergente de la misma ¿quiénes deciden el traslado? ¿cómo se realizaría?”, plantean.
Por último, los psiquiatras ponen el énfasis en la ineficacia de un tratamiento hecho a prepo. “Sabemos que la mejor respuesta y adherencia al tratamiento es cuando el paciente lo realiza voluntariamente y las familias se comprometen”.
“La no estigmatización y la inserción social son eje fundamental del abordaje. Destacamos la ineficacia de la internación del adicto si no tiene interés en suspender el consumo y que las internaciones prolongadas no demuestran mayor efectividad para lograr mantener la abstinencia. Por tanto, la internación compulsiva parece una propuesta cuestionable como tratamiento para los adictos”, se asegura en el documento.
Este asunto fue debatido ayer durante el Primer Encuentro Internacional conjunto de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL).l
