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¿Qué diría Charles de Gaulle?
Tras la Segunda Guerra Mundial que devastó a los principales países europeos, con el liderazgo de emblemáticas figuras de Francia, Alemania e Italia, comienzan a darse los primeros pasos hacia lo que hoy se conoce como Unión Europea. El periplo comenzó con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, una enorme señal de que las dos principales potencias de la Europa continental estaban dispuestas a dar definitivamente vuelta la página. De hecho, esos primeros esfuerzos integracionistas pronto llevaron a la firma del Tratado de Roma en 1957, constituyendo la Comunidad Económica Europea (CEE).
Los países fundadores fueron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, con la notoria ausencia de Reino Unido, que no solo no acompañó el proyecto, sino que pocos años después impulsó la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio como alternativa al proyecto europeo. La apuesta británica a dicho bloque fue de corto aliento, ya que en 1961 solicitó formalmente su ingreso a la CEE. A partir de esa fecha comienzan los vetos del presidente francés Charles de Gaulle, el que entendía que Reino Unido debía alcanzar primero un equilibrio en su balanza de pagos, además de resaltar que su sistema jurídico no se ajustaba al acervo comunitario. Lo cierto es, que el político francés, desconfiaba de un Reino Unido muy cercano a los intereses de Estados Unidos y preveía que este país podría ser una piedra en el zapato para el desarrollo del proceso de integración.
La historia posterior es conocida. La dimisión del presidente francés en 1969 habilitó nuevamente el debate para llevar adelante la primera ampliación del bloque, lo que se registró finalmente en 1973, con la incorporación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, pasando a lo que se conoció como la Europa de los nueve. Tal cual como lo había adelantado Charles de Gaulle, la relación de Reino Unido con el bloque no fue fácil, ya que en 1975 los británicos se sometieron a un referéndum para definir si seguían siendo parte de la comunidad. Si bien la opción de permanecer ganó por el 67% de los votos, los británicos solicitaron algunas excepciones. Con la asunción de la conocida como “dama de hierro”, se volvieron a solicitar nuevas condiciones para la continuidad de los británicos en el bloque, en particular referentes a asuntos financieros y agrícolas, además de no aceptar Thatcher la Carta Social Europea.
Más recientemente, cabe recordar que Reino Unido no se incorporó a la zona euro, imponiendo que no sea obligatorio para los miembros la participación en la unión monetaria definida por el Tratado de Maastricht. Además, quedó excluido del Espacio Schengen, puso límites a la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no participa del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y tampoco acompañó el Pacto Fiscal acordado en 2012. En definitiva, se trata de una historia cargada de diferencias, las que fueron ampliándose aún más con la firma del Tratado de Lisboa y los intereses de la Unión Europea de seguir profundizando los vínculos entre sus miembros, además de la apuesta de seguir sumando más Estados socios.
El progresivo desgaste culminó con la realización de un nuevo referéndum en 2016, que en esta oportunidad sí alcanzó los votos necesarios para forzar la retirada de Reino Unido del bloque europeo, proceso que comenzó a denominarse brexit. Tras más de tres años de intensos debates que provocaron una profunda crisis política, finalmente, el 31 de enero de 2020, la salida de Reino Unido de la Unión Europea es una realidad.
Para llegar al histórico acontecimiento, las dos partes debieron sellar un polémico acuerdo que ya fue aprobado por el Parlamento británico y sancionado en ley por la reina Isabell II. Esta misma semana lo aprobó el Parlamento Europeo. Con la firma del presidente del Consejo Europeo, máximo órgano político de la Unión Europea y tras la rúbrica del primer ministro Johnson y de la presidencia de la Comisión Europea, se completarían los aspectos formales que le otorgan plena vigencia.
A partir del 1° de febrero comienza un período de transición que debería culminar como máximo el 31 de diciembre de este año, si bien ya se discute una posible prórroga. El acuerdo aprobado define los puntos más polémicos del divorcio, como es la definición de una frontera flexible entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte para no ir en contra de los acuerdos de paz, los fondos que deberá abonar Reino Unido por abandonar el bloque y las condiciones migratorias en que quedarán los más de 3 millones de europeos que viven en la isla, así como de los británicos que viven en los países de la Unión Europea. Muchos aspectos quedan aún por resolver, como por ejemplo si el comercio entre las partes mantendrá las preferencias arancelarias vigentes y cómo será la regulación en la prestación de servicios, lo que afecta la operativa de miles de empresas que tienen su sede en Londres. Sin conocer aún los términos finales en que se sellará el divorcio, es difícil cuantificar el impacto de la decisión tomada por Reino Unido. De todas formas, la importancia económica de la relación permite imaginar un desenlace. Cabe recordar que se trata de la segunda economía europea, que además tiene a 8 países de la región entre sus 10 principales socios comerciales en bienes, una dependencia que aumenta aún más si se incorpora el comercio de servicios. Los otros dos socios, no europeos, son Estados Unidos y China, dos actores que siguen con atención el proceso del Brexit, del cual pretenden sacar algún rédito comercial, pero especialmente geopolítico.
Más allá de que en la práctica todo seguirá igual durante lo que resta del año 2020, al menos en cuanto a los derechos y compromisos de las dos partes, mientras se negocia el acuerdo definitivo, Reino Unido ya no formará parte de las instituciones europeas, algo que, por cierto, no llamaría la atención de Charlas de Gaulle.
Ignacio Bartesaghi es decano de la facultad de Ciencias Empresariales y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración en la Universidad Católica del Uruguay; doctor en Relaciones Internacionales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
