La suspensión de hace tres semanas fue para buscar otros oferentes, pero no han llegado
Nada ha cambiado desde la mañana del miércoles 12 de setiembre, cuando el gobierno decidió cambiar la fecha de la subasta de los siete aviones Bombardier CRJ900 de la exPluna con el fin de obtener más oferentes que aseguren una mayor participación. Nada de nada.
Según comentaron a El Observador fuentes del gobierno, los presuntos interesados siguen siendo los mismos, quienes se bajaron no volvieron a aparecer, y ningún otro empresario compró los pliegos, visitó los aviones ni llamó para tener información.
“En realidad, lo que pasó en este tiempo es que no pasó nada”, reconoció a El Observador un jerarca del Poder Ejecutivo que sigue de cerca el proceso.
El gobierno quería tener más participación en el remate de los aviones, pero la realidad lo empuja a tener casi todas las esperanzas en lo que pueda ofrecer el gobierno de Venezuela, por medio de la aerolínea de bandera Conviasa. Operadores del país caribeño mantuvieron varias reuniones con el gobierno y trabajadores. Maneja diagramar un esquema de negocios que se sustente con el apoyo de los exempleados de la aerolínea uruguaya. Todo ello contó con el apoyo del senador del Partido Comunista Eduardo Lorier. Se tejieron contactos desde Uruguay y con funcionarios de Venezuela que visitaron el país para intentar avanzar. La embajada de ese país en Montevideo acompañó los contactos, pero en el gobierno, según dijeron a El Observador, sólo existe “esperanza”, ya que desde el pasado miércoles 12 las noticias sobre el interés en la subasta han sido pocas, o prácticamente nulas.
Uno de los principales palos en la rueda son las elecciones en Venezuela del próximo 7 de octubre, que lo tienen al actual presidente Hugo Chávez compitiendo con el opositor Henrique Capriles por una nueva reelección, lo cual condiciona este negocio en Uruguay.
Si la subasta fracasa el próximo lunes, el gobierno aspira a conseguir un apoyo de Venezuela luego de las elecciones, en un escenario de victoria de Chávez. Esta versión llegó incluso al ámbito privado, según pudo saber El Observador.
Cuando el gobierno decidió postergar el remate (que ahora será el próximo lunes 1º de octubre a las 15 horas en las instalaciones de la Asociación Rural del Uruguay en el Prado) quedaban en carrera cuatro de los siete interesados. De los cuatro, solo dos de ellos fueron efectivamente a verlos y comprobar su estado.
Esas cuatro empresas, según pudo saber El Observador son: Conviasa; BQB, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena; el Grupo Macri que conduce el empresario argentino Franco Macri; y una cuarta de origen paraguayo en la que no depositan muchas expectativas.
Se bajaron de la puja BQB, la argentina Sol y un empresario uruguayo que había gestionado la llegada de una inversión de Alemania. También una firma estadounidense que pidió más tiempo.
El diario El País informó ayer, en base a fuentes cercanas a Conviasa, que la empresa estatal venezolana no se presentará en el remate del próximo lunes. Por su parte, el semanario Búsqueda informó que el gobierno espera una pulseada el lunes en la subasta.
Así las cosas, en el remate pueden pasar tres cosas: que Conviasa compre los aviones y forme una empresa de bandera uruguaya; que el empresario Macri se decida a invertir, pero, a la vez, pueda sortear las restricciones de la impositiva de su país para sacar dinero; o que la subasta fracase y el escenario se abra con una competencia entre López Mena, que está dispuesto a pagar por los aviones mucho menos de lo que se establece como base en el remate, o que Conviasa ofrezca una salida.
Ayer, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo a radio Montecarlo que la subasta “constituirá un hito muy importante camino a la recuperación de una nueva aerolínea de bandera uruguaya”.
El remate al alza comenzará el lunes a las 15 horas con una base de US$ 136.885.156. En caso de declararse desierta, en el mismo lugar, una hora después, se realiza una segunda subasta a la baja, que tendrá como punto de partida el mismo monto. Allí el rematador (Mario Stefanoli, presidente de la asociación que agrupa a esos profesionales) descenderá a razón de US$ 100.000, hasta llegar a un mínimo de US$ 100 millones. En esta segunda subasta se queda con los siete aviones Bombardier CRJ900 el primero que oferte.
El remate será público, abierto, presencial y a viva voz. Cualquiera puede participar, siempre y cuando antes haya entregado una garantía de mantenimiento de su oferta por US$ 13.688.516, expedido por cualquier entidad financiera de Uruguay que esté bajo el control del Banco Central.
Con el dinero, el gobierno aspira a cancelar la deuda con el The Bank of Nova Scotia, a quien se le debe por la compra de las aeronaves, y cuya garantía recae sobre el Estado uruguayo. Fuentes del mercado han dicho que los aviones están sobrevalorados. BQB, por ejemplo, transmitió al gobierno que estaría dispuesto a pagar unos US$ 80 millones por los siete aviones, pero nunca los
US$ 136 millones que plantea la base del remate, ni los US$ 100 millones que se establece como mínimo en la segunda subasta a la baja. Pocas horas después de la postergación de la subasta, que fue prevista para el 12 de setiembre, López Mena criticó el proceder del gobierno y dijo que tal como estaba planteado, un narcotraficante podría pujar por las aeronaves.